Rapapolvo de los científicos a 48 horas de que PP y Vox tramiten la ley de regadíos en Doñana: "Es dramático"

El miércoles el Parlamento andaluz votará la proposición de ley impulsada por PP y Vox que prevé ampliar las hectáreas de regadío en el entorno del Parque Natural de Doñana. Una iniciativa que el Gobierno de la nación ha pedido que se retire, con el aviso de que la recurrirá al Tribunal Constitucional, y que desde la Comisión Europea han avisado de que conllevará multas, mostrando su “inquietud” y “estupefacción” al considerar el plan “una violación flagrante” de los avisos ya dados desde Bruselas, con una sentencia judicial firme que pide dejar de explotar el acuífero del Parque.

Este lunes, a apenas 48 horas de que la proposición de ley inicie su recorrido parlamentario, garantizado con los votos del PP y Vox, el Consejo de Participación de Doñana, que reúne a agentes económicos y sociales, participantes de todas las administraciones, junto al director de la Estación Biológica, empresarios, conservacionistas o regantes, ha celebrado una reunión extraordinaria para abordar la situación. Los expertos han dado un nuevo rapapolvo que no hace mella en los promotores de la iniciativa.

El aviso más firme ha venido de su presidente, Miguel Delibes, que ha advertido de que la proposición es “muy negativa” convencido de que “genera tensión” y “alimenta el conflicto” en un momento que ha considerado “dramático”. En esa radiografía ha insistido el director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Eloy Revilla, que ha advertido de que el Parque Nacional está en "estado crítico" y que "más de la mitad de sus lagunas han desaparecido". La actividad científica arroja resultados desoladores, ha agregado, convencido de que no hay que dar más licencias de regadío sino poner orden en la "proliferación descontrolada" de explotaciones agrarias que está esquilmando el acuífero.

"No se toca el acuífero"

El consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, reiteró que “el acuífero no se toca” y recriminó “la falta de interés del Estado” para dar soluciones a los agricultores. El Gobierno andaluz insistió en que analizará caso a caso en una comisión la situación de cada agricultor y negó que vaya a darse una amnistía de ningún procedimiento sancionador. “Hay que dar una solución urgente a un problema que viene de muy lejos sin tocar el acuífero”, señaló. El titular de Medio Ambiente andaluz llamó a dialogar “hasta la extenuación” para dar un mensaje de tranquilidad a la Unión Europea aunque el PP, hasta el momento, se ha reiterado en su iniciativa y no prevé retirarla ni frenarla en el Parlamento.

El texto registrado “para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)”, se tramita por la vía de urgencia, lo que permite acortar justo a la mitad todos los plazos que deben darse en el Parlamento. Las elecciones municipales de mayo condicionan todo el proceso. Por eso el presidente del Consejo de Participación de Doñana habló de “juegos políticos que se parecen al toreo de salón” cuando avisó de que la situación en el Parque es “dramática”. “Los regadíos requieren tomarse las cosas en serio, agarrar el toro por los cuernos, tomar decisiones probablemente impopulares, gastar dinero y trabajar, todo lo contrario de hacer proposiciones de ley que no se pueden cumplir y que no van a ningún lado”, advirtió.

El texto registrado en esta ocasión es mucho más cauteloso que el que llegó en diciembre de 2021 y cuya toma en consideración se votó en febrero de 2022. Ese primero decayó por las elecciones autonómicas. Ahora no se fija un número de hectáreas susceptibles de ser autorizadas como de regadío, en el anterior sí se hablaba de 1.600 hectáreas, aunque la Junta ha estimado que más o menos se regularizarán la mitad. Como novedades, la proposición de ley señala que se habilitará una Oficina Técnica que deberá ver caso a caso cuáles son los terrenos que dejarán de ser forestales para volver a ser agrícolas.

El texto admite que en ningún momento habla de los derechos del agua, puesto que es un mero plan de ordenación territorial, poniendo la pelota en la administración competente, es decir en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno central y es la que debe dar los permisos y autorizaciones de riego. El PP admite que en estos momentos “no hay agua” e incluye también una relación de obras prioritarias que serán ejecutadas con carácter urgente por la Junta de Andalucía. Los regantes tendrán autorización para explotar sus terrenos pero no tendrán el agua ni las licencias para extraerla así que en la práctica el plan no soluciona nada.

Llamada al consenso

Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, consideró que lo que está “en juego es el presente de Doñana” y todos tiene “la responsabilidad de velar por la integridad de un espacio señero que es patrimonio de la humanidad”. “Si no somos capaces de habilitar un gran espacio de consenso estaremos situación a Doñana en una situación irreversible y eso es lo que nos están advirtiendo desde la Comisión Europea”, sostuvo Morán antes de participar en la reunión.

La organización ecologista WWF pidió “la retirada inmediata” del plan y apunto directamente al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a quien consideró el responsable directo de la nueva norma pese a que la tramite el grupo parlamentario del PP. “Se están dando falsas expectativas a regantes que se saltaron la ley entre 2004 y 2014 y a los que ahora se pretende amnistiar”, aseguró su portavoz, Juanjo Carmona.