Alquiler

Todos tenemos 'fichados' a esos compañeros de trabajo que se desplazan con rapidez de un lado a otro de la oficina como si tuvieran algo urgentísimo que hacer. Suele ser al contrario, puro postureo para simular que son los más productivos de la compañía. Pues el Gobierno tiene arranques similares, pero blandiendo el BOE: del "si no quiere solucionar un problema, cree una comisión", hemos pasado al "si quiere que parezca que hace algo, redacté una norma".

Mientras desde el Gobierno siguen anunciando medidas cosméticas para luchar contra el meteórico ascenso del precio de los alquileres, éstos continúan creciendo por encima de los dos dígitos en muchas ciudades. Las últimas medidas anunciadas a bombo y platillo son limitar el alquiler temporal por decreto y reformar la ley de propiedad horizontal para que los vecinos puedan vetar un piso turístico. Lejos de asumir su responsabilidad en solucionar el problema, lo socializa y nos convierte a todos en policías de la vivienda.

Se trata, como lo fue la Ley de Vivienda, de parches que no solucionarán el problema estructural que padecemos: la falta de vivienda de alquiler. Es imposible que estas medidas sean efectivas cuando por cada oferta hay más de un centenar de demandantes, como sucede ya en algunas ciudades. En Barcelona, única de las grandes urbes españoles en las que se aplica la Ley de Vivienda, el alquiler ha subido un 10% sólo en el primer trimestre de este año.

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El desenfreno normativo no parece la mejor solución, como tampoco criminalizar a los dueños de las viviendas, como si todos tuvieran decenas de pisos a su disposición, cuando en España más del 80% son pequeños propietarios que necesitan esa renta para pagar la hipoteca del piso. La vivienda sigue siendo la principal forma de ahorro del español medio, no debemos de perder de vista esta realidad, y apenas un 20% vive de alquiler.

Los expertos tienen claro qué hay que hacer, porque las soluciones mágicas no existen: aumentar la oferta. Lo señalaba uno de los mayores expertos del país, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, en el Foro Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica la semana pasada en Valencia. Hay que construir más vivienda pública -el porcentaje en España es de apenas el 2,5%, muy lejos del 9,3% de la media comunitaria- y también mejorar la seguridad jurídica de los propietarios, no tratarlos como delincuentes potenciales. Medidas sencillas que, sin embargo, parecen imposibles de aplicar: la primera, porque no se puede desplegar en una legislatura y, por tanto, es incompatible con el cortoplacismo al que se han entregado todos los gobiernos y la segunda, porque choca con los prejuicios ideológicos de una parte de los socios del presidente Sánchez.