"Si la central nuclear de Almaraz cierra, es la ruina"

38 años trabajó Felipe Gómez García como gruista en la Central Nuclear de Almaraz. Empezó a hacerlo justo cuando la instalación echaba a andar, a inicios de la década de los ochenta, recuerda. «Yo soy de aquí y esto era un pueblo de labradores, de ‘escopeta y perro’, pero vino primero el pantano de Valdecañas, después la central, y la cosa comenzó a funcionar. Todo el pueblo ha podido vivir gracias a ella», asevera. 

Ya jubilado, ahora es su hijo el que pertenece a la plantilla de la instalación, «con mi mismo puesto. Le metieron conmigo en una parada de ayudante y estuvo dos años. Luego se quedó como oficial de primera, igual que su padre», detalla este almaraceño. Él lo tiene claro: si los dos reactores de la nuclear se detienen definitivamente, tal y como está previsto que suceda entre finales de 2027 (la unidad 1) y de 2028 (la 2), será "la ruina total" para la localidad y para muchos pueblos de su alrededor. 

Sentado en las escaleras de entrada a su casa, Felipe atiende a El Periódico Extremadura, del grupo editorial Prensa Ibérica, a solo unos pocos metros de la plaza de España de esta localidad cacereña, en la que ayer por la noche se realizó un acto al que estaban llamados todos los vecinos de la comarca del Campo Arañuelo. El objetivo de la convocatoria era informarles sobre el impacto socioeconómico que tendría el cada vez más previsible cierre de esta planta, utilizando para ello las conclusiones de un estudio elaborado por encargo de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (Amac).

En él se analiza especialmente las previsibles consecuencias del ‘apagón’ en las doce poblaciones que integran la zona 1, aquellas más próximas a la instalación. Entre otros datos, se apunta que casi seis de cada diez euros de ingresos presupuestados en esos municipios proceden de tributos abonados por la CNA o de la asignación correspondiente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). En conjunto, unos 15 millones de euros anuales, que se verán reducidos "en más de un 90% en los años siguientes al cierre". Estos fondos, «y el uso que de ellos hacen las corporaciones municipales» constituyen "el mayor impacto que ejerce la CNA" en la zona donde está implantada, se precisa. 

Una parte importante de este dinero se ha destinado a la creación de empleo, «en especial a partir de la crisis de 2008» con el fin de paliar los efectos de la gran recesión; y otra a ofrecer servicios a la ciudadanía "en el ámbito social, cultural o deportivo, mejorando el nivel de vida en los municipios" y contribuyendo a ·"retener población". Dejar de percibirlos en un horizonte tan cercano obligará, se pronostica, a tomar "medidas inmediatas, que pasarán por recortes drásticos de las plantillas municipales y la reducción de los servicios municipales". 

Ingresos tributarios

Vía impositiva, la contribución principal la perciben cuatro municipios y es en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles de Categoría Especial (BICE). Son Almaraz, Saucedilla, Serrejón y Romangordo, entre los que se distribuyen las 1.683 hectáreas propiedad de la central. A las arcas de estas localidades van a parar unos 10,4 millones de euros. Otros 2,9 millones tienen origen en los fondos de Enresa y 1,37 en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En estos dos últimos casos, el dinero recaudado sí que beneficia a las doce poblaciones del área contigua a la planta. 

"En el momento en el que cierre el reactor 1 de la central en 2027, desde ese primer día, ya bajará la aportación. Y en el 2028 nos quedaremos sin recibir nada», recalca Juan Antonio Díaz Agraz, alcalde de Almaraz, que esgrime que no está en juego solo el futuro de este municipio, sino el de «toda la comarca del Campo Arañuelo". 

"Estamos intentando atraer otras empresas", avanza. Por lo pronto, esta localidad cuenta también con una importante industria cárnica, que además está en vías de ampliar su presencia en ella; con un fabricante de material sanitario; y con la aportación de varias centrales solares, pero prescindir de la planta atómica, reconoce, supondrá un serio revés en términos económicos y demográficos. "Cuando en un municipio en el que entraban más de ocho millones de euros se pase a dos millones o un millón y pico, pues te puedes imaginar... Muchos puestos de trabajo se irán al garete, las industrias comenzarán a aminorar, y se entrará en un bucle de pérdida de población", augura. ¿Serán una solución los trabajos de desmantelamiento? "Enresa tiene sus propias empresas, y aunque siempre tendrán que tirar de gente de aquí, ni con mucho será parecido a lo que aporta ahora la central", responde este alcalde.

La entidad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos arrancó el pasado lunes el proceso de licitación de los servicios de ingeniería encaminados al desmantelamiento, otro paso más en la cuenta atrás de la central, pero Díaz Agraz asegura que en el pueblo «seguimos teniendo esperanza» en que finalmente el Gobierno rectifique su postura y se prolongue la vida útil de la instalación. 

Con algo menos de 1.700 habitantes empadronados, este ayuntamiento da empleo fijo a 96 personas. "Tenían que hacer otra central al lado, no cerrar esta. Es muchísima la cantidad de puestos de trabajo que genera, y no solo en Almaraz, también en todos los alrededores", sostiene Rocío Talavera, auxiliar de ayuda a domicilio en el consistorio. «Sería un desastre, el ‘acabose’ del pueblo, es de lo que vivimos», insiste Rocío, que teme que sin los ingresos de la central "no se podrá mantener" el volumen de personal contratado por el ayuntamiento. "Aquí no se va a dar la gente por vencida", remacha.

De los primeros por renta

Dentro de Extremadura, Almaraz aparece como un fijo en los primeros puestos de la estadística de renta que cada año elabora la Agencia Tributaria a partir de las declaraciones de IRPF. En la última, la de la campaña 2021, ocupó el tercero, con más de 27.000 euros anuales de renta bruta media. Solo hay datos mejores en las dos capitales de provincia, y en el cuarto aparece Navalmoral de la Mata, donde el impacto económico de la central es también relevante. 

Este informe de Hacienda solo recoge a los municipios mayores de mil habitantes, lo que deja fuera a la cercana Saucedilla. Pero por poco: cuenta con 947 empadronados (cifras del INE al inicio de 2023). Lo llamativo es que en las últimas dos décadas ha ganado cerca de 300, más del 40% de incremento. Un crecimiento que "no hubiera sido posible sin la central", sostiene su alcalde, Iñaki Campo.

Saucedilla es en realidad el consistorio que más recibe de forma directa por la actividad de la central, ya que es el que tiene una mayor porción del embalse de Arrocampo (con el que se refrigera la instalación atómica) dentro de su término municipal. Solo por BICE, los ingresos anuales ascienden a unos 4,8 millones de euros. Agregados los que llegan por Enresa e IAE, significan un 80% de las cuentas municipales, que son de 6,8 millones de euros, las que cabría esperar en una localidad que multiplicase por cinco o seis su número de habitantes. "Saucedilla vive de la central, tanto en empleos directos como indirectos, porque a través del ayuntamiento se generan puestos de trabajo y podemos ayudar a las empresas", razona Campo.

Ejemplos: cada año, el consistorio subvenciona con 10.000 euros al colegio "para que a los niños no les cuesten los libros", y si se es autónomo se perciben, también anualmente, 2.500 euros. Por cada bebé nacido, 1.500 euros. "Si la central no existiese, esas ayudas no se podrían dar", añade. En estos momentos, se está construyendo una guardería y seis naves industriales. "Queremos prepararnos antes del cierre de la central para intentar atraer empresas", aclara, aunque da por seguro que "no va a ser igual". Entre la población hay, afirma, "malestar, enfado y preocupación" ante el horizonte de incertidumbre que se abre ante ellos.

Unas 90 personas trabajan para el ayuntamiento, la mayor parte de ellas de forma temporal (van entrando de manera rotatoria). Con 22 millones de euros de remanente y con el fin de la actividad de la CNA a la vista, el consistorio ha aprovechado la suspensión de las reglas fiscales por la doble crisis económica del covid y de la guerra de Ucrania para sacar a licitación "todo lo que se pueda". "Estamos arreglando todas las calles. Se está cambiando el alumbrado y el acerado, para que el día de mañana el dinero quede gastado e invertido y dejar acondicionada Saucedilla para 30 o 40 años", argumenta.

"El presupuesto es muy alto, comparable al de pueblos con cinco o seis mil habitantes. Todos esos ingresos se destinan a instalaciones, servicios y a generar muchísimo empleo", coincide Carlos Amador, agente de empleo del Ayuntamiento de Saucedilla. Sin la instalación, lo más probable es que este se convierta "en un pueblo normal y corriente más de Extremadura, que vive de la agricultura y la ganadería y con una renta baja". También que acabe entrando en la "misma dinámica" de pérdida de habitantes que sufren otros muchos pequeños municipios de la provincia cacereña. 

En uno de los accesos al pueblo está el restaurante La Vieja Escuela. En la afluencia al negocio "no se nota un impacto muy directo" de la nuclear, "ni siquiera en las recargas", explica su dueño, Cristian Bravo. Pero sí de forma indirecta: la gente, incide, trabaja en el ayuntamiento porque este contrata a través del dinero que recibe de la central, lo que permite, a su vez, que más clientela pueda, por ejemplo, acudir a desayunar a diario al establecimiento.

El parón de la central "se va a percibir desde el inicio. Hay mucha población que, en cuanto Saucedilla deje de dar ayudas, se irá", aventura Bravo, que es también concejal de la oposición en la corporación. A su juicio, "la gente está luchando poco para lo importante que es la central nuclear. Creo que se debería implicar más si realmente quiere que no se cierre".

Darse una vuelta por las calles de Almaraz y Saucedilla y encontrar algún vecino contento o indiferente por la desaparición de la planta no parece fácil, aunque también los haya. Eso sí, prefieren no identificarse. "Si te digo lo que pienso me busco muchos enemigos aquí", asegura uno. "Me da igual, Almaraz no se va a morir porque cierre la central", dice otro. En cualquier caso, el sentir mayoritario parece ser el que expresan personas como Pilar Retamosa, un ama de casa de Almaraz, para quien la clausura supondría "un cambio total" para un pueblo que en las últimas décadas ha podido disfrutar de servicios "muy bien dotados", como lo están la residencia geriátrica, la piscina municipal o la casa de cultura. "La gente quiere que siga", concluye; o la de Mari Carmen Martín Labrador. Con 68 años, tiene tres hijos trabajando de continuo en diferentes centrales nucleares españolas. Todos empezaron en la planta cacereña, donde uno de ellos estará hasta el próximo mes de agosto. "Ya los hijos están fijos, pero me faltan las nietas, que vienen detrás". "Aunque yo no coma de la central me da muchísimo". Sin ella, el pueblo "estaría muerto en vida", considera. 

"Ruina" es también la palabra a la que recurre Carlos Castuera para definir cuál puede ser el futuro de estos municipios sin la nuclear. Vecino de Saucedilla, trabaja como eléctrico en una empresa de proyectos de energía solar. "En los pueblos del entorno de la central hay poder adquisitivo gracias a que la gente tiene un trabajo. Además de por los puestos directos, por los indirectos que genera. Y en el momento en el que esto se acabe, la zona irá decayendo", prevé.

De acuerdo a los datos facilitados por la propia central, el año pasado cerró con una plantilla de 337 empleados. La edad media, 44,5 años. El 45,1% de ellos es personal técnico y de oficio; el 22,3% titulado superior; el 30,8% titulado medio; y el 1,8% personal administrativo. Además, alrededor de 450 operarios más de empresas especializadas prestan servicio en operación normal en la instalación. 

El pico de personal se alcanza, sin embargo, durante las paradas para recargar combustible, que llegan en ciclos de año y medio en cada uno de sus reactores. "Son cuarenta días de lleno sin parar", destaca David Martín Fernández, uno de los responsables de Portugal y Portugal II. Estos dos establecimientos hosteleros dan empleo a una treintena de personas. Además de servicio de restauración, suman unas sesenta habitaciones. A lo largo del algo más de un mes que está parado el reactor, "es el triple de trabajo, suben las habitaciones, las comidas... No solo en Almaraz, también en los pueblos de alrededor. Los alquileres de las casas, las tiendas, las lavanderías, todo...", apostilla. Él es hijo y sobrino de los fundadores del negocio, dos hermanos que llegaron desde Salamanca a inicios de la década de los setenta. Empezaron alquilando su primer local, luego lo compraron y, posteriormente, abrieron, hace 25 años, el segundo establecimiento, ubicado en una salida de la A-5. "Cuando se cierre, con el desmantelamiento, trabajo va a seguir habiendo, pero ya las recargas se acabarán, igual que el diario de mucha gente que es fija", vaticina.

Según el estudio encargado por Amac, el cierre de la central de Almaraz "tendrá consecuencias en un entorno mucho más amplio que la zona 1", con "grandes repercusiones" también a nivel provincial y regional. En este sentido, se puntualiza, la mayor parte de los trabajadores de la planta (siete de cada diez) residen en Navalmoral de la Mata. En conjunto, en los municipios de la zona 2 (en un radio de entre 10 y 30 kilómetros), la pérdida de empleo rondará el medio millar de puestos. Una merma que se suma a un ya de por sí "panorama comarcal negativo", después de "la importante pérdida de 254 puestos de trabajo que llegó a tener la industria textil Fuentecapala", y con el sector tabaquero, "otro de los puntales" económicos de la zona, "en plena crisis". 

"Para la comarca del Campo Arañuelo, para sus ayuntamientos y ciudadanos, va a ser un varapalo grande mientras no haya una alternativa a la central", admite Eugenio Trebejos, presidente de la Mancomunidad de Municipios Campo Arañuelo y alcalde de Toril. Esta entidad agrupa a 22 localidades, 12 de la zona 1 y 10 de la zona 2. La fábrica de baterías de Envision, prevista en Navalmoral, "podría compensar algo en el ámbito laboral", confía, pero todavía sigue habiendo "algo de incertidumbre" en relación con este proyecto. Así las cosas, entre los alcaldes hay "muchísima preocupación" por cómo se hará frente a la pérdida de unos ingresos que "repercuten tanto en empleos como en mejoras en los pueblos".

Ni en la zona que abarca a los municipios de la zona 1, ni en los de la 2 se ha desarrollado "un tejido industrial que haya crecido en torno al mundo nuclear", defienden los autores del informe presentado ayer, que achacan esta situación a la falta de "iniciativas" y "visión de futuro de las administraciones públicas, así como de la misma población". "El cierre era previsible desde el mismo momento en el que abrió la central y se conoce de forma cierta desde hace años, aplazamientos y moratorias aparte". Y a pesar de ello, se concluye, "no existe en la actualidad un plan estructurado y común para afrontar este hecho, que esté encaminado a atenuar el tremendo impacto que dicho cierre generará".