Anticorrupción pide que el BBVA se siente en el banquillo por el 'caso Villarejo' en plena opa al Sabadell

Nuevo revés judicial para el BBVA. El fiscal Alejandro Cabaleiro ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la pieza sobre los encargos realizados por el banco vasco al excomisario José Manuel Villarejo, que siente a la entidad en el banquillo de los acusados como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, según un escrito fechado el pasado 17 de mayo al que ha tenido acceso 'activos', el vertical de economía de Prensa Ibérica. Cabe recordar que este documento del fiscal llega en pleno segundo intento del BBVA de lanzar una operación de compra sobre el Banco Sabadell.

Precisamente fueron los problemas judiciales de la entidad vasca contribuyeron a frustrar que en 2020 que el BBVA completase una operación de compra sobre el Sabadell, aunque el principal escollo fue el precio. El escrito del fiscal apunta a que hay indicios suficientes para llevar al banquillo al BBVA. La entidad y algunos de sus ejecutivos podrían ser juzgados, según señala el fiscal del caso. De hecho, el Banco Sabadell encargó durante las negociaciones para su posible fusión con BBVA una auditoría penal al bufete de abogados Cuatrecasas para conocer los riesgos legales que suponía el caso Villarejo. El Sabadell nunca recibió respuestas a las preguntas que planteó en aquel momento al BBVA sobre su situación judicial.

Anticorrupción considera probado que el BBVA, "con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González", contrató en 2002 al excomisario de policía Julio Corrochano, lo que "permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía", entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

Se trata de la operación Trampa, novena pieza separada del caso Villarejo que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad. El fiscal afirma que González contrató "con plena conciencia" a Villarejo para oponerse a la opa de Sacyr contra la entidad.

A mediados de 2019 se acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González, en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco. Anticorrupción incluye entre los que deben sentarse en el banquillo al ex consejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari (el único aún en activos en la entidad); el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano. La fiscalía considera que hay responsabilidad penal por parte del BBVA y que está acreditado que "han fallado los mecanismos de prevención y control de los delitos".

Carlos Torres, señalado

El documento del fiscal señala que el actual presidente del BBVA, Carlos Torres, envió correos electrónicos a ejecutivos a sus órdenes mientras ocupaba un cargo de responsabilidad en la entidad para interesarse por sus negocios. Torres se incorporó al banco en 2008 y fue consejero delegado entre 2015 y 2018 y ha negado en numerosas ocasiones estar implicado en el 'caso Villarejo'. Ni Torres ni el consejero delegado, Onur Genç, están investigados en la causa. Torres ya declaró como testigo el pasado mes de octubre y aseguró que no intervino en modo alguno en la contratación del excomisario Villarejo, cuyos detalles conoció por la prensa.

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Anticorrupción considera que el BBVA, "más allá de la letra de la normativa", lo que la dirección del banco implantó "fue la de la obediencia directa a sus dictados", amparando comportamientos contrarios a cualquier código ético, entre los que se incluyen "indicaciones de Francisco González sobre asuntos personales".

El escrito también apunta a que no sólo las labores de investigación y seguimiento que realizó Cenyt para el banco eran irregulares, sino que la propia contratación de esta empresa no cumplía con los estándares éticos del banco. El juez que investiga los hechos, Manuel García Castellón, no ha dado a conocer si ve indicios de delito suficientes para acercar el juicio oral a la entidad que preside Carlos Torres, pero el fiscal, por el momento, sí que los aprecia.