¿Qué medidas propone el Gobierno para los alquileres de temporada y los turísticos?

El Gobierno se ha propuesto poner sobre la mesa medidas para evitar la picaresca con los alquileres de temporada, que se utilizan como coladero para evitar las obligaciones del propietario en los destinados a vivienda habitual, así como para poner coto a los pisos turísticos, que han desencadenado un fuerte malestar social y problemas de convivencia con los vecinos.

Aunque desde algunos ámbitos se descarta que estos elementos contribuyan a encarecer los alquileres, el Ejecutivo, que aprobó el año pasado una ley de vivienda que incluye el tope de las rentas en las zonas denominadas tensionadas, entiende que la regulación de los arrendamientos distintos a los de la vivienda habitual, que no están sujetos al tope en los alquileres, puede ayudar a contener los precios. Y, a pesar de que una buena parte de las competencias está en manos de los ayuntamientos y comunidades autónomas, plantea medidas que sí que están en su mano.

Una de ellas será reformar la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos tengan realmente la última palabra sobre la ubicación de un piso turístico en la finca. Se trata de que los vecinos y propietarios tengan capacidad de autorizar o de vetar en lo que respecta a la instalación de viviendas turísticas.

Otra iniciativa consiste en crear una plataforma única en la que constarán todos los inmuebles alquilados en modalidad turística, que se alquilan en plataformas como Airbnb o Booking. Esta se espera que esté lista antes de final del próximo año, aunque la directiva europea que obliga a crearla permite hacerlo hasta diciembre de 2026, y que esta incluya, no solo turísticos, sino también pisos en alquiler temporal.

Otra de las iniciativas que ha puesto el ejecutivo sobre la mesa consiste en que el inquilino de un alquiler de temporada tenga que demostrar fehacientemente el motivo de su contrato. Ello se llevará a cabo a través de un real decreto-ley que el Gobierno quiere tener listo después de verano que retocará el artículo 3 de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), que regula los alquileres de uso distinto a la vivienda habitual.

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Los alquileres de temporada, que están por debajo de los 12 meses de duración, a diferencia de los turísticos, tienen siempre que tener una causa. En el caso de un estudiante que tenga que desplazarse desde su lugar de residencia, este deberá justificar la duración del curso. Si se trata de un trabajador desplazado de forma temporal también deberá demostrarlo mediante documentación. Está previsto que la norma incluya la definición de causalidad y qué contratos sí pueden adscribirse a esta modalidad, además de qué condiciones o requerimientos se exigen a este tipo de inmuebles, como el menaje o el mobiliario que deben incluir.

El hecho es que si el alquiler es de temporada no está sujeto a la ley de vivienda, que establece límites a las rentas en las denominadas zonas tensionadas para las residencias habituales, algo que solo Catalunya ha puesto en práctica por ahora a pesar de discrepar con la forma de calcular los límites. De hecho, el Govern aprobó en abril un decreto para regular los alquileres de temporada y por habitaciones para evitar que se convirtieran en un coladero, pero no prosperó en el Parlament por la abstención del PSC y los votos en contra de Junts, Vox, Ciudadanos y el PP.