Reino Unido embarga el usufructo de Aena en Luton por una deuda de 300 millones por impagos de renovables

En un nuevo capítulo de la prolongada disputa legal derivada de los impagos de las primas a renovables, la justicia británica ha autorizado de manera cautelar el embargo del derecho de usufructo que ostenta Aena sobre el Aeropuerto de Luton en Londres. Esta medida se produce en el contexto de un proceso judicial que busca la ejecución de un laudo arbitral emitido en el caso CIADI, en el cual dos sociedades vinculadas a NextEra demandan al Reino de España.

El comunicado emitido por AENA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detalla que, sin audiencia para el Reino de España y sin participación de AENA, el pasado 11 de julio se dictó una decisión judicial que ordena el embargo provisional (interim charging orders) sobre el 26.01% de las acciones de London Luton Airport Holdings III Limited y sus filiales, así como sobre los terrenos relacionados con el Aeropuerto de Londres Luton.

Este embargo se produce debido a la deuda acumulada por España con varias empresas del sector renovable, la cual asciende a 1.560 millones de euros, a los que se suman 310 millones adicionales en condenas en costas e intereses de demora. La medida compensatoria autorizada por los tribunales británicos responde específicamente al impago de una indemnización de aproximadamente 300 millones de euros a la compañía estadounidense NextEra.

Desconocimiento de AENA

Aunque AENA no es parte directa en el proceso judicial y no había sido notificada de estas medidas cautelares, la justicia británica ha justificado el embargo debido a que AENA está controlada en un 51% por ENAIRE, una empresa pública del Reino de España. Este vínculo ha sido suficiente para que el tribunal considere apropiado embargar el derecho de usufructo sobre las operaciones del aeropuerto de Luton.

En su comunicado, AENA ha subrayado su desconexión con los impagos mencionados y ha asegurado que llevará a cabo las verificaciones pertinentes una vez sea formalmente notificada de la decisión judicial. La compañía ha expresado su intención de defender los intereses de AENA, sus filiales y sus accionistas por los medios legales que correspondan.

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Este embargo no es un hecho aislado. La justicia belga recientemente embargó más de 80 millones de euros a ENAIRE por la misma causa, y anteriormente los tribunales británicos habían ordenado embargos sobre diversos bienes y cuentas bancarias de entidades públicas españolas. Entre estos bienes se incluyen la sede londinense del Instituto Cervantes y propiedades utilizadas por el gobierno autonómico de Cataluña.

La situación ha generado una creciente presión sobre el gobierno español para que resuelva este conflicto. Los acreedores, junto con las empresas afectadas por los impagos de las renovables, han instado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a encontrar una solución negociada que ponga fin a estos litigios. Los afectados advierten que, de mantenerse la situación de impago, las medidas de embargo continuarán en aumento, exacerbando una crisis que ya amenaza con derivar en un default técnico de varios títulos de deuda españoles.