Medioambiente

La OCU señala de nuevo a Ecoembes y pide un nuevo sistema de reciclaje con reembolso

Greenpeace, Facua y la CNMC acusan a la gestora de manipular sus cifras

El 80% de los hogares españoles se declaran recicladores, según un estudio publicado por Ecoembes

El 80% de los hogares españoles se declaran recicladores, según un estudio publicado por Ecoembes

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Ecoembes vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez, señalada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que no está satisfecha con su actual sistema de reciclaje de envases domésticos y que ha aprovechado que se acerca la próxima evaluación del mismo para instar al Ministerio de Transición Ecológica a que lo sustituya por otro. La propuesta de la OCU pasa por implementar un nuevo sistema que incluya el retorno de envases con reembolso, algo que, según la organización, pasará a ser el habitual en la mayoría de los países de la Unión Europea el año que viene.

La OCU sostiene que las tasas de recuperación de los países que incluyen el retorno con reembolso suele superar el 90%. Ecoembes asegura que consigue llegar al 71%, pero la OCU vuelve a ponerlo en duda y asegura que, en 2021, tan solo se reciblaba un 30%. La cifra es parecida a la que da Greenpeace, una organización que mantiene una guerra abierta con Ecoembes desde hace años y que concluye que la tasa real de reciclaje, actualmente, no supera el 36%. Facua, por su parte, también acusó recientemente a Ecoembes de "manipular las cifras de recogida selectiva de botellas".

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Además, la OCU le pide al Gobierno que implemente un sistema de reciclaje lo más homogéneo posible en todo el país, que sea por material en lugar de por uso. Por ejemplo, plásticos en vez de envases. Pide también que los productos incluyan obligatoriamente el logo del contenedor en el que deben ser depositados y que se aumenten los puntos de recogida.

En este sentido, hace menos de un mes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también publicó un análisis nada favorable para Ecoembes. En él planteaba la necesidad de reducir las barreras de entrada a la gestión de residuos, y acabar así con lo que tachó de monopolio. "Favorecer la competencia es esencial para mejorar su funcionamiento", sostenía el organismo.