Grandes clientes pagan 100 millones de ‘castigo’ por la quiebra de sus eléctricas durante la crisis

Decenas de pequeñas eléctricas desaparecieron durante la crisis energética golpeadas por la subida de los precios de la electricidad. La volatilidad y el caos de precios en los mercados energéticos durante los dos últimos años provocó una sangría en el sector, con la desaparición de comercializadoras de luz independientes sin el músculo financiero suficiente y el el blindaje de las coberturas de precios con que sí cuentan los gigantes del sector o compañías medianas más preparadas.

En 2022, durante lo peor de la crisis energética, 35 pequeñas eléctricas desaparecieron y en 2023 fueron otras 24 comercializadoras más se dieron de baja del registro oficial de compañías, según el listado oficial de comercializadoras de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Ahora la situación de los mercados de la electricidad tiende a normalizarse, y aún así son 16 comercializadoras las que han dejado de operar en lo que va de año. La oferta sigue siendo amplia, no obstante, y actualmente están operativas unas 530 comercializadoras de luz en el mercado español.

La desaparición de una comercializadora tiene consecuencias para sus clientes. Cuando una eléctrica quiebra sus usuarios pasan de manera transitoria a tener un contrato de último recurso con una de las grandes eléctricas que están obligadas a ofrecer la tarifa regulada de luz (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o Totalenergies), según establece la legislación para evitar que se queden sin suministro. Pero lo hacen asumiendo un recargo extra en el pago de las facturas que se ha convertido en unos ingresos millonarios para el sistema eléctrico español.

Recargo millonario

La tarifa regulada de luz, denominada precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), está reservada para los clientes que tengan contratada una potencia por debajo de los 10 kilovatios, esto es, hogares y algunas pequeñas empresas. Muchos de los grandes clientes de las eléctricas que quiebran y que pasan automáticamente a tener contratada PVPC de facto no tienen derecho a acogerse a esa tarifa regulada. Por lo general, se trata de empresas medianas y grandes o de instalaciones públicas con potencias y consumos muy superiores a los de un hogar.

A estos grandes clientes se les ‘castiga’ aplicándoles un recargo en sus facturas mientras están acogidos a la la tarifa último recurso y hasta que contratan con otra compañía del mercado libre acorde a su perfil. El gran número de compañías desaparecidos y los altos precios del mercado eléctrico durante gran parte de la crisis energética ha hecho que estos clientes que se han valido de manera temporal del PVPC sin tener derecho a él hayan pagado más de 94 millones de euros en dos años.

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En 2022, el año más crudo de la crisis y cuando se marcaban picos históricos de precios, el sobrecoste pagado por los grandes clientes afectados por la desaparición de su comercializadora superó los 63 millones de euros. Y el año pasado el importe de compensaciones abonadas rozó los 31,4 millones de euros, según se recoge en el informe provisional de las liquidaciones del sistema eléctrico correspondiente a todo 2023 elaborado por la CNMC, que justifica que se produzca el descenso en esos ingresos extra del sistema “en coherencia con la reducción de precios registrados en el mercado en 2023 respecto a los de 2022”.

Los clientes sin derecho a la tarifa regulada (con una potencia contratada superior a 10 kilovatios) que acaban acogidos al PVPC al quedarse sin compañía no pagan el mismo precio que el resto de usuarios acogidos a este tipo de tarifa, sino que la legislación vigente establece que se les debe aplicar un recargo del 20% en todos los conceptos regulados de su factura de luz. Los clientes pagan ese sobrecoste del 20% sobre los precios habituales del PVPC a su nueva comercializadora regulada. Las comercializadora abona ese importe a la compañía distribuidora (la que gestiona las redes que llegan hasta la puerta del consumidor). Y la distribuidora liquida esas cantidades como ingresos del sistema eléctrico para financiar los costes regulados que pagan el conjunto de los clientes eléctricos.