Opinión | LA NEWSLETTER DEL DIRECTOR

El fraude de los ERE existió

Con los ERE, el PSOE cebó su red clientelar en Andalucía: empresas que no estaban en crisis… militantes, parientes, amigos… y el ‘chófer de la coca’

Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán

Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán / Raúl Caro / EFE

El Tribunal Constitucional y su presidente, Cándido Conde-Pumpido, pueden intentar borrar judicialmente el fraude de los ERE, el mayor caso de corrupción registrado en la historia reciente de España, pero no podrán hacerlo desaparecer de nuestra memoria ni de las hemerotecas. El caso ERE no solo existió, sino que respondía a un objetivo político: perpetuar la red clientelar al servicio del PSOE para garantizar su permanencia al frente de la Junta de Andalucía comprando paz social.

El Gobierno andaluz ideó un sistema para ayudar supuestamente a empresas en crisis, pero la realidad es que los 680 millones de euros malversados apenas llegaron a las cerca de 10.000 compañías que presentaron expedientes de regulación de empleo en aquellos años, ni tampoco a los más de 120.000 trabajadores afectados por ellos.

Según quedó acreditado en la instrucción judicial, fueron apenas 77 las empresas beneficiadas, la mayoría de ellas con vínculos con altos cargos de la Junta o propiedad de ex responsables socialistas. Algunas, incluso, sin problemas de solvencia económica. Además, entre los empleados beneficiados había decenas de familiares de altos cargos del PSOE y de la Junta, que en algún caso ni siquiera habían trabajado en las empresas afectadas. Eran los denominados “intrusos”: 85 militantes socialistas, 18 parientes, 17 amigos declarados de los políticos

El PSOE cebó su red clientelar con el dinero de los ERE para minimizar el riesgo de un estallido social que hubiera puesto en riesgo el poder en Andalucía, uno de sus principales caladeros de voto.

Pero hay más. No podemos olvidarnos de la parte lúdica del fraude de los ERE ni del denominado chófer de la coca. Juan Francisco Trujillo, conductor del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, desvió 1,3 millones de euros de los ERE a la compra de droga y a abonar consumiciones en restaurante y establecimientos de ocio. Una vida a todo tren a cargo del erario público.

Esa es la realidad de los ERE y diga lo que diga el Tribunal Constitucional, nadie podrá borrar el exhaustivo trabajo de investigación realizado durante años por los periodistas andaluces Sebastián Torres y Antonio Salvador.