El plan de Ayuso contra la okupación se salda con 15 contratos de agua bonificados en año y medio

En junio de 2022, Isabel Díaz Ayuso anunció un teléfono de consulta para los ciudadanos que tuvieran problemas de okupación de vivienda. Cinco meses después, amplío su plan antiokupas en la Comunidad de Madrid ofreciendo a quienes se vieran en esta situación la bonificación de las facturas del agua en las viviendas usurpadas. Ella misma ha reconocido que "la Comunidad no tiene competencias en materia de seguridad", eso es cosa del Gobierno central, aunque solo puede actuar con denuncias previas. "Pero no por eso nos resignamos", decía. El ejecutivo autonómico no puede desalojar a los residentes de ningún inmueble, así que Ayuso puso en marcha estas dos iniciativas para responder a este problema que el PP ha situado como prioridad en su agenda, tanto a nivel autonómico como nacional.

Se decía entonces que el problema de la okupación en Madrid alcanzaba a algo más de "4.300 viviendas", aunque estos son datos orientativos según las fuentes consultadas. El Ministerio del Interior indica que en 2023, los "hechos conocidos por allanamiento/usurpación de inmuebles" en la Comunidad de Madrid sumaban 1.516. Casi dos años después de la puesta en marcha de estas dos medidas el número de denuncias realizadas a través de estas iniciativas es mucho más reducida.

Bonificación por valor de 7.700 euros

Ayuso dijo en sede parlamentaria que bonificaría las facturas del agua, algo que compete al Canal de Isabel II, a quienes reclamaran por okupación y que pedía a las empresas de suministro de luz y gas que buscaran alternativas similares. Pero las llamadas de auxilio a la Comunidad para recuperar ese dinero no han sido tantas. Las familias que se encuentran en esta situación se ven obligadas a seguir sufragando estos gastos, aun no siendo los consumidores reales, porque cortar el suministro podría suponer un delito de coacciones hacia los nuevos inquilinos. Desde que entró en vigor la iniciativa en octubre de 2022 hasta el 31 de mayo de 2024, el Canal de Isabel II ha bonificado 15 contratos, es decir, que 15 viviendas ocupadas ilegalmente han sido recompensadas por tener este problema. El importe global de las facturas de todas ellas ha sido de 7.719 euros.

Por su parte, el 112 Ocupación empezó con apenas unas llamadas al día al poco de empezar a funcionar, el 23 de junio de 2022. Hasta la fecha, según los datos facilitados por la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior, esas llamadas han ascendido hasta 3.106. Son personas que han solicitado información sobre este problema, pero no necesariamente porque lo estén sufriendo, sino para informarse y saber qué hacer en caso de que se vean afectados. De todas ellas, solo 185 han sido para atender a madrileños que están "con una ocupación en curso".

En este teléfono la Comunidad lo único que hace es ofrecer una respuesta unificada sobre los recursos de la administración para solventar el problema, desde servicios sociales a actuaciones judiciales o policiales, pero es el ciudadano el que tiene que tomar después la iniciativa para denunciar o hacer lo que corresponda en cada caso. Desde la Consejería aseguran que gracias a este servicio se han podido evitar hasta en 34 ocasiones la ocupación de una vivienda o desalojar la misma y también que 324 personas han solicitado ayuda porque el inquilino se había quedado en el domicilio sin pagar el alquiler. Pero este es un caso distinto.

Regularización de vivienda protegida okupada

Precisamente, el Gobierno regional ha regularizado en los últimos años a los inquilinos de algunos de los 24.890 pisos protegidos de la Agencia de Vivienda Social (AVS). La Comunidad es una de las mayores tenedoras de inmuebles y en 2015 se aprobó una ley para poder regularizar - hasta el 31 de diciembre de 2022- a algunos de los inquilinos ilegales. Todas las peticiones recibidas, 3.504 se estudiarion, aunque solo 1.175 han sido finalmente regularizadas.

Este es uno de los asuntos por los que la Delegación del Gobierno de Madrid mantiene un enfrentamiento con la Comunidad. Precisamente la okupación de algunas viviendas protegidas, que son o han sido en algún momento propiedad de la AVS, y los problemas de violencia y drogadicción que los acompañan ha llevado al delegado a pedir reuniones para atacar la "emergencia social" de las familias que vivien en estas viviendas.

Problema de okupación en Madrid

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Diego Cruz, se remite a este problema con las viviendas públicas para criticar que cuando PP y Vox hablan de okupación "no distinguen" las distintas situaciones que se pueden dar en torno a este asunto. "¿Por qué no denuncian la okupación en sus propias viviendas?", se pregunta. "No hay un problema de okupación en Madrid", dice, sino "problemas de okupación" individuales. No se puede tratar igual la okupación de viviendas vacías que pertenecen a bancos o al sareb "en los que hay que intervenir tras una denuncia" que a los inquilinos o propietarios de viviendas donde "se extorsiona" por otros problemas asociados, explica.

Cruz pidió los datos de bonificación de facturas de agua hace ya varios meses, en octubre de 2023. Entonces solo obtuvo los datos de los seis primeros meses de aquel año, ya que la Comunidad reconocía que en 2022, a pesar de haber entrado en vigor en octubre de aquel año, no tuvieron nignuna reclamación.

"No nos oponemos a esta bonificación de situaciones particulares", tampoco a que se tomen medidas para evitar este problema, dice en conversación con este diario. Pero sí critica que hay "mucho de publicidad" en estas medidas antiokupación de la presidenta madrileña y que las reclamaciones y denuncias recibidas por la Comunidad (fueron 5 por 245 euros en el primer semestre de 2023 cuando él recibió los primeros datos) apuntan a que "había mucho ruido" o "algo está fallando" si la emergencia existe como dice el PP y la gente no reclama. Su conclusión es que" el número de viviendas okupadas no se corresponde con el gran problema del que habla Ayuso", aunque señala que "basta que haya uno para que se intervenga".