La C. Valenciana ya supera las 105.000 viviendas turísticas registradas

El fenómeno de los pisos turísticos sigue avanzando imparable en las principales poblaciones de la Comunitat Valenciana, mientras las distintas administraciones preparan nuevas medidas para tratar de contenerlo y frenar el descontento que esta actividad genera entre muchos residentes. Unas medidas que llegan cuando en el conjunto de la Comunitat Valenciana ya hay algo más de 105.100 viviendas destinadas a esta finalidad y el número de nuevas altas no deja de crecer. 

Así, a fecha del pasado 15 de julio el registro del departamento de Turismo de la Generalitat -donde deben inscribirse obligatoriamente todos los inmuebles que quieran ponerse en el mercado del alquiler vacacional- contabilizaba 72.769 apartamentos inscritos en la provincia de Alicante, lo que representa el 69,2% del total de la Comunitat Valenciana, que ya suma 105.111. En la provincia de Valencia hay un total de 17.677 viviendas y en la de Castelló, 14.663 viviendas turísticas registradas.

Sin embargo, casi más significativo que la propia cifra total es el considerable aumento de las nuevas altas que se ha producido en los últimos años. De esta forma, de los 3.207 nuevos pisos turísticos que se inscribieron en el registro en la provincia de Alicante en 2021 se pasó a 6.016 en 2022, mientras que el año pasado se dieron de alta 9.813 apartamentos y en lo que va de 2024, es decir, hasta mediados de este mes, ya sumaban otros 5.791. Es decir, una media de 30 nuevos pisos turísticos cada día. 

Reforma de la Ley de la Vivienda

En el conjunto de la autonomía se ha pasado de 4.615 altas en 2021 a más de 13.250 durante el año pasado y casi 8.600 en los primeros seis meses 2024. Una aceleración que refleja, por una parte, el traspaso de inmuebles desde el mercado del alquiler tradicional al turístico en busca de mayor rentabilidad -un traspaso espoleado por las limitaciones de rentas de la última reforma de la Ley de Vivienda-, pero también el escaso éxito de las medidas adoptadas hasta la fecha para poner coto a este fenómeno, incluida la última normativa aprobada por el Consell del Botànic, aunque lo cierto es que se trata de una situación que se repite en toda España. 

El creciente descontento de una parte de los residentes y la multiplicación de las protestas en varias autonomías han llevado a que este miércoles el Gobierno concretara el cambio que ya anunció en la Ley de Propiedad Horizontal con el que pretende dar más herramientas para atajar el problema. En concreto, el grupo socialista presentará una enmienda que obligará a que cada una de las nuevas viviendas turísticas que se quieran poner en el mercado deban contar con la autorización expresa de la comunidad de propietarios del edificio, que deberá aprobarlos por una mayoría de tres quintos. 

Además, en el caso de que se detecte un apartamento turístico sin autorización, el presidente de la comunidad podrá instar el cese inmediato de dicha actividad. 

El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendía este miércoles la propuesta como una forma de «empoderar» a los vecinos y un primer paso para «in poniendo un elemento de racionalidad en el auge de este tipo de pisos». Eso sí, Cuerpo también recordaba que en esta materia las competencias están compartidas y que autonomías o ayuntamientos también disponen de sus propios medios para regular esta actividad. 

En cualquier caso, el anuncio fue bien recibido por algunos municipios donde las viviendas turísticas han proliferado en los últimos año, como el de Alicante. Así, su alcalde, Luis Barcala, calificaba de «absolutamente fundamental» este cambio en la Ley de Propiedad Horizontal, que a su juicio dotará de medios a las comunidades de propietarios para defenderse. El primer edil destacaba especialmente el hecho de que, además, la decisión de autorizar o no una vivienda turística en un edificio pueda adoptarse por mayoría, al contrario de lo que supondría su prohibición en estatutos, que en muchas ocasiones es imposible al requerir unanimidad.

Normativa autonómica

Al mismo tiempo que desde el Ejecutivo central se propone este cambio, desde la Generalitat siguen desgranando la nueva ley autonómica que regulará esta modalidad de alojamiento y que el Consell prevé aprobar en su pleno de la próxima semana, según señaló este miércoles la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, en una entrevista en À Punt. 

Una normativa que, según apuntó Montes, además de combatir la economía sumergida también incluye medidas para evitar la sensación de inseguridad que se genera con el trasiego de visitantes alrededor de estos apartamentos -sobre todo cuando se ubican en edificios residenciales-, además de la propia seguridad de los usuarios. Así, una de las novedades será la prohibición de instalar en fachadas y zonas públicas cajetines automáticos para recoger las llaves de los apartamentos. Unos elementos «que suponen una llamada a los cacos, para decirles que aquí hay gente temporal y, por lo tanto, que tienen muchas posibilidades de entrar a robar», según señaló la consellera. A su juicio, estos elementos crean «una imagen de inseguridad», que contribuye al rechazo a este tipo de alojamientos.

Registro de usuarios

Pero, además, la consellera también anunció que se reforzará la obligación de que las viviendas turísticas estén dadas de alta en el régimen de hospederías de Policía Nacional y Guardia Civil, por el que se tiene que comunicar la identidad de todos los mayores de 16 años que se alojen en el establecimiento. Aunque esta obligación ya existe sobre el papel, ahora el Consell lo que hará es que los propietarios deban incluir este alta dentro de la declaración responsable necesaria para regularizar el apartamento, con lo su incumplimiento supondrá un delito, según explican desde el departamento que dirige Nuria Montes. 

En la misma línea, otra novedad es que las viviendas turísticas deberán contar con servicio de recepción. No se trata que haya un espacio físico como tal, pero sí que siempre haya una persona disponible para atender a los usuarios y que, además, en línea con lo anterior, se encargue de comprobar que el turista acredite con su documentación que «es quien dice ser y que se corresponde con esa reserva».

Instalaciones

Por lo que respecta a las propias instalaciones, desde la Conselleria también se pretende reforzar el cumplimiento de la normativa, además de sumar nuevas medidas para evitar posibles problemas. Montes ha puesto como ejemplo que se prohibirá el uso de butano y solo se permitirán electrodomésticos puramente eléctricos o que utilicen gas canalizado con el objetivo de evitar posibles accidentes.

Estas medidas se suman a las ya anunciadas, como por ejemplo que serán los ayuntamientos, en base a criterios objetivos, los que puedan limitar las nuevas licencias en sus municipios y barrios, en función de la situación de cada zona. También la nueva obligación de comunicar la referencia catastral al registro de viviendas turísticas de la Generalitat, algo que los propietarios deberán realizar como máximo hasta diciembre. Además, para acabar con la especulación, las licencias decaerán en el momento en que se venda o se transmita la vivienda, de forma que el nuevo propietario deberá iniciar de nuevo los trámites.