Las ejecuciones alcanzan la cifra más alta en 10 años, según Amnistía Internacional

Más de 1.153 ejecuciones se llevaron a cabo en todo el mundo en 2023, por parte de los gobiernos de todo el mundo como castigo a lo que se juzgó como un delito mayor. Sin embargo, la mayoría de estas muertes tuvo lugar en países con bajos índices democráticos, como Irán, Arabia Saudí, Somalia y China, aunque Estados Unidos también se cuenta entre los cinco mayores ejecutores. En global, estas nuevas cifras sacan a la luz un aumento de más del 30% respecto al año anterior. En 2023 rompió el récord de ejecuciones de la última década.

“El gigantesco repunte de las ejecuciones documentadas se debió principalmente a Irán. Las autoridades de este país mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. El número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 también aumentó un 20%, elevando el total a 2.428 casos, muchos pendientes de ejecutar.

Solo Irán fue responsable del 74% de las ejecuciones registradas, muy por delante de Arabia Saudí con el 15% del total. Las autoridades iraníes ejecutaron al menos 853 personas, un 48% más que el año anterior. La pena de muerte fue una herramienta de represión contra las minorías (la etnia baluchi representa el 5% de la población pero el 20% de las ejecuciones). Al menos 545 de los casos fueron castigos por delitos que no deberían conllevar la pena de muerte según el derecho internacional como los delitos de drogas, mas de la mitad de las ejecuciones, con un aumento del 89%.

EEUU, una excepción anunciada

Estados Unidos destaca en esta lista por ser el único país del bloque occidental como de el continente americano donde persiste la pena capital. “Es una combinación de tradición y de la creencia equivocada que es necesaria para combatir el crimen”, explica a EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial, Dani Vilaró, portavoz de Amnistía Internacional. Sin embargo, los datos lo desmienten, asegura: “El índice medio de asesinatos en estados que aplican la pena de muerte es más alto que en los estados que no la utilizan”, asegura.

Además, proliferan nuevas técnicas criticadas por su crueldad: desde la legalización de la asfixia por nitrogeno hasta un proyecto de ley para ejecuciones por fusilamiento en algunos estados. Este año rompe una tendencia de descenso de los últimos veinte años y las muertes vuelven a subir (de 18 a 24) en el país norteamericano. “El presidente Biden debe dejar de aplazar el cumplimiento de su promesa de abolir la pena de muerte federal,” defiende la directora de Amnistía Internacional.

Muchas más muertes sin contar

A pesar de alcanzar el récord de la década, las cifras son una estimación que se queda corta ya que los regímenes que ejecutan a más personas no actúan con transparencia. El caso extremo es China, donde Amnistía calcula que hubo más de 2.000 ejecuciones sumarias, más que en todo el resto de países juntos, ya que la pena de muerte en China no se reserva solo a los delitos más graves como homicidios sino que se aplica a delitos económicos, corrupción, drogas e incluso delitos de tipo inmobiliario.

También Irán, Corea del Norte, Vietnam y Afganistán son algunos de los países donde existe un mayor secretismo sobre las ejecuciones. Si bien las autoridades publicitan un número contado de las ejecuciones para buscar el efecto escarmiento y Amnistía hace un contraste exhaustivo con fuentes locales, esto es apenas la punta del iceberg de una cifra real aún más abrumadora. Por ejemplo, Corea del Norte promulgó una nueva ley que castigará con la muerte a quienes no hablen coreano pero se desconoce aun su puesta en práctica.

Una puntada de esperanza

Con todo, los retrocesos conviven con los avances en la extinción de la pena de muerte. Por un lado, el África subsahariana triplicó las ejecuciones registradas y aunque ningún país abolió la pena de muerte en esta región, sí se avanzó en proyectos de ley --que siguen aún en proceso-- para abolirla en Kenia, Liberia, Zimbabue y Ghana.

La luz al final del túnel la deja ver un menor número registrado de países ejecutores. Es decir, hay más muertes pero se concentran en un menor número de perpetradores, solo 16 países, el mínimo histórico tras salirse por primera vez de la lista negra Japón, Bielorrusia, Myanmar y Sudán del Sur, donde sí hubo ejecuciones hasta 2022.

“Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados”, dice Callamard, que lo considera como una prueba de que el trabajo de la organización que dirige funciona. Y añade: “Seguiremos hasta que hayamos acabado con la pena de muerte”.