El Gobierno podrá endurecer las condiciones de la compra del Sabadell para empujar al BBVA a desistir

El Gobierno lleva desde el primer momento advirtiendo de su "rechazo" a la opa hostil que el BBVA ha lanzado sobre el Sabadell, por más que el banco de origen vasco se muestre confiado en que el Ejecutivo termine por "apreciar las bondades" de la operación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viene destacando que su departamento tiene la "última palabra" para, si los accionistas del banco catalán aceptan la oferta, vetar la fusión posterior entre ambas entidades, lo que dificultaría al BBVA obtener los beneficios económicos que justifican la compra. Sin embargo, el Gobierno tiene otra palanca previa para entorpecer la operación y tratar de empujar al BBVA a desistir de la misma. El Consejo de Ministros tiene la potestad de endurecer las condiciones que puede imponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la concentración entre ambos bancos.

La autoridad española de competencia, así, puede autorizar la operación limpiamente, subordinarla al cumplimiento de determinados compromisos o condiciones, o prohibirla. La CNMC ya aprobó la absorción de Bankia por CaixaBank en 2021, que dio lugar a una entidad más grande que la unión BBVA-Sabadell, con algunos compromisos por parte de la nueva entidad para evitar los efectos indeseados en ciertos territorios y segmentos de negocio. Aunque el mercado bancario está más concentrado que entonces, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ya ha dado por supuesto que así sucederá de nuevo: "Visto los precedentes, visto que seríamos el segundo jugador con otro más grande en casi todas las regiones, segmentos y negocios, también el tipo de competencia que hay (por los bancos digitales), creo que los efectos potenciales son moderados".

La Ley de Defensa de la Competencia de 2007, sin embargo, da la potestad al Gobierno de endurecer las posibles condiciones que fije la CNMC a operaciones que concentración que puedan "obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en todo o parte del mercado nacional" (conocidas como de "segunda fase"). Así, establece que el ministro de Economía "podrá elevar la decisión sobre la concentración" tomada por el organismo de competencia al Consejo de Ministros en un plazo de 15 días, siempre que la CNMC la haya prohibido o condicionado (no si le ha dado vía libre sin medidas mitigadoras). El Consejo de Ministros, a su vez, tiene un mes para confirmar la resolución de la CNMC o "autorizar la concentración, con o sin condiciones", motivándolo en "razones de interés general distintas de la defensa de la competencia".

El ministro, asimismo, ha esgrimido que el Gobierno tiene una "visión más amplia" que las autoridades sectoriales que se tienen que pronunciar sobre la operación (como la CNMC o el Banco Central Europeo). "Y en el marco de esa visión más amplia es en el que hemos avanzado nuestro diagnóstico (de rechazo)", ha advertido. Dado ese rechazo, por tanto, es muy posible que el Gobierno utilice su potestad para pronunciarse sobre operaciones de concentración para endurecer las condiciones que podría fijar la CNMC. Podría, así, elevarlas hasta un nivel inasumible para el BBVA con el objetivo de tratar de empujarle a que desista. Eso sí, para ello el organismo de competencia tendrá que llevar la operación a segunda fase y no aprobarla en primera (en la que se da luz verde a "operaciones que no planteen problemas de competencia"). La fusión CaixaBank-Bankia se aprobó en esa primera fase, pero entonces el mercado bancario estaba menos concentrado y la operación contaba con apoyo político.

Razones de interés general

La ley cita varias posibles razones de interés general que puede tener en cuenta el Gobierno, como la defensa y seguridad nacional; la protección de la seguridad o salud públicas; la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; la protección del medio ambiente; la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; y la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial. Eso sí, las cita "en particular", sin excluir otras. Cuerpo, de hecho, viene argumentando su rechazo a la oferta del BBVA en motivos como su efecto en el empleo y en la prestación de servicios financieros, el riesgo potencial para la estabilidad financiera, y su efecto sobre la cohesión territorial y la inclusión financiera en la España rural. 

El ministro, asimismo, ha esgrimido que el Gobierno tiene una "visión más amplia" que las autoridades sectoriales que se tienen que pronunciar sobre la operación (como la CNMC o el Banco Central Europeo). "Y en el marco de esa visión más amplia es en el que hemos avanzado nuestro diagnóstico (de rechazo)", ha advertido. Dado ese rechazo, por tanto, es muy posible que el Gobierno utilice su potestad para pronunciarse sobre operaciones de concentración para endurecer las condiciones que podría fijar la CNMC. Podría, así, elevarlas hasta un nivel inasumible para el BBVA con el objetivo de tratar de empujarle a que desista. De hecho, la mayoría de las veces que los gobiernos han hecho uso de dicha potestad ha sido para endurecer las condiciones, salgo alguna excepción como cuando se suavizaron los requisitos impuestos a la fusión de Antena 3 y La Sexta en 2012.

Posibilidad de desistir

Se trata, por tanto, de una cuestión clave. Máxime cuando el propio BBVA ha condicionado su opa a la "obtención" de la autorización de la CNMC según lo establecido en el artículo 26.1 de la ley de opas de 2007. En virtud de dicho artículo, el banco vasco "podrá desistir de la oferta" si, antes de que acabe el plazo en que los accionistas pueden aceptar la opa, las "autoridades competentes en materia de defensa de competencia" condicionan la concentración con el Sabadell al cumplimiento de algunas condiciones. También si dichas autoridades no se hubieran pronunciado antes de que acabe dicho plazo de aceptación. 

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El tema del plazo es también relevante. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no puede aprobar la opa hasta que el BCE autorice la operación (lo que es probable que haga: es la suma de dos bancos solventes y su misión es velar por la estabilidad financiera). Sin embargo, la CNMV no tiene que esperar a que se pronuncie la CNMC, con lo que cabe la posibilidad de que la opa esté cerrada cuando competencia y el Consejo de Ministros impusieran eventualmente las condiciones. En ese caso, el BBVA tendría que cumplir dichas condiciones, aunque también se le abriría la posibilidad de vender la participación en el Sabadell recién adquirida. 

Además, si decidiese aceptar las condiciones y seguir adelante con la operación, el Ministerio de Economía todavía tendría su segunda carta para torpedear la operación: vetar la fusión por absorción, con lo que dificultaría las sinergias de 850 millones de euros que el BBVA ha esgrimido para justificar financieramente la compra del Sabadell. El panorama, por tanto, está muy abierto. También porque, como ha apuntado la agencia de calificación Fitch al elevar este miércoles la nota de la deuda del Sabadell, existe "incertidumbre sobre la aceptación de los accionistas del Sabadell" a la propia opa en sí (el BBVA ha condicionado la operación a alcanzar el 50,01% del capital).