Dos centros educativos de la Región de Murcia continúan bajo el yugo y las flechas

La sombra de la dictadura de Francisco Franco no ha desaparecido del ámbito educativo de la Región de Murcia, ya que varios centros contravienen la Ley de Memoria Democrática, polémica, para empezar, porque la derecha y ultraderecha no la reconocen y porque su aplicación es bastante flexible, según para qué administración y en qué territorio.

El caso más sangrante es el del Instituto de Educación Secundaria José Ibáñez Martín de Lorca, que da nombre al que fuera ministro de Educación Nacional de 1939 —año en el que Franco ganó la Guerra Civil Española— y 1951. Él fue el que desarrolló y culminó la depuración docente en todo el país, purgando a todos aquellos profesores que se hubieran mostrado abiertamente a favor de la república.

Como apunta la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM), Ibáñez Martín, aragonés casado con la condesa de Marín, de Lorca, fue el artífice de la legislación educativa de los primeros años de la dictadura: la Ley de Ordenación Universitaria (1943), la Ley de Ordenación de la Enseñanza Primaria (1945), así como los decretos que establecían la obligatoriedad de la enseñanza religiosa de 26 de enero de 1944 y el que imponía los cursos de formación política de 10 de abril de 1944.

En su discurso de Apertura del Curso Académico 1940-41 en la Universidad de Valladolid, reconoció que «era vital para nuestra cultura amputar con energía los miembros corruptos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era la del profesorado».

Son varias las ocasiones, a lo largo de los años, en las que Florencio Dimas, delegado de la Asociación memorialista Archivo Guerra Civil y Exilio (AGE), ha pedido, sin éxito, el cambio de denominación del centro a la Consejería de Educación. «No hemos conseguido ni que el Ayuntamiento apruebe una moción para instar al Gobierno regional a quitar ese nombre. Ni siquiera cuando gobernaba el PSOE», denuncia. Se muestra sorprendido por el hecho de que ni los socialistas «movieran un dedo» para cumplir una ley elaborada por ellos mismos.

Lamenta que algunos lorquinos se escuden en argumentos «de tan flojo fuelle» para no promover el cambio como que su denominación es una «seña de identidad de Lorca», que Ibáñez Martín fue quien lo mandó construir en 1943 o que «para qué cambiarlo cuando hay cosas mucho más urgentes».

En los últimos meses, Dimas volvió a la carga para pedir al Consistorio lorquino que retire la Medalla de Oro a Francisco Franco; sin embargo, y a pesar de no ser ilegal, la respuesta del Ayuntamiento después de tres meses ha sido la del silencio administrativo.

En Fuente Álamo, otro centro educativo rememora los tiempos más sombríos del siglo XX en España. El CEIP José Antonio. Podría ser cualquiera, claro, pero para las asociaciones memorialistas parece evidente que se refieren al primogénito del dictador Primo de Rivera y fundador de la Falange Española. Su nombre, por cierto, también aparece grabado en una pared externa de la Catedral de Murcia, que data del siglo XVI. Para Dimas, este caso es curioso porque «no se trata de un colegio construido durante la dictadura, sino que no tiene más de cuarenta años».

En su artículo 40, la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 dice expresamente que las administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para «retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».

Según la lectura que hace el Gobierno de España, otros dos centros contradicen la normativa vigente, ya que ambos llevan el nombre del inventor del autogiro, Juan de la Cierva, que fue señalado por la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática como colaborador con el alzamiento franquista en 1936, basándose en un escueto informe del historiador Ángel Viñas. Según el documento, De la Cierva habría facilitado el transporte necesario al general Franco para poder llegar a la Península Ibérica desde Canarias y así iniciar el golpe de Estado.

Este fue el motivo que esgrimió el Ministerio de Transporte para rechazar que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia llevara el nombre del ingeniero aeronáutico más ilustre de España. El instituto y el colegio Juan de la Cierva se encuentran en Totana y en la pedanía murciana de Casillas, respectivamente.

Otro CEIP, en el límite

Algunas asociaciones consideran que hay otro centro en la Región que, si bien no contravendría la Ley de Memoria Democrática, sí arrastra connotaciones franquistas. Se trata del CEIP Príncipe de España, en Alhama de Murcia. Es controvertido porque Príncipe de España fue un título creado en 1969 por medio de la ley de designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor del general Francisco Franco en la Jefatura del Estado a título de rey. Juan Carlos I ostentó dicho título hasta el 22 de noviembre de 1975, cuando asumió la Jefatura del Estado tras la muerte de Franco. No debe confundirse con Príncipe de Asturias, título ostentado por el heredero al trono de España en democracia.