Los fondos de renovables embargan a España más de 80 millones a través del accionista mayoritario de Aena

España sigue engordando la millonaria cuenta de bienes embargados por todo el mundo procedentes de las reclamaciones por los recortes en renovables. La justicia belga, que el pasado 10 de julio autorizó el embargo de bienes españoles por valor de 32 millones de euros, ha recalculado el importe total a adjudicar al fondo demandante, Blasket Renewable Investments, elevando en más de 50 millones la cuenta final.

De este modo, Bélgica decidió ordenar el embargo de una cuenta de banco del ente público Enaire, accionista mayoritario de Aena. Dicho organismo recibe mes a mes los pagos que realiza Eurocontrol a los distintos países del espacio aéreo europeo para remunerar los servicios de gestión y manejo del tráfico aéreo. No obstante, hace un par de días, Eurocontrol cumplió con la orden de la justicia belga e informó a Blasket que el monto total sujeto al embargo acendía a 83,7 millones de euros, de los cuales casi 80 se corresponden con los pagos pendientes a Enaire por el servicio de gestión y manejo del tráfico aéreo en España durante el pasado mes de junio. 

La orden de embargo seguirá en vigor hasta que se resuelva la situación. Esto significa, por ejemplo, que los pagos de los próximos meses también quedarían bloqueados, a la espera de la resolución de la controversia. Es previsible que otros inversores afectados se sumen a estas acciones, puesto que la justicia belga permite que otros acreedores se sumen a la reclamación y se beneficien de esta medida de protección que busca evitar nuevos impagos. Se estima que anualmente, Enaire recibe 500 millones anulares por parte de Eurocontrol.

El belga se trata de un paso más de los tribunales internacionales en la guerra que libran los fondos que vieron su retribución recortada en energías renovables hace una década por el Gobierno de Zapatero y sobre todo y con más fuerza posteriormente el Ejecutivo de Rajoy. La lucha del Ejecutivo español por revocar los laudos dictados por tribunales como el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial, ha llevado a la activación de complejos procedimientos de ejecución que han resultado en el embargo de diversos bienes y activos propiedad de España. De esta manera, los tribunales británicos ya han reconocido la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, inmueble valorado en unos 6 millones de euros; la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, cuyo valor de mercado se acerca a los 4 millones; el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, la propiedad más grande en Londres, valorada en torno a unos 15 millones; cuatro cuentas bancarias en Reino Unido que suman 800.000 euros y, sobre todo, el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 850 millones de euros aunque el pedido de embargo plantea la intervención de aproximadamente 100 millones.

Además, también podría verse amenazada la filial de Navantia —empresa pública española dedicada a la construcción naval civil y militar— en Australia. El pasado año, la justicia australiana reconocía las deudas de España con los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las energías renovables. Como tales obligaciones no están siendo resarcidas por parte del Ejecutivo español, la Corte Suprema del país oceánico abrió la veda para que se embarguen bienes del Reino de España como medida compensatoria. Es aquí donde entra en juego la posibilidad de que la filial australiana de Navantia acabe intervenida por las autoridades australianas.

¿Un pacto con el Gobierno?

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Hay que recordar que los inversores afectados por los recortes a las primas de las energías renovables, el pasado 31 de mayo presentaron una propuesta al Gobierno para resolver los laudos que el Estado español se niega a pagar o intenta anular. La iniciativa, respaldada por varios bufetes internacionales que representan a aproximadamente el 80% de las compañías afectadas, se compromete a poner fin a los laudos si reciben las indemnizaciones pendientes con el compromiso de reinvertir esos fondos en España. En total, correspondientes al total de indemnizaciones de fallos contra España, son 1.562 millones de euros.

En este sentido, fuentes del entorno de los fondos afectados por los recortes en renovables señalan que la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "se niega a negociar una salida satisfactoria" que, añaden, "resultará en nuevos embargos, mantendrá la inseguridad jurídica y perjudicará su trayectoria política en Europa, al quedar identificada con este monumental fiasco que actúa directamente contra la inversión en energías verdes".