Bruselas promete una vía exprés para que los países puedan dar ayudas que garanticen el suministro eléctrico

La Comisión Europea ha prometido este jueves a los Estados miembros una vía exprés para que puedan dar ayudas a los generadores de electricidad por garantizar el suministro cuando las tecnologías renovables no sean suficientes para abastecer la demanda. Los conocidos como mecanismos de capacidad son una pieza clave para un futuro sistema eléctrico completamente renovable, pero su adopción actual puede llegar a tardar hasta 10 años. Bruselas pretender acortar ese plazo a un máximo de dos meses.

"Siempre que (los Estados miembros) cumplan ciertos criterios de precualificación, he prometido que vamos a acortar de un modo significativo los procedimientos para adoptar mecanismos de capacidad. Y en un futuro muy cercano tardarán de seis a ocho semanas. Es necesario para que los Estados miembros garanticen que hay seguridad en el suministro del mercado eléctrico", ha afirmado la actual comisaria de Energía, Kadri Simson, al término del último Consejo de Energía que se celebrará antes de las elecciones europeas.

La promesa de Simson ha coincidido con la celebración del 50ª aniversario de la reunión anual de la patronal gasista española, Sedigas, en la que se volvió a reclamar la "urgencia" por desarrollar esta herramienta cuanto antes. Los ciclos combinados -centrales eléctricas que queman gas- se han convertido en una suerte de salvavidas del sistema eléctrico español al ponerse en marcha cuando el consumo de energía se dispara o cuando falta recurso renovable, algo cada vez más habitual con el crecimiento de la energía solar y eólica.

Las empresas gasistas se quejan de que ese funcionamiento intermitente implica unos costes de operación y mantenimiento altos, mientras que su retribución es baja porque está vinculada a la producción de energía, limitada a periodos pequeños. Y por eso reclaman recibir dinero por el simple hecho de estar disponibles para cuando sea necesaria su puesta en marcha y garantizar, así, que no hay peligro de apagón eléctrico.

"Es una medida urgente y necesaria para la flexibilidad del sistema eléctrico. Los ciclos combinados son imprescindibles. Ahora funcionan con ciclos de arranque y parada en el mismo día. Para garantizar su viabilidad técnica y económica es necesario avanzar en la propuesta de tener un mercado de capacidad acorde con la Comisión Europea", ha afirmado el presidente de la patronal, Joan Batalla.

Los mercados de capacidad no sirven solo para el caso de las centrales de gas, sino que pueden ser útiles para cualquier tecnología gestionable, como el bombeo hidroeléctrico o las baterías.

Este tipo de servicios existen en la regulación europea actual como una herramienta de último recurso, que además necesita la autorización de la Comisión Europea como ayuda de Estado, lo que ralentiza mucho el procedimiento (el Gobierno español y algunas fuentes apuntan a unos 10 años de duración). La reciente reforma del diseño del mercado eléctrico incorporó la posibilidad de hacerlos "más estructurales" y simplificar el proceso para su aprobación, algo que ahora la Comisión Europea ha cuantificado con ese máximo de dos meses.

Hoja de ruta

Pero el cambio normativo no será inmediato, sino que podría tardar alrededor de un año, según se desprende de la hoja de ruta de la Comisión Europea, enviada el viernes pasado a los Estados miembros y a la que ha tenido acceso este medio. El Ejecutivo comunitario se dará de margen "hasta finales de año" para realizar un informe sobre los trámites actuales, en el que analizará el método con el que se determina el riesgo de suministro, el diseño de este tipo de mecanismos (basado en el reglamento sobre electricidad 2019/943) y las directrices sobre ayudas estatales.

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Una vez presentado ese informe, la Comisión Europea lanzará su propuesta para agilizar la adopción de mecanismos de capacidad. Ahí definirá cómo será ese procedimiento "acelerado", que estará "sujeto a ciertas características de diseño", como ha avanzado Simson. Pero el trabajo no será solo de la Comisión, sino que el Ejecutivo comunitario que resulte de las elecciones del próximo fin de semana pedirá opinión a los distintos Estados miembros.

Además, Bruselas también planteará en su propuesta revisar la fórmula con la que se determina actualmente que un país tiene peligro de apagón. En este caso, sea cual sea el método elegido, tardará en implementarse entre 4 y 9 meses y para su diseño se consultará a los Estados miembros, pero también a las partes interesadas (operadores del sistema eléctrico y autoridades reguladoras nacionales, en el caso español serían Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).