Adiós a las horas extra sin remunerar: nuevo control digitalizado

La nueva medida propuesta por la actual ministra de Trabajo y Economía Social se basa en aprobar una reducción de jornada que pasarían a ser 37,5 horas semanales, sin afectar al salario, a diferencia de las 40 horas que se trabajan actualmente. Basándose en esto, el Gobierno de España quiere acabar con el descontrol de las horas extra sin pagar, por lo que tienen que ejercer una nueva forma de control horario.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo ha afirmado que se hacen seis millones y medios de horas extraordinarias a la semana, de las cuales la mitad no son retribuidas. Desde 2019 se obliga a todas las empresas a registrar la jornada laboral de los trabajadores, por lo que hubo una polémica judicial, donde finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó que todos los estados miembros de la UE tienen que incorporar sistemas que registren adecuadamente las horas trabajadas de los empleados.

Adiós al papel y bienvenida al registro telemático

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán registrar la jornada laboral de sus empleados por medios telemáticos. Ya no se podrá hacer uso de los papeles de registro de entrada y salida para registrar la jornada laboral.

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El secretario de Estado de Trabajo afirmó que con esta propuesta pretende que el registro sea más accesible, fiable y transparente, ya que el papel es una fuente de engaños y manipulación. A su vez, la ministra añadió que este control horario incluirá un seguimiento a tiempo real y que su digitalización permitirá el acceso en cualquier momento a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la base de los datos recogidos.

Multas de hasta 10.000 euros

Si una empresa no controla la jornada de sus empleados y se descubren desviaciones en 30 trabajadores, la empresa recibía, hasta ahora, una única multa. Lo que quiere hacer Yolanda Díaz es multiplicar la incidencia y que las multas se igualen con el número de trabajadores que no cumplen con sus obligaciones. En la propuesta de Trabajo se recoge un aumento de las cuantías de las multas. Las infracciones graves se sancionarán con multas de los 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo; de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio, y de 5.001 a 10.000 euros en su grado máximo.