El Gobierno pisa el acelerador en la tramitación de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual

Después de casi dos años de impasse determinado por la coyuntura política, el Gobierno ha decidido retomar y pisar el acelerador en la tramitación de una Ley del Cine y de la Cultura Ausiovisual muy esperada por el sector. A propuesta de los ministros de Cultura, Ernest Urtasun, y de Transición Digital, José Luis Escrivá, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de Ley, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia. El objetivo es que la norma esté aprobada antes de que finalice 2024. Se cumplirían así los objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se incluía la reforma. El texto aprobado es el mismo que ya fue validado en diciembre de 2022, pero que más tarde quedó aparcado al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones de generales. El Consejo de Ministros cree necesaria su aprobación y entrada en vigor con la mayor celeridad posible, para que se puedan garantizar la sostenibilidad y la adecuación del sector de la cinematografía y la cultura audiovisual antes las grandes transformaciones que está viviendo en la actualidad.

La norma, que se enmarca dentro del Plan España, Hub Audiovisual de Europa, pretende impulsar y fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales; y establece tanto condiciones que favorezcan su creación y promoción, como medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español. Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo estará abierto a las enmiendas que puedan presentar los diputados y grupos de las Cortes.

El objetivo principal de esta nueva norma es fortalecer toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial, con especial atención a los sectores independientes por constituir elementos esenciales de la diversidad cultural. De hecho, la norma mantendrá la definición de productora independiente reclamada por el sector, que ha sido uno de los grandes caballos de batalla durante las conversaciones entre el Gobierno y los diferentes agentes de la industria, porque se considera fundamental para mantener un ecosistema audiovisual rico, diverso y competitivo. Desde el ministerio de Cultura se insiste en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará "mayoritariamente" a productoras independientes. Además, la norma muestra su respaldo a los autores y autoras, y al pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. También pretende impulsar mecanismos que mejoren la competitividad de las empresas y profesionales españoles en el entorno internacional.

Tiene, además, la intención de garantizar la defensa de la competencia en el mercado audiovisual y la transparencia de la información sobre asistencia y visionados de las obras audiovisuales. Y aborda la protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual de una manera más amplia y acorde con la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la preservación digital. Para ello, la normativa se adapta a los profundos avances y transformaciones que ha experimentado el sector desde que entró en vigor la Ley actual en 2007, alineándose con la normativa europea en la materia. En este periodo se han incorporado nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión, propios de un mercado global y de una sociedad caracterizada por la cultura y la economía digital.

En el título de la ley se ha incluido el concepto de ‘cultura audiovisual’ junto al de ‘cine’ al entender que la actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales. Por eso se deja constancia, ya en el título, de la intención de ampliar el campo de acción normativa al audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de que la actividad cinematográfica continúe manteniendo un especial nivel de atención y protección. Como novedad, la Ley considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series.

La enmienda a la totalidad de Vox no impide que la ley del cine siga su trámite en el Congreso

El fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas oficiales distintas del castellano se amplía a las lenguas reconocidas estatutariamente por las CC.AA. Para el reconocimiento de la nacionalidad española se incluyen no solo las lenguas oficiales, sino también por primera vez, estas lenguas, así como las lenguas de signos españolas reconocidas legalmente. Se incluye, adicionalmente, como requisito para obtener la nacionalidad, el respeto a la jurisdicción y a la legislación española en materia de propiedad intelectual.

El proyecto de Ley presta especial atención a la igualdad real entre hombres y mujeres, a través de reservas específicas en las dotaciones de las distintas líneas de ayudas. Por ejemplo, la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres pasa ahora a ser una obligación recogida en la Ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a través de la Filmoteca Española, deberá adoptar iniciativas destinadas a visibilizar la producción y el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español.

La nueva ley no se olvida de las salas de cine, a las que sigue considerando necesario apoyar y proteger: todas las salas cinematográficas podrán acceder a las ayudas a la exhibición, aunque se mantendrá la especial atención a las salas independientes o de núcleos rurales. También se fija una cuota de pantalla, es decir, el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo: pasa de un 25% a un 20%, e incluye, como novedad, cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.

La Filmoteca Española queda declarada en la nueva legislación como un Bien de Interés Cultura (BIC). Otra novedad es la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, que será una nueva herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual. Estará compuesto por representantes de la administración, de asociaciones y organizaciones de los sectores, y vocales de reconocido prestigio, y abordará cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras.

La norma también incluirá la declaración por parte de las prestadoras del servicio de comunicación audiovisual (es decir, las plataformas tipo Netflix) de los datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición, otra medida que venía siendo muy reclamada por los profesionales del sector.