El propietario de una villa en Ibiza: "Estábamos dispuestos a pagarle mínimo 3.000 euros a la okupa para que se fuera"

"Nuestra intención era poner sobre la mesa, para empezar a negociar con la okupa, unos 3.000 euros", cuenta el hijo del propietario de una villa de Benirràs, en Ibiza, cuya inquilina, una mujer estadounidense, sigue en la vivienda a pesar de que el contrato expiró hace seis meses. La okupa, además, subalquila las habitaciones de la casa por mil euros al mes cada una, relata por su parte una de las afectadas tras ponerse en contacto con este diario para denunciar el caso.

"Cuando me enteré de que ella no tenía contrato, me fui, tenía miedo y tampoco quería vivir en un sitio de forma ilegal. Moralmente no me parecía bien", continúa esta joven. El hijo del afectado, que prefiere no dar su nombre, cuenta que su padre, ya retirado, adquirió la casa hace años y recientemente ha decidido alquilarla para utilizar el dinero de la renta como pensión.

Ahora, la familia propietaria, que se ha reunido (representada por su abogado) varias veces con la okupa para dialogar con ella, ha ofrecido a la exinquilina dos vías para llegar a un acuerdo. "Una de ellas era pagarle para que se fuera y la otra, renovarle el contrato si quien firmaba era una tercera persona de su entorno con solvencia", explica el hijo del dueño.

La idea era ofrecerle, para empezar a negociar, 3.000 euros pero "si ella hubiera pedido más, 6.000 o 10.000 euros, y si mi padre hubiese estado de acuerdo, también se los hubiéramos dado", asegura.

Aún así, sabe que esa "no hubiera sido una buena solución", aunque la desesperación por la situación, que llevan sufriendo desde hace seis meses, desde que terminase el contrato de la inquilina, no les deja apenas opciones.

"Proteger [legalmente] a inquilinos que están en una situación vulnerable me parece bien, pero estamos hablando de una persona que está realquilando las habitaciones de la casa de manera ilegal, que está estafando a gente", apunta el hombre respecto al largo procedimiento legal que probablemente les espera si no llegan a un acuerdo. Finalmente, la okupa les dijo que, en lugar del dinero, prefería encontrar a una persona que firmara el contrato de alquiler en su nombre para mantenerlo.

"Ella lo que quiere es quedarse, pero yo he estado en contacto con su entorno, y nadie tiene solvencia para pagarle el alquiler de la casa y para que pueda renovar el acuerdo", señala el afectado. Por lo que, de momento, continuarán con la negociación, añade.

Hace unos meses, los propietarios pidieron a varios amigos suyos que comprobasen si en la vivienda continuaba habiendo gente: "Le envíamos una notificación —después de que llevara varios meses sin pagar— indicándole que se tenía que marchar, pero no respondió, por lo que enviamos a unos amigos que viven en Ibiza (nosotros vivimos en Luxemburgo) para que comprobaran si se habían ido o seguían en la casa".

La okupa, sin embargo, al comprobar que estas personas estaban dentro del terreno, contactó con las fuerzas de seguridad de Sant Joan, término municipal en el que se encuentra la villa, que acudieron al domicilio.

A su llegada, la Policía Local y la Guardia Civil detuvieron a estas cuatro personas enviadas por los propietarios por supuestas coacciones graves hacia la inquilina a pesar de que, al ser requerida por el contrato de arrendamiento, no pudo presentar los papeles.

Los cuatro arrestados, acusados de haber intentado sacar violentamente a la inquilina, fueron puestos en libertad tras celebrarse un juicio rápido en el juzgado de guardia. "Ella es una mujer que embauca. Nunca dirías, así a primera vista y hablando con ella, que es una delincuente", afirma la chica a la que estafó la okupa y que contactó con este diario para denunciar públicamente la ilegalidad.

"A mí me pidió ocho meses, 8.000 euros, por adelantado por una de las habitaciones", detalla la antigua inquilina, que durante las semanas posteriores a su marcha de la casa, de donde se fue al darse cuenta de que estaba okupada, estuvo intentando recuperar parte del dinero (6.000 euros correspondientes a los seis meses que ya no iba a alojarse allí), sin éxito.

En su caso, encontró la habitación a través de un grupo de WhatsApp reducido. "A los dos meses de vivir allí me encontré al propietario cerca de la entrada y me dijo que esta mujer llevaba cinco meses con el contrato vencido y sin pagar alquiler", continúa.

Tanto el hijo del dueño como la joven han puesto el caso en manos de abogados y de la Guardia Civil, respectivamente, para echarla de la vivienda. Ambos explican que, además, subarrendar la villa, en la que ahora mismo viven ella y unas cuatro o cinco personas más, lleva "un nivel de vida que no puede pagar, y que no paga". Según la familia propietaria, el año pasado la misma mujer estuvo okupando otra villa en la zona de Siesta, en Santa Eulària. "Era la primera persona a la que mi padre le alquilaba la casa", lamenta el hombre.