La ley de Ayuso para combatir el consumo de derivados del cannabis prohibirá su venta a 300 metros de los colegios

La Comunidad de Madrid ha avanzado algunos detalles del contenido que tendrá la futura ley con la que Isabel Díaz Ayuso pretende combatir el consumo del cannabis y sus derivados entre los jóvenes. Siguiendo la estela de lo que ocurre con la ley del juego, el Gobierno regional limitará el acceso a estos productos entre los menores reduciendo su publicidad y alejándolo de los espacios infantiles, aunque a falta del desarrollo de la norma de momento lo anunciado es más laxo.

Ayuso ha avanzado que se prohibirá la venta de productos derivados del cannabis a 300 metros de los colegios e institutos (la distancia mínima entre los salones de juego o casas de apuestas y los centros educativos es de 100 metros). La Comunidad de Madrid no tiene aún un registro de establecimientos en los que se venden estos productos, según fuentes del Gobierno regional, y señalan que se están enfocando en el "marco regulatorio" cuando se pregunta qué tipo de régimen sancionador tienen previsto para quienes incumplan con esta medida.

El Consejo de Gobierno ha iniciado esta semana la tramitación para modificar la Ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos vigente desde 2002, autorizando su publicación en el Portal de Transparencia para consulta pública. A mediados de mayo Ayuso anunció que su Gobierno estaba trabajando en este texto, centrando el tiro en los productos derivados del cannabis, como el CBD que se vende en algunas tiendas en forma de aceite para vapear, caramelos, snacks infusiones y otros, porque entiende que su consumo es "perjudicial para la salud" pero también una manera de iniciarse en el consumo de otros estupefacientes y es donde ha encontrado un espacio en el que regular con las competencias autonómicas. El problema es que en España no existe un marco regulatorio nacional para la comercialización de estos productos de CBD, y la Comunidad de Madrid tiene a su vez unas competencias muy limitadas en consumo, de modo que la iniciativa autonómica tiene algunas limitaciones.

Prohibición de venta a menores

El Gobierno regional ha avanzado que su intención es incluir en la ley la prohibición de la venta de estos productos a menores de edad "en cualquier establecimiento a través de máquinas expendedoras, dispensadores, móviles, portátiles ni sucedáneos ni derivados". Aunque según explica la propia Comunidad, la modificación de la norma en la que trabaja la Consejería de Sanidad implicará una "adecuación" a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada en 2023, que ya establece "la prohibición de vender a los niños sustancias perjudiciales y nocivas para su organismo".

Con el objetivo de reducir la demanda, la idea es que también van a limitar su publicidad y su patrocinio. El objetivo es que no se asocie el consumo de estos productos "con un falso rendimiento físico laboral o beneficio alguno para la salud”, según la propia presidenta.

Plan integral y batalla política

No se conocen aún más detalles, pero en la Comunidad lo integran dentro del plan integral contra las drogas que la presidenta anunció en sede parlamentaria la semana pasada y que comenzará a ejecutarse después del verano con campañas publicitarias para advertir de los perjuicios del consumo de las drogas y estos productos para la salud.

Ayuso inició esta cruzada contra las adicciones al inicio de su legislatura, pero ahora se convierte también en una batalla política, puesto que sirve al Gobierno regional para presentar sus medidas en contraposición a las iniciativas del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, que ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de preparados de cannabis, aun en fase de consulta pública. Ayuso considera que con esta norma se regulariza el consumo de esta sustancia y ha acusado en las últimas semanas al Gobierno de "fomentar" así el consumo de drogas. Aunque una cosa es el acceso libre y otra el medicinal, defienden en el Ministerio, que se prevé con prescripción médica y limitaciones.