CORRUPCIÓN
La defensa de 'tito Berni' pide a la jueza del 'caso Mediador' investigar las filtraciones
El juzgado acuerda abrir diligencias previas para tratar de detectar el origen de las "continuas publicaciones" en los medios de comunicación
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Prostitutas, alcohol y drogas: las noches de fiesta en el 'Caso Mediador'.
Christian Afonso | @ChrisAfonSan
La defensa del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes -uno de los doce investigados en el marco del caso Mediador- pidió al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife que investigara las filtraciones que se han hecho en relación al procedimiento. La jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres admitió esta solicitud y ha acordado abrir diligencias previas para investigar el posible origen de las "continuas publicaciones" en los medios de comunicación, en un auto que se ha dado a conocer este martes, pero que fue redactado el pasado viernes.
Estas diligencias previas han sido declaradas secretas por la jueza. Según la disposición judicial, los hechos esgrimidos por la defensa de Fuentes, al que los acusados llamaban tito Berni, "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de revelación de secretos por particular", previsto y penado en el artículo 199 del Código Penal. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto, sin éxito, con el letrado Raúl Miranda para que explicara los argumentos que le motivaron a solicitar esta medida.
En el caso Mediador se investiga presuntos sobornos a empresarios de los tres cabecillas de la trama. Son el exdiputado socialista, su sobrino y ex director general de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes, y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa. La red tenía una doble vertiente. Por un lado, extorsionaba a ganaderos e inversores de las islas para que consiguieran subvenciones o se salvaran de inspecciones o sanciones. Por otro, prometía a compañías peninsulares facilitar su entrada en la Zona Especial Canaria (ZEC), con las ventajas fiscales que ello les garantizaba.
14 de febrero
El caso se destapó el pasado 14 de febrero, cuando se procedió a la detención de once de las doce personas investigadas, por el momento, en esta causa. Unos días después, el 20 de febrero, se arrestó a Juan Bernardo Fuentes. No se hizo en un primer momento porque todavía ostentaba el cargo de diputado socialista en el Congreso, por lo que estaba aforado. Pero al presentar su dimisión, la jueza de Tenerife pudo dictar el auto sin tener que pasar por el Supremo.
Lorenzo-Cáceres abre las diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, así como las personas que en ellos han podido intervenir. Una vez practicadas todas las actuaciones necesarias para concretar estos actos, se podrá aplicar el procedimiento judicial pertinente. Por el momento, se desconoce qué filtraciones serán objeto de la instrucción que lleve a cabo la jueza tinerfeña.
Puesta en libertad de Espinosa
La defensa del general retirado Francisco Espinosa, el único de los doce imputados en Mediador que se encuentran en prisión preventiva, solicitó este martes de nuevo al juzgado su puesta en libertad, por entender que es un "cadáver social" sin capacidad alguna para destruir pruebas.
En el escrito dirigido al Juzgado al que tuvo acceso Efe, el abogado de Espinosa volvió a reclamar la libertad para su cliente tras haberse suspendido las declaraciones de los dos testigos que estaban citados el próximo 31 de marzo.
Nuevas comparecencias en el Congreso
Por su parte, el Congreso de los Diputados acogerá este jueves las comparecencias en la Comisión de Interior del secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, y del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, teniente general Arturo Espejo. Ambos hablarán tanto del caso Mediador como del caso Cuarteles, que investiga presuntas adjudicaciones fraudulentas de obras en distintas dependencias del Instituto Armado por todo el país, según recoge Europa Press.
La comparecencia se ha fijado tres días después de las explicaciones ante la misma comisión de la Cámara Baja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que culpó al director de la Guardia Civil con Juan Ignacio Zoido (PP) de paralizar y dar «carpetazo» en 2017 de forma «impresentable» a la investigación de Asuntos Internos en el denominado como caso Cuarteles. Han sido promovidas por el propio Gobierno para informar sobre el estudio interno de esta causa.
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