DIARIO DE IBIZA

Habitaciones realquiladas en Ibiza: el negocio de los inquilinos que especulan

Cuatro propietarios de Ibiza relatan cómo descubrieron que sus inquilinos estaban subarrendando a residentes y turistas, llegando a ganar mucho más dinero que ellos al hacer negocio de manera ilegal

Imagen general de Ibiza.

Imagen general de Ibiza. / TONI ESCOBAR

Toni Escandell

No son pocos quienes ven en la crisis habitacional, que azota especialmente a las Pitiusas, una oportunidad para hacer negocio con la vivienda. Si bien hay propietarios que fijan precios inasumibles para la mayoría de bolsillos de clase trabajadora, lo cierto es que también hay inquilinos que directamente cometen una ilegalidad porque se valen de una propiedad que ni siquiera es suya para hacerse de oro y cobrar cantidades abusivas a los subarrendados. Además, estos últimos, al no contar con un contrato legal, lo tienen mucho más difícil para defenderse ante quien les cobra de forma irregular.

El subarrendamiento de pisos y habitaciones parece una leyenda urbana hasta que le toca a uno mismo, como ejemplifican los siguientes relatos de propietarios. Los precios por los que alquilaban sus viviendas se mueven entre los 450 y los 1.000 euros al mes, cifras claramente por debajo del mercado de la isla de Ibiza. Sin embargo, esto no sirvió para evitar que les entrasen a vivir muchas más personas de las que contemplaba el contrato o incluso que el arrendatario se dedicase al alquiler vacacional. Es lo que le ocurrió al dueño de un piso situado a pocas calles del puerto de Ibiza. Se lo alquiló a un matrimonio por 600 euros al mes. O eso pensaba él. El inmueble era de unos 50 metros cuadrados y contaba con dos habitaciones, más «un comedor que podía estar preparado también como dormitorio», un baño y un balcón exterior. El contrato, como de costumbre, dejaba bien claro que no se podía subarrendar, pero de poco sirvió. «El inquilino pagaba puntualmente cada mes y yo no sabía nada de lo que estaba haciendo, hasta que me encontré el piso en tres o cuatro portales de alquiler. Lo ofrecía por días, era para turistas. Mis abogados enviaron un burofax que le pedía a quien supuestamente había alquilado el piso para él y su mujer que dejase de llevar a cabo esa actividad y que devolviese las llaves», relata. No hizo falta pedírselo dos veces, lo que demuestra que el arrendatario oficial evidentemente era consciente de que lo que estaba haciendo era ilegal.

¿Y qué precios pedía el inquilino oficial? El propietario no recuerda las cifras exactas, ya que aquello ocurrió hace «cuatro o cinco años». «Diría que cobraba unos 300 euros por día. Es evidente que realquilando no solo se pagaba el alquiler, sino que ganaba dinero. No creo que estuviese lleno siempre, todo sea dicho. Él tenía el piso para esto, pero tampoco estaba siempre ocupado; desconozco cuántas veces lo alquilaba cada semana y la cantidad de turistas que pasaban por allí», añade el dueño. En el apartado de opinión de aquellos portales de alquileres —ironías de la vida—, los clientes hablaban de la «buena atención»: «Todo perfecto», decían. «Yo, sin saberlo, me la estuve jugando, porque el Consell, el Ayuntamiento, o quien fuese que se encargase de esto, llega a detectar esta vivienda como piso turístico y me meten una multa de 30.000 o 40.000 euros», destaca la víctima.

«Esta persona, como me había dicho que el piso no estaba en condiciones, me propuso que para alquilarlo yo no le cobrase y que él a cambio haría una pequeña reforma. Y que cuando esto quedase compensado, comenzaría a pagarme. Yo lo acepté y él hizo una pequeña reforma de entre 4.000 y 6.000 euros, ahora no recuerdo la cantidad exacta. Cuando pasaron siete u ocho meses, la obra ya se le había compensado y comenzó a pagarme las mensualidades», explica este propietario. Un gesto que sirvió para depositar aún más confianzas en el arrendatario, que sin embargo se valió de aquella reforma de mínimos (en la cocina y el baño) para comercializarlo ilegalmente a turistas.

Al parecer él y su mujer no llegaron nunca a vivir en el piso, tal y como ve ahora claramente el casero: «Cuando ya tenía acabada la reforma, estuvimos hablando con él y lo lógico hubiera sido que nos enseñase cómo había quedado, pero me dijo que su mujer no estaba y que él en ese momento no tenía las llaves».

En un piso muy cercano al Mercat Nou llegaron a vivir más de 12 personas, calcula la propietaria. Se realquilaban las habitaciones (había cuatro en total) y del comedor se ‘hicieron’ otras dos dividiendo la sala con un mueble grande que hacía de pared, por llamarlo de alguna manera. «Yo se lo alquilé a una persona que me parecía que era de mi confianza. En teoría era para ella, su hija y un matrimonio, con quienes me dijo que iba a compartir el alquiler. El piso tenía cuatro habitaciones y dos baños y era de 145 metros cuadrados en total, así que sobraba sitio», explica la propietaria. La vecina de arriba le dio el primer aviso: «Me contó que había jaleo en la escalera, con gente para arriba y para abajo. Había mucha gente metida ahí». La confirmación de lo que estaba sucediendo vino después: «Un día una amiga mía fue a un locutorio y vio la habitación que había sido de mi madre en una foto que decía: ‘Se alquila habitación: 800 euros’». La dueña, por todo el piso, les cobraba 1.000 euros.

«Posteriormente, una chica de las que había estado viviendo allí realquilada, entró a trabajar por casualidad en la cocina de un amigo mío que tenía un restaurante. Le comentó que se había cambiado de piso porque la dueña [la falsa propietaria] era muy exigente y les controlaba mucho. Le contó que vivía en el comedor», relata. Le dijo el nombre de la calle y el número, por lo que aquel hombre se dio cuenta de que estaba hablando de la vivienda de su amiga.

A la inquilina oficial al principio le cobraba 800 euros. Estuvo años con ese precio. Pero esto no evitó que el inmueble se llenase de gente y era mucho más el dinero que se sacaba la arrendataria que la arrendadora. «Las habitaciones de matrimonio las alquilaba a 800 euros; las otras, no lo sé. ¡Ese sueldo lo quiero yo!», ironiza la víctima.

La vivienda contaba con dos habitaciones de 25 metros cuadrados y otras dos de menor tamaño. A todo ello hay que sumarle que del comedor la inquilina sacó otras dos habitaciones. «Por lo menos había dos personas en cada una (...) Esperé a que venciera el contrato, le mandé un burofax y entregó la llave. Fue muy educada y me devolvió el piso. Ella era consciente...». Al menos tuvo el detalle de entregar el inmueble sin desperfectos.

Esta propietaria, como todos los entrevistados, no llegó a poner denuncia, primero porque los infractores saben que lo que hacen es ilegal y no ponen resistencia cuando se les dice que tendrán que irse (al menos en los casos recabados por este diario), y segundo porque cuando uno consigue deshacerse de este problema, normalmente evita perder aún más fuerzas en afrontar un proceso judicial. «Quería que se marchase y ya está».

Otra propietaria, en este caso del municipio de Sant Josep, supo que su inquilino alquilaba el piso por días (concretamente, por 40 euros la noche, según llegó a escuchar por el barrio). La dueña real le pedía 450 euros al mes. «Me enteré del subarriendo porque el inquilino del inquilino fue diciendo por ahí que le querían subir mucho el alquiler y que a ver si alguien tenía algo más barato. Al parecer, según iba contando por ahí esta persona, este hombre [el arrendatario oficial] quería pasar a cobrarle 2.000 euros al mes», cuenta.

El subarrendado era un «semiresidente» en la isla. Venía mucho: «A lo mejor una vez se quedaba un mes, en otra ocasión 15 días... Pero claro, es que yo no le había dado permiso a nadie para alquilar y le estaba cobrando un precio más que razonable. El inquilino oficial se fue a vivir a otra vivienda. En vez de decirme que se iba, se puso a alquilar mi piso. Escuché, aunque no sé si es cierto, que le cobraba 40 euros por día. Y si se pasaba allí un mes, calcula la cifra total. Era un negocio redondo».

En principio aquel piso debía ser solo para el inquilino oficial: era de 40 metros cuadrados más una terraza de unos 30. Un «loft con un baño y una habitación». «Era un piso nuevo, recién reformado y acabado con primeras calidades; pero estaba semiamueblado y era solo para una persona, así que puse un precio razonable. Y, además, la persona a quien yo se lo alquilé era dueño de un negocio». Cuando le dijo que se fuese, allá por 2018, según recuerda la propietaria, tampoco hubo que insistir. «No me puso ninguna pega. Tampoco me reclamó la fianza, solo faltaría. (...) Es una suerte tener un piso en propiedad para alquilar, pero no te pueden hacer estas cosas».

Finalmente, otro casero alquiló un piso céntrico, en Vila, por 800 euros al mes más gastos. Tenía tres habitaciones (dos de ellas, de matrimonio), un balcón cerrado, una terraza, un baño grande y otro más pequeño y una amplia cocina. Era un piso grande, de los de antes. Los propietarios tuvieron conocimiento de que la inquilina del contrato estaba subarrendando al menos dos de las habitaciones. Una de ellas la ofrecía por 450 euros (más de la mitad de lo que le pedían a ella por ese piso entero), así que tal vez cobraba el mismo precio por la otra. «Nos lo comunicó una mujer que había vivido allí realquilada. Se ve que debieron tener un problema entre ellas y vino a nosotros a contarnos que estaba viviendo allí». No descartan que se realquilasen otras zonas de la casa, ya que acabaron descubriendo que había mucha gente entrando y saliendo de allí con frecuencia.

A la inquilina oficial le anunciaron que no le iban a renovar el contrato y le dieron un margen de tiempo amplio para que pudiese encontrar otro piso. Cuando se fue (ella tampoco se atrevió a pedir la fianza), los dueños supieron que les había dejado una deuda de más de 800 euros del gas, ya que esta persona no se había preocupado de hacer las lecturas y solo pagaba el mínimo que le cobraba la empresa correspondiente.