10.000 menores andaluces en riesgo pero "hay más": El Defensor reclama un registro "detallado" de infancia vulnerable

Menores que no pueden llevar una alimentación completa y adecuada; que no disponen de ropa y calzado en buen estado; que no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Cada año, los servicios sociales atienden en Andalucía más de 10.000 casos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo. Una cifra que podría ser mucho mayor, ya que los registros oficiales sólo alcanzan a los casos más graves.

Es la dura realidad sobre la que el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maetzu, ha puesto el foco en su informe anual de 2023. Una memoria mediante la que informa al Parlamento de las principales actuaciones desarrolladas por la institución a lo largo del año y que este ejercicio pone de relieve la necesidad de aumentar la prevención de las situaciones de riesgo en el ámbito familiar, social y educativo para proteger los derechos de la infancia.

Por encima de todas las recomendaciones, el Defensor reclama el desarrollo de un sistema de información, previsto en la ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que incluye la creación de un Registro de declaraciones de riesgo para la infancia y adolescencia que permita un conocimiento y seguimiento más detallado de la protección de los menores en riesgo.

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Más de 10.000 menores atendidos cada año

El déficit de pediatras, la necesidad de mejorar de las infraestructuras escolares y la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas son otros de los ámbitos que agudizan la situación de vulnerabilidad de muchos menores en Andalucía según un informe que este año incorpora como novedad datos sobre menores de víctimas de violencia de género en Andalucía.

En cada informe anual, la institución dedica un capítulo específico a algún asunto. Este año, el Defensor del Menor aborda las situaciones de riesgo de la infancia y la adolescencia. El organismo aboga por mejorar la prevención y la intervención de estos casos para evitar llegar al último recurso, la separación del menor de su entorno familiar.

Según los datos del informe, cada año los equipos de tratamiento familiar (ETF) atienden a unos 10.000 menores en situación de riesgo. Sin embargo, "esta información resulta incompleta", ya que sólo refleja aquellas situaciones en las que se requieren una intervención específica, pero no el resto de situaciones que no necesitan este grado de intervención y que son abordadas por los servicios sociales de las entidades locales. De estas últimas, subraya el informe, "carecemos de datos que nos permiten un análisis certero y riguroso de esta compleja realidad".

Las administraciones que deben intervenir en estos casos "no siempre se encuentran capacitadas" para hacerlo y para desarrollar las medidas preventivas necesarias. Es la dura conclusión que arroja el informe. Para combatirla, el Defensor apuesta "incrementar el conocimiento de esta realidad" mediante más prevención y más análisis de las situaciones de riesgo. En este sentido, la institución apela a la colaboración de la sociedad civil, de los centros educativos y de las administraciones locales para prevenir las situaciones de riesgo.

Falta de registros oficiales

Explica el informe que la situación de riesgo distingue dos niveles de protección: intervención en el medio familiar (cuando el riesgo no es grave) e intervención de la Entidad Pública (cuando existe riesgo grave). Y que "el trabajo de los profesionales de los servicios sociales se encuentra invisibilizado desde un punto de vista estadístico".

La Defensoría insiste en que se disponen de "escasos datos estadísticos disponibles sobre la infancia en riesgo o sus posibles causas". Para paliar este déficit, la institución ha presentado un documento que pretende servir como "protocolo de detección, valoración e intervención de las situaciones de riesgo" para las entidades locales. El objetivo: disponer de datos para poder analizar la realidad y "diseñar políticas públicas adecuadas" con el fin de evitar la separación del menor de su entorno familiar.

Educación inclusiva

En el ámbito educativo, el informe revela que "gran parte" de la actividad de la Defensoría durante 2023 se centró en analizar conflictos relacionados con la inclusión real del alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas. La Defensoría "demanda la presencia de profesionales de la enfermería en determinados centros educativos". Además, añade el informe, la institución "continúa recibiendo un destacable número de quejas por la escasez o ausencia de profesionales para la debida atención del alumnado con necesidades educativas especiales".

Pero la Administración no parece hacer caso a "las quejas que repetidamente se reciben en la Institución". Según el informe, las demandas recibidas por el Defensor "no parecen reflejar pasos de sustanciales mejoras acordes con los anuncios ofrecidos desde las autoridades educativas".

Instalaciones educativas "obsoletas"

Otro de los temas sobre los que la Defensoría recibió en 2023 numerosas quejas tuvo que ver con el estado de las instalaciones escolares: edificios, sedes, equipamientos e instalaciones generan numerosas reclamaciones por parte de las AMPAS andaluzas. Además, el informe destaca que la institución se interesa "por la adecuación climática de los centros educativos". "Creemos oportuno ratificar la unánime necesidad de transformar y adaptar el parque de edificios y sedes educativas conforme a las exigencias climáticas que día a día resultan más acuciantes", desarrolla el informe. Además, la institución señala la necesidad de renovar los centros educativos "debido a la obsolescencia de sus instalaciones o bien por el aumento de la población escolar de la zona".

Carencia de pediatras

En el ámbito sanitario, el informe destaca la "carencia de especialistas en pediatría". Una escasez de pediatras que hace, según el informe, que sean los especialistas en medicina de familia quienes tengan que asumir las competencias profesionales y capacitaciones de los especialistas en pediatría.

Este déficit, apunta el Defensor, es especialmente acuciante en zonas rurales del territorio, si bien también se da en grandes urbes. Así, la institución considera que esta realidad supone "un reflejo de la inequidad y desigualdad en el derecho a la atención sanitaria de los niños y niñas".