El Gobierno de Ayuso acusa a Fuenlabrada de estar "en rebeldía" por precintar las obras del centro de menores inmigrantes

El enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada por el centro de menores inmigrantes que el Gobierno regional quiere levantar en el municipio suma un capítulo nuevo. El consistorio ha ordenado esta mañana el precinto de las obras de La Cantueña, el espacio en el que el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha puesto el ojo para trasladar allí a finales de este año a un grupo de hasta 100 menores no acompañados que llegan a la región desde Canarias. La continuidad de estas obras dependen ahora mismo de un juzgado de lo contencioso de Madrid.

La Comunidad interpuso este miércoles un recurso contra el decreto municipal que paraliza los trabajos de adecuación de este centro y acompañó el texto de una medida cautelarísima de suspensión de ese decreto, de forma que si es aceptada las obras pueden seguir adelante mientras el juzgado decide sobre el fondo del asunto. Pero en el Ayuntamiento aseguran que no han recibido ninguna notificación del juzgado que les obligue apartarse del centro para que la Comunidad pueda seguir adelante con sus trabajos, de forma que este mediodía ha precintado el recinto medioambiental de La Cantueña.

Para el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, el acto en sí ya supone un ejercicio de "rebeldía" por parte del consistorio, pero lo es aún más, apunta, puesto que, según ha explicado, el juzgado ha dado el visto bueno a la continuidad de las obras en un auto, por tanto, "está en rebeldía" no solo por ir en contra de una administración sino también en contra de una decisión judicial.

Pendiente de la decisión judicial

Pero en el Ayuntamiento no lo entienden así. Mientras un juzgado no les notifique lo contrario, siguen adelante con su idea de que la Comunidad de Madrid incumple el convenio de cesión del espacio de La Cantueña, que establece unos usos concretos para este lugar que no se corresponden con el centro de menores que quiere abrir aquí el ejecutivo autonómico. Por tanto, alegan que "la ciudad está en su derecho de recuperarlo".  El Consejo de Gobierno apuntó a razones de "interés general" y de "urgencia" el nuevo uso dotacional de este espacio para justificar que cumplen con la legalidad y no se están saltando el convenio.

Fuentes socialistas apuntan que desde el Gobierno regional solo se busca "generar un conflicto" en el municipio, como el que hace unos meses se creó en Alcalá de Henares cuando el Gobierno central levantó allí un campamento para los inmigrantes que fueron trasladados a la región desde las Islas Canarias. En otro sentido utilizan desde el equipo de Ayuso el ejemplo de Alcalá. Precisamente el portavoz, ha apuntado este miércoles en rueda de prensa que por "mucho menos" a la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, se le llamó "racista".

García ha acusado al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, de tener "una doble vara de medir" por no querer para su municipio lo que desde el Gobierno nacional se propone a las comunidades autónomas, que es acoger a inmigrantes que han llegado en situación irregular a las costas canarias.