Ayuso y el alcalde de Fuenlabrada mantienen su choque por el centro de menores inmigrantes

El choque entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, por la creación de un centro de menores inmigrantes no tiene visos de apaciguarse. El primer edil de este municipio madrileño ha advertido este miércoles que si el Gobierno regional sigue adelante con su empeño de construir este centro en la ubicación prevista, está dispuesto a pedir a la Policía Local que paralice los trabajos: "Si tiene que ir la Policía local a notificar mediante decreto a paralizar las obras, irá". Después de eso, quedarán los tribunales.

Hace un mes que Díaz Ayuso retó al PSOE anunciando la creación de un centro de acogida para menores inmigrantes en Fuenlabrada, gobernado por el socialista Javier Ayala. Lo hizo justo un día después de que el Gobierno central hiciera pública su propuesta para la acogida entre las distintas comunidades autónomas de 2.500 menores que estaban bajo tutela del ejecutivo canario. El municipio madrileño respondió de inmediato: la propuesta no era compatible ni con los usos urbanísticos ni acorde a la ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Tan convencido está de que tiene razón, que ha abierto un expediente para revertir el convenio por el que este espacio municipal se cedió al Gobierno regional hace más de 20 años, en el 2000.

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"Si no cumplen con la legalidad, tendrán que parar y justificar una serie de requerimientos", justifica Ayala ante lo que considera un incumplimiento del convenio, que cede a la Comunidad el espacio de La Cantueña por 35 años desde su firma, es decir, que aún quedan 11 para que la Comunidad pueda explotarlo. Sin embargo, el consistorio considera que no se cumple con los usos previstos y por eso busca la manera de dejar sin efecto lo que resta de convenio: "No vamos a consentir que esto siga adelante atropellando los derechos de la ciudadanía de Fuenlabrada".

En la Comunidad de Madrid ya desoyeron la semana pasada las quejas del consistorio fuenlabreño y alegando "interés general" y razones de "urgencia" dieron comienzo a las obras. Este miércoles, tras el Consejo de Gobierno, su portavoz Miguel Ángel García, ha asegurado que el ejecutivo regional cumple "con todos los requisitos establecidos legalmente" y que "no se da ninguna circunstancia" para paralizar las obras. De hecho, fuentes del Gobierno autonómico aseguran que incluso la reversión del convenio que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Ayala no tiene posibilidad de salir adelante. Se amparan en los "cinco años" a los que alude el convenio para establecer el inicio de la explotación.

El mismo punto en el que se hace referencia a ese plazo indica que los usos deberán "redundar en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada" y este es el punto que tendrá que justificar la Comunidad. Durante su comparecencia de este miércoles, García ha incidido en varias ocasiones en que las obras no serán solo para el centro de menores sino que "pone en valor la finca" y no solo la infraestructura, apuntando su argumentación en este sentido.

Reproches mutuos

"Parece curioso que el alcalde haya descubierto de repente que existe este recinto, que lleva más de veinte años sin prestarle ningún tipo de atención", ha reprochado el portavoz del Ejecutivo a los responsables del municipio. En el Ayuntamiento responden con el expediente ya abierto, que una vez que ha recibido las alegaciones de la Comunidad, se prevé que esté cerrado en menos de quince días, según fuentes municipales. De ahí el paso siguiente pueden ser los tribunales.

Desde el Ayuntamiento deslizan que se debería discutir en el seno de la Federación Madrileña de Municipios el modelo de integración para estos menores y las características que deben de tener estos centros, y alegan que el que pretende poner en marcha la Comunidad está en un espacio "rodeado de carreteras" y junto al polígono de Cobo Calleja, por lo que físicamente tampoco facilita su integración.