Tribunales

El juez investiga al fundador de Glovo por un delito contra los trabajadores

La Fiscalía denuncia que la empresa ha hecho caso omiso de sentencias judiciales y requerimientos de la Inspección de Trabajo

Un rider de Glovo circulando por Madrid.

Un rider de Glovo circulando por Madrid. / José Luis Roca

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J. G. Albalat / Gabriel Ubieto

El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ha abierto una investigación contra el fundador y consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre Miquel, a raíz de una denuncia presentada la semana pasada por la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito de contra los derechos de los trabajadores. En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la acusación pública sostiene que esta empresa hizo caso omiso a las diferentes sentencias dictadas por una serie de juzgados de toda España en la que establecía que los repartidores son presuntos falsos autónomos y que la empresa optaba por dicho modelo para ahorrarse dinero a costa de sus 'riders',

Glovo mantiene desde hace años un pulso con el Ministerio de Trabajo en relación a su modelo laboral. Una batalla que hasta ahora ha ido dejando decenas de juicios por los principales tribunales y actas de requerimiento y sanción por parte de la Inspección de Trabajo contra la compañía. La propiedad mayoritaria de la empresa es de la alemana Delivery Hero, si bien la denuncia y la petición de comparecencia en sede judicial, de momento, se restringe a Pierre.

La empresa de reparto acumula, desde que comenzó a operar en 2015, casi 253 millones de euros abonados a la Seguridad Social, entre requerimientos y sanciones. Y es que la Inspección de Trabajo le ha obligado a dar de alta como asalariados a un total de 40.889 repartidores que ejercían como falsos autónomos para la plataforma digital.

Para justificar su denuncia, la Fiscalía cita un total de 18 sentencias, incluyendo el fallo del Tribunal Supremo, contrarias al modelo laboral de Glovo y que prueban que entre la compañía y sus repartidores impera una relación propia de asalariados. Así como siete requerimientos previos, en distintas ciudades, de Inspección de Trabajo.

abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa, lo cual constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social", reza la denuncia.

Pulso entre Glovo y Trabajo

El informe remitido por el Ministerio de Trabajo a Fiscalía relata que la autoridad laboral remite las pruebas al organismo público una vez certifica que Glovo no ha hecho caso a los requerimientos de regularizar a sus repartidores. Según la Fiscalía, Glovo no acreditó en sus respuestas "ninguno" de los extremos solicitados, "limitándose a contestar que la relación inicial que unía a las partes no se mantenía en el momento de procederse al requerimiento".

No obstante, según detalla la denuncia, la Fiscalía hace suyo el argumento más frecuentemente utilizado por los tribunales para justificar la falta de autonomía de los 'riders'. El hecho de "carecer los repartidores de una organización de trabajo propia, al prestar sus servicios dentro de la implementada por la empresa Glovo, la cual dirige y organiza sus trabajos diarios a través de la plataforma digital de obligada utilización, donde se determina la forma y el precio del servicio de recogida y entrega de productos, y se establece un sistema de control del proceso productivo por medio de la gestión algorítmica del servicio".

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Es por ello que, pese a los cambios que ha introducido Glovo durante los últimos años en su aplicación, "la realidad incuestionable" es que los trabajadores "han continuado realizando sus labores de reparto en las mismas condiciones en las que lo venían llevando a término con anterioridad, sin que se les haya reconocido su condición de trabajadores por cuenta ajena". Actualmente, la Inspección ultima una nueva batería de sanciones contra Glovo por seguir operando bajo este modelo laboral en las principales ciudades de España. La propia compañía tiene presupuestados hasta 430 millones de euros para costearlas.

El único denunciado es Oscar Pierre Miquel actual administrador único de la empresa Glovoapp Spain Platform SL, desde julio de 2023. No aparece en el documento judicial el otro fundador y cara visible de Glovo, s, ni ningún otro miembro de la cúpula directiva.