TRIBUNALES
Juristas concluyen que la querella de Sánchez contra Peinado "dificulta" una petición de imputación en el Supremo
Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite la causa contra el juez, eso obstaculizaría una eventual exposición razonada contra el presidente del Gobierno ante el alto tribunal
La querella de Pedro Sánchez por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, tiene como consecuencia, si esta fuera aceptada a trámite por el órgano competente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que "dificulta" una eventual petición de imputación por parte del instructor contra el presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo, según concluyen los juristas consultados por esta redacción.
El artículo 219.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que un juez tiene que abstenerse si lo hubiera denunciado o querellado una parte, y esta denuncia fuera admitida a trámite. Como Pedro Sánchez es testigo en el caso en el que está imputada su mujer, estas acciones legales no obligan a Peinado a apartarse de la causa. Sin embargo, las fuentes consultadas concluyen que esta maniobra sí podría impedir una eventual exposición razonada de Peinado ante el Tribunal Supremo.
La querella del presidente del Gobierno cuenta con el aval de la Abogacía del Estado, que considera que la actuación del magistrado que investiga a Begoña Gómez "presupone, al no constar un mínimo indicio que lo soporte, una conjetura que desprestigia y genera un descrédito gratuito a la Institución que representa" Pedro Sánchez. De admitirse a trámite, el TSJ madrileño tendrá que nombrar a un juez instructor entre una terna de magistrados que componen la Sala lo Civil y Penal: Francisco Goyena, Jesús Santos Vijande y José Manuel Suárez Robledano.
Francisco Goyena
Precisamente, el primero de los tres, Francisco Goyena, presentó de forma reciente una exposición razonada por la presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la difusión de una nota de prensa con datos personales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Las citadas fuentes no consideran descabellado Peinado pretenda pedir la imputación de Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo. De hecho, recuerdan que el propio juez, al dictar la providencia el de 19 de julio para citar como testigo a Sánchez, destacaba que la jurisprudencia contempla "la modalidad del tráfico de influencias en cadena", que se refiere a los casos en los que este delito se ejecuta de manera indirecta, es decir, cuando la influencia se ejerce sobre un funcionario para que a su vez este convenza a otro de que debe dictar una resolución.
"Las consecuencias", según Vox
Además, la letrada de Vox, Marta Castro, que acudió a la declaración de Sánchez a Moncloa este martes, también apuntó al presidente del Gobierno, y anunció su intención de "analizar el alcance de esta no declaración", para determinar "las consecuencias" de esta decisión. La trascendencia es importantísima, un testigo obligado a declarar y a decir verdad se ha negado a hacerlo sobre hechos de los que tiene conocimiento", añadió Castro a los medios de comunicación.
En el caso Begoña Gómez ya hay dos testigos que han acabado imputados en el procedimiento. Es el caso del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y del empresario Juan Carlos Barrabés, quien supuestamente fue recomendado por la mujer del líder del Ejecutivo para obtener contratos públicos. Sin embargo, en estos dos casos ambos acabaron investigados tras declarar en la causa, algo que no ha hecho Pedro Sánchez, quien este martes se ha acogido a su derecho a no declarar en la causa contra su mujer, Begoña Gómez.
El Grupo Parlamentario de Vox ha solicitado al Congreso de los Diputados la documentación relativa a la autorización que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debe otorgar para la interposición de una querella por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado. También pide el informe previo de la Dirección General de lo Contencioso, que exige la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
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