COMUNIDAD DE MADRID

Madrid permitirá convertir oficinas en vivienda asequible durante 15 años para después pasar al mercado libre

 Pasado ese periodo de protección, los propietarios de los edificios podrán mantener los edificios con fines residenciales  

¿Qué porcentaje del sueldo se destina al alquiler en Madrid?

Obras en bloques de viviendas, a 17 de mayo de 2024, en Madrid.

Obras en bloques de viviendas, a 17 de mayo de 2024, en Madrid. / Eduardo Parra

Elena Marín

Elena Marín

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una ley que permitirá que los edificios de oficinas puedan convertirse en viviendas de alquiler asequible durante un periodo de 15 años. Con esta medida, anunciada hace ya cuatro meses, en febrero, se busca agilizar los plazos y autorizar el cambio de uso del suelo calificado como terciario a uno residencial, evitando que sea necesaria una modificación del planeamiento urbano de los ayuntamientos de la región para el cambio de uso de estos edificios.

El objetivo es ampliar el parque de vivienda en una región donde el acceso a la misma es un problema para mucha gente. Madrid es la segunda región en la que los ciudadanos dedican mayor porcentaje de su sueldo al alquiler, solo seguido por Baleares, según un estudio de Fotocasa de este mismo mes. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha asegurado que este es un "plan urgente y de choque" para que "cuanto antes" los madrileños tengan a su disposición más vivienda asequible.

Con esta medida aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno regional, se podrá realizar el cambio de uso solo mediante licencia, con un plazo de dos años para solicitarla desde la entrada en vigor de la ley, que ahora pasa al trámite parlamentario en la Asamblea de Madrid. Y con un máximo de tres años para ejecutar la obra. En cualquier caso, serán los municipios, ha explicado García, quienes decidan si quieren aplicar la normativa en sus municipios de manera "total" o solo "parcialmente", de forma que afecte únicamente a algunos barrios.

Efectos de la ley

La transformación a viviendas de protección pública se podrá hacer tanto en parcelas vacantes como en edificios ya existentes, siempre que se aplique a toda la estructura. El objetivo es que en aquellas zonas donde la promoción y alquiler de oficinas no esté siendo rentable o de interés para los propietarios, estos puedan encontrar una alternativa de negocio que a su vez favorezca el incremento del parque de vivienda protegida en la región en un momento en el que la construcción de nuevos pisos avanza, pero tardará aún en estar disponible en el mercado.

El Gobierno madrileño estima que la Ley se podrá aplicar para liberar 1,8 millones de metros cuadrados de oficinas para su transformación en un total de 20.000 nuevos pisos en municipios de la región, según informe 'The Office Property Telescope', elaborado por equipo de Real Estate del área de Estrategia y Transacciones de la consultora EY el pasado verano.

Uso de las viviendas al terminar el periodo de protección

El plazo para esta conversión será de 15 años, y al día siguiente de que pase ese periodo de vivienda protegida, los pisos no volverán a su uso original, sino que "se podrá seguir utilizando con fines residenciales", según ha confirmado García. El uso posterior a ese periodo protegido ha generado algunas suspicacias en el sector privado desde que se dio a conocer el anteproyecto, puesto que al comienzo se dejaba en el aire qué pasaría con estos edificios, a expensas de la calificación que quisiera darle el equipo municipal de turno. Las quejas por parte del sector llegaron porque tienen que hacer una inversión para convertir las oficinas en viviendas y querían tener claro qué ocurriría pasado ese plazo de 15 años.

La medida supone una simplificación de los trámites que el Gobierno defiende que servirá para facilitar el acceso de los madrileños a la vivienda protegida. El Ejecutivo calcula que con la exención de los planes especiales para que las parcelas calificadas como equipamientos puedan albergar viviendas, el plazo de construcción se reduce casi un año. Asimismo, la ley permite reducir el número de aparcamientos obligatorio en las viviendas de protección, pasando de dos a una, pero esta es una decisión que deja en manos de cada ayuntamiento