Ante la Audiencia Nacional
La comunidad palestina catalana se dirige contra el Gobierno por incumplir el comercio de armas con Israel
El colectivo denuncia a otro barco que, según sus datos, transportaría armas para atacar la franja de Gaza
![Banderas palestinas durante una manifestación estatal en conmemoración de Al Nakba palestina, a 11 de mayo de 2024, en Madrid (España). Madrid ha acogido una manifestación estatal en conmemoración de la Nakba palestina convocada por Asambleas con la resis](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/c286916d-2b8f-4ecf-b395-0b5876fce022_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Banderas palestinas durante una manifestación estatal en conmemoración de Al Nakba palestina, a 11 de mayo de 2024, en Madrid (España). Madrid ha acogido una manifestación estatal en conmemoración de la Nakba palestina convocada por Asambleas con la resis / Jesús Hellín - Europa Press
La Comunitat Palestina de Catalunya ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno central ante la Audiencia Nacional por lo que considera un "sistemático incumplimiento de la Ley de Comercio de Armas", que denuncia que no ha cesado "durante los más de siete meses de genocidio" que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza. El colectivo sostiene que, pese a la declaración del Estado Palestino, el Ejecutivo español "sigue sin romper de manera definitiva las relaciones militares con Israel, permitiendo que material militar y de seguridad salga y transite por nuestro territorio".
La demanda, firmado por el abogado Benet Salellas y que cuenta con el apoyo de la Comunidad Hispano Palestina Jerusalén de Madrid y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), denuncia llevar tres meses sin obtener respuesta al requerimiento dirigido al Gobierno para lograr "la revocación de todas las autorizaciones vigentes en materia de comercio exterior -tanto exportación como importación- de material de defensa y doble uso que tenga como destino o como origen el Estado de Israel".
El recurso, que solicita la suspensión cautelar de las autorizaciones, destaca que "la magnitud y trascendencia" del asunto en el que "en tres meses la Secretaría de Estado de Comercio no se ha dignado a contestar", lo que considera "algo realmente irregular en el funcionamiento de la administración pública".
La reclamación se basa en que "España tiene cuatro obligaciones derivadas del Derecho internacional. La primera consiste en evitar ayudar a otros Estados en la comisión de un hecho ilícito internacional –crímenes de guerra o genocidio- a lo que puede contribuir autorizando la exportación de armas que pueden estar vinculadas con la comisión de estos crímenes. La segunda, proteger a los palestinos de Gaza de actos de genocidio y exigir el cumplimiento a otros Estados de las obligaciones derivadas de la Convención. La tercera, cumplir y hacer cumplir las obligaciones del derecho internacional humanitario", y la cuarta, evaluar los Convenios sobre comercio de armas.
Pero, pese al requerimiento, "España no ha suspendido las licencias de exportación vigentes, mantiene las importaciones y permite el tránsito de material de guerra con destino hacia Israel". Rescop denuncia que esta misma semana un nuevo carguero, el Vertom Odette, se dirige al puerto de Cartagena con otro posible cargamento de armas, por lo que exige al Gobierno que inspecciones su carga y certifique si ese contenido llega finalmente a Israel.
La iniciativa presentada este lunes, que recuerda la demanda sudafricana ante la Corte Penal Internacional, supone una nueva estrategia, después de que la candidata de Podemos a las Europeas, Irene Montero, denunciara sin éxito también en la Audiencia Nacional, pero por vía penal, a otro barco, el Borkum, que iba a repostar en Cartagena y cuyo destino el Gobierno aseguraba que era Checoslovaquia, no Israel.
El propio recurso recuerda que el procedimiento que inicia "no es en el ámbito penal. Tampoco lo es en el ámbito propiamente del derecho internacional. No nos encontramos ante un procedimiento cuyo objeto sea pronunciarse sobre la legalidad, proporcionalidad y humanidad de la operación israelí en Gaza desde el 7 de octubre. Nos hallamos en un expediente contencioso-administrativo en la jurisdicción española que tiene por objeto únicamente la desatención de un requerimiento efectuado a la Secretaría de Estado de Comercio de revocación de autorizaciones de comercio de armas con Israel a la vista de la situación documentada por los organismos y tribunales internacionales de los que el Reino de España forma parte".
Saif Abukeshek, de la Comunidad Palestina en Catalunya, señaló a la salida de la Audiencia: "Como palestinos aquí, somos víctimas del incumplimiento de la ley de comercio de armas. Nuestro gobierno vende, permite el tránsito y compra tecnología y materiales testados en combate por Israel. Si el gobierno no quiere seguir siendo cómplice en el genocidio debe tomar medidas inmediatamente”.
Vertom Odette
Según Rescop, esta misma semana llega a España el Vertom Odette, cuya carga quiere que el Gobierno revise y certifique que ese contenido no llegará finalmente a Israel. En los documentos a los que la organización tuvo acceso hace dos semanas, se detallan extractos de una licitación presentada por una compañía armamentística israelí (según esa documentación, IMI Systems, parte de Elbit Systems) para transportar una serie de armas, municiones y explosivos desde la India a Israel.
Según los códigos especificados en los documentos y la información recabada, parte de ese cargamento se habría transportado en el buque Borkum y el cargamento restante estaría siendo transportado por el Vertom Odette, con entrada prevista en el puerto de Cartagena el próximo 5 de junio. El colectivo lamenta que el Gobierno no quisiera comprobar si la carga del Borkum se ajustaba a la documentación proporcionada o coincidía con lo denunciado.
Destaca que se denegó la licencia de tránsito al buque Marianne Danica y el Borkum no atracó en el puerto de Cartagena, gracias a la movilización social. Reclama que "el Gobierno cumpla con sus obligaciones y asegure el cumplimiento escrupuloso de la ley española de comercio de armas".
Natalia Abu-Sharar, presidenta de la Comunidad Palestina de Catalunya, admite que “el Gobierno español ha dado un paso al frente reconociendo al Estado de Palestina, pero se necesita que se imponga un embargo militar completo a Israel". "Ponerle fin al comercio de armas con Israel no es una opción política o moral, es una obligación legal para garantizar el respeto a los derechos humanos y por eso vamos a presentar esa demanda. Nuestro pueblo necesita justicia”, afirma.
1,6 millones
Los datos que facilita la Secretaría de Estado de Comercio muestran, según la demanda, que en 2023 se exportaron a Israel 37.861 kilos de material armamentístico por un valor total de 1.607.049 euros, exportaciones que se mantuvieron también durante los meses de noviembre y diciembre, una vez que el país ya había atacado la franja tras el ataque terrorista del 7 de ocubre.
Además, en 2023 se importaron de Israel más de 68.000 kilos de material armamentístico por un valor de 10.288.532 euros. Solo en diciembre se importaron más de 1.395 kilos por un valor de 5.935.066 euros, importaciones que se mantienen en 2024, tal como se puede comprobar, habiendo importado 575 kilos de material bélico por un valor de 1.856.754 euros.
Se trata de material que las empresas israelíes suelen vender con el sello “testado en combate”, que el colectivo denunciante considera que es sinónimo de decir "usado contra la población palestina en Gaza". Por ello considera insuficiente que desde el Ministerio de Exteriores se afirme que no se ha autorizado ninguna operación de venta a Israel desde el pasado 7 de octubre. También se deben suspender las autorizaciones previas y no autorizar las compras.
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