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Financiación
La actualización de un sistema caducado hace 10 años es una necesidad y tener en cuenta la singularidad de cada autonomía, también, pero no como moneda de cambio
Conferencia de presidentes autonómicos /
El actual sistema de financiación lleva caducado una década. Una crisis, una pandemia y varias guerras después, ha sido imposible pactar su actualización y de forma cíclica aparece en la agenda política como forma de presión o moneda de cambio. En los últimos días, capitalizando las negociaciones sobre la investidura en Cataluña. Al respecto, hay que destacar dos hechos relevantes: primero, que el debate catalán esté centrado (como tantas otras veces en el pasado) en la financiación, lo que supone un cierto regreso a la normalidad; y segundo, la trampa que supone centrarlo en la “singularidad” de Cataluña, como si esta comunidad fuera especial.
En España existen dos modelos de financiación autonómica: el régimen común y el foral. El segundo, que afecta al País Vasco y Navarra, ya supone una excepcionalidad, reconocida además en la Constitución. Pero es que el primero tampoco es uniforme: Canarias posee un régimen económico y fiscal especial por razones históricas y geográficas, y Ceuta y Melilla cuentan con un régimen de fiscalidad indirecta especial. Además, al resto de comunidades autónomas se les aplica variables diversas: población, superficie, dispersión, insularidad, porcentaje de mayores de 65, población de 0 a 16 años… No existe una sola financiación autonómica, sino que cada región es un mundo, con sus especificidades y, por tanto, con sus necesidades.
Noticias relacionadasEl debate sobre la "financiación singular" de Cataluña, aunque haya que aplaudirlo porque mientras se habla de las cosas del comer no se recurre de nuevo al realismo mágico de los independentistas, no deja de ser ficticio, porque en el momento en que se abra ese melón, se tendrá que tener en cuenta las particularidades de todas las regiones. Cataluña tiene policía propia y gestiona las prisiones, pero Balears es un archipiélago, Castilla y León sufre la dispersión de ser la región más extensa, Castilla-La Mancha tiene una población muy envejecida, Galicia batalla con los vaivenes de la pesca, Andalucía con los del turismo…
La actualización del sistema de financiación debería ser una prioridad de los dos grandes partidos, que además gobiernan en España y en la mayoría de autonomías, y alejar su renovación del calendario electoral, y especialmente, de las negociaciones para una investidura. Las autonomías no pueden ser gobernadas en 2024 con parámetros económicos y fiscales del 2014. Y, sobre todo, no puede parecer que se beneficia a unos territorios frente a otros por necesidades electorales. El agravio territorial es muy fácil de exacerbar y un peligro para la convivencia.