Trabajo reinicia este jueves las negociaciones para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

El Ministerio de Trabajo se reunirá este jueves a las cuatro y media de la tarde con patronal y sindicatos para reiniciar las negociaciones para la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, volverá a verse las caras con los agentes sociales para hablar de una de las reformas que está llamada a marcar, laboralmente, la legislatura. Y lo hace tres meses después del último encuentro sobre esta materia, el pasado 19 de febrero, en un contexto de especial tensión con los empresarios.

El compromiso electoral del Gobierno de coalición pasa porque este 2024 esté aprobada y en vigor la reducción de la jornada laboral máxima, de las actuales 40 horas semanales a las 38,5 horas. Para, en 2025, seguir rebajando esa cifra hasta las 37,5 horas. Más de la mitad de los asalariados cubiertos por un convenio colectivo se podrán ver afectados por la primera rebaja, mientras que la segunda alcanzaría hasta nueve de cada 10. Un impacto sustancial en las condiciones laborales de la mayoría de trabajadores españoles y que, por primera vez en cuatro décadas, modifica directamente la jornada laboral máxima.

El diálogo social ha ido abordando esta cuestión con discreción y es que el contacto anunciado que tendrá lugar este jueves ha llegado precedido por numerosos contactos informales tanto a tres bandas, como de manera bilateral entre los actores implicados. Patronal y sindicatos han ido negociando por su parte durante estos meses cómo podrían materializar en el día a día de las empresas esa reducción.

No todos los sectores son iguales y no todas las fórmulas pueden encajar igual, ya que la jornada laboral puede reducirse a través de trabajar unos minutos menos al día. O un día menos a la semana cada ciertas semanas. O saliendo un poco antes todos los viernes, entre otras opciones. Trabajo ya cedió el análisis de las potenciales fórmulas de reducción a los agentes sociales y de sus reuniones bilaterales no han trascendido avances hasta la fecha. Si bien fuentes consultadas del diálogo social sí trasladan que las posiciones se van acercando.

Malas relaciones con la CEOE

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado públicamente su intención de cerrar esta norma con el apoyo y consenso de la patronal, si bien también ha amenazado a los empresarios de que si no se suman, legislará unilateralmente solo con el 'sí' de los sindicatos. El punto de inflexión que se ha marcado es "antes del verano". El problema que puede tener aquí la líder de Sumar reside en el Congreso, donde una norma que llegue con el rechazo de los empresarios puede dificultar el apoyo de partidos como el PNV o Junts, claves para una mayoría que permita ganar la votación.

Las relaciones con la CEOE pasan por horas bajas y cercanas a un punto de no retorno durante la legislatura. Los de Antonio Garamendi estallaron hace unos días cuando el Gobierno, aprovechando el real decreto de subsidios por desempleo, aprobó la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales y le abrió la puerta a patronales autonómicas, como Pimec, al Comité Económico y Social (CES). Órgano consultivo del diálogo social hasta ahora monopolizado patronalmente por la CEOE.