DIPLOMACIA
Albares defiende la presencia de su embajador durante la "coacción" a Edmundo González: "Compartían espacio físico, pero no tuvo nada que ver"
En una foto se ve al opositor venezolano firmando un acuerdo para poder salir del país con los representantes del régimen Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, y ante la mirada del embajador de España, Ramón Santos
Para el Partido Popular, es la foto de la ignominia diplomática, y debería resolverse con la dimisión del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Para el Gobierno, se trata de un acto humanitario a petición del afectado y sin contrapartida política alguna. De un lado se ve a Edmundo González firmando un documento, que ayer dijo que se trababa de un compromiso bajo coacción de reconocer a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio. Del otro, a dos representantes del régimen, el presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez y a su hermana y vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.
El lugar es una habitación de la residencia del embajador español en Caracas, Ramón Santos. Él es el hombre que aparece con una camisa blanca con capucha. Según la oposición, estaba permitiendo la intimidación del "presidente electo" de Venezuela para salir del país por miembros del régimen. En palabras del responsable del área internacional del partido, Esteban González Pons, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está “implicado en el golpe de Estado que se ha producido” en Caracas, ha dicho.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide la dimisión de Albares. El inquilino del Palacio de Viana se defiende: "Feijóo lo que debería hacer es desautorizar al diputado [Pons] que está calumniando al servicio exterior de España, intachable, que trabaja a favor de la paz, de la democracia y de la libertad", ha dicho el jefe de la diplomacia española ante las preguntas de los periodistas este jueves en Bruselas. "Que el PP respete la decisión que tomó Edmundo González y las circunstancias tan difíciles en que tuvo que tomarlas. Él me agradeció la labor del Gobierno de España. España no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de negociación o documento que haya habido entre ellos".
Visiblemente irritado, Albares ha insistido en que la presencia del embajador en la sala donde se firmó el acuerdo no significa que hubiera intervención de la diplomacia española en el acuerdo entre las partes. "Lo que hemos visto es que compartían un mismo espacio físico: solo hay un salón, era la misma casa", ha dicho. Ramón Santos tenía órdenes estrictas de no inmuscuirse, y las cumplió, según ha confirmado el ministro tras haber hablado con él. "Nosotros permitimos a Edmundo González, solo faltaba, total libertad para recibir y encontrarse con quien quisiera. Lo que sí le puedo asegurar es que nadie fue a solicitud del Gobierno de España. Lo que haya podido o no firmar o establecer Edmundo González les corresponde a ellos".
Votación en el Parlamento Europeo
Edmundo González, diplomático de 75 años, huyó a España desde su refugio en la embajada española el pasado 8 de septiembre. La Fiscalía venezolana había presentado graves cargos contra él por publicar las actas que le darían como ganador de las elecciones y presidente de Venezuela. Él pidió amparo a nuestro país, y el Gobierno lo trajo en un avión de las Fuerzas Aéreas y le ofreció asilo político.
Desde entonces, la oposición de PP y Vox critican el movimiento como un favor que le hacía el Gobierno de Pedro Sánchez al régimen de Maduro. Moncloa se defiende diciendo que fue el político venezolano el que solicitó ayuda, y que cualquier otra opción incumpliría los compromisos humanitarios de España.
Edmundo González ha hecho una ronda de encuentros de alto nivel en España. Se ha visto con Pedro Sánchez en Moncloa, con los expresidentes Mariano Rajoy, José María Aznar y Felipe González. Mientras, opositores exiliados en España, como Antonio Ledezma y Leopoldo López, han movido en el Congreso y en el Senado sendas proposiciones no de ley para el reconocimiento de Edmundo González como "presidente electo" de Venezuela y pidiendo al Gobierno hacer lo propio, una denominación que por el momento no ha tomado el grueso de la comunidad internacional. Este jueves, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución similar.
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