El juez que investiga la revelación de datos de la pareja de Ayuso a la Fiscalía: "Se ha evitado el "espectáculo de la actuación policial"

El magistrado Francisco José Goyena, que instruye la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por revelación de datos, por parte de la Fiscalía, del acuerdo que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pretendía alcanzar para evitar llegar a juicio por defraudar a Hacienda, ha rechazado el recurso que presentó el Ministerio Público contra la imputación de dos de sus fiscales en Madrid y se reafirma en las pruebas solicitadas.

En un escrito en el que utiliza unos términos muy duros, el magistrado llega a plantear que sus diligencias de prueba, en busca de documentos que revelen cuál fue la cadena de mando y el último responsable de la difusión de la nota de prensa que ha dado lugar a este procedimiento podrían haber sido, incluso, más gravosas, llegando a motivar una intervención policial en la sede del Ministerio Público. 

"Este instructor ha buscado una forma -ciertamente sugerida por las acusaciones- que no supusiera una penosa intromisión en una institución como es el Ministerio Fiscal, evitando, si puede ser, el espectáculo de la actuación policial".

De este modo, apunta que "la admisión y práctica de las diligencias de prueba se ha hecho de manera coherente con el contenido de las mismas, así como en cuanto a quien corresponde diligenciarlas y, francamente, con la proporcionalidad que resulta obligada, al menos inicialmente y a resultas de su resultado", añade la resolución.

La causa se dirige contra Julián Salto --que es el fiscal que presentó la querella que acusa de fraude fiscal y falsificación a Alberto González Amador-- y contra su jefa provincial, Pilar Rodríguez, como responsables de la difusión de datos obrantes en los correos que la defensa del empresario intercambió con esta fiscalía. 

Pruebas necesarias

En su auto, que responde a un recurso de reforma de los fiscales --que aún pueden acudir en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del propio Tribunal Superior-- defiende todas las diligencias acordadas como "atinentes a lo que es el objeto de la querella" y dirigidas a esclarecer los hechos, que tuvieron lugar como respuesta de la Fiscalía a una información previa en medios de comunicación que era incorrecta, pues apuntaba al fiscal Salto como proponente de un acuerdo con la defensa del empresario, y no al revés.

Las pesquisas parecen apuntar directamente al fiscal general, ya que instructor de la causa reclama saber quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el rango del máximo responsable de la carrera fiscal "que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido", según apuntó en su auto de inicio de las actuaciones. García Ortiz, asumió públicamente la responsabilidad última sobre la difusión de la controvertida nota de prensa y, de resultar investigado, lo sería ante el Tribunal Supremo su condición de aforado.

Parte del recurso de Javier Montero se dirigía impugnar algunas de las diligencias acordadas, entre ellas las relativas a la aportación a la causa de los mails intercambiados entre la defensa de Ayuso y la Fiscalía. Tampoco veíss procedente que se requiera copia de las Instrucciones dictadas en el seno de la Fiscalía "con el fin de impedir que queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizados documentos y soportes qué contengan datos personales" y un informe propio elaborado por el delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal. Sobre estas peticiones, el juez Goyena responde: "Nos viene a la cabeza el refrán que dice para este viaje no necesitamos alforjas".  

"Terceras pesonas"

También dice Goyena que, en su recurso, el fiscal Montero "apunta hechos complementarios y posibles responsabilidades de terceras personas, quizá por lo que ha oído o leído en prensa y otros foros" ajenos al procedimiento. Y contecta al respecto que "si tiene un mayor conocimiento de circunstancias relevantes y con incidencia en esta investigación" no duda que lo pondrá en su conocimiento, "pues es su obligación". Este argumento parece ser una alusión a las informaciones sobre la filtración a un medio de comunicación del contenido de uno de los correos entre González Amador y su abogado.

Por otra parte, el instructor rechaza que pueda calificarse su investigación de prospectiva pues señalarlo le parece "en los términos más amables, poco feliz". Igualmente, niega que haya hecho suyo, de forma acrítica, el relato de hechos que se contienen en los escritos de querella, tal y como le reprochaba el recurso; además de considerar prematuro el recurso al no haber podido aún practicar ninguna de las diligencias de prueba.