El TSJM admite a trámite un recurso de Fuenlabrada para frenar las obras del centro de menores de La Cantueña

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada contra el contrato de emergencia aprobado por la Comunidad de Madrid para acondicionar el edificio de La Cantueña para un centro de acogida para menores no acompañados. En un breve auto, el TSJM pide al Gobierno regional que remita el expediente administrativo con el fin de que este sea trasladado al Consistorio fuenlabreño, que desde un primer momento ha mantenido que la actuación del Gobierno regional en este proceso es "un abuso de derecho".

Además, el TSJM ha acordado abrir una pieza separada para estudiar la solicitud por parte del Ayuntamiento de la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución del contrato recurrido y, por lo tanto, la paralización inmediata de los trabajos que se llevan a cabo en La Cantueña.

El Ayuntamiento presentó este recurso después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid acordara hace dos semanas mantener la suspensión del decreto municipal que paralizaba en un primer momento las obras de rehabilitación de La Cantueña para habilitar un macrocentro para menores inmigrantes. De esta manera, el juzgado avalaba la continuación de las obras de rehabilitación La Cantueña que inició hace ya un mes el Ejecutivo regional al considerarlas beneficiosas ante "un contexto de intensificación de presión migratoria y falta de recursos", rechazando el decreto municipal de paralización del Ayuntamiento.

En su auto, el juez consideraba que, desde la perspectiva de la ponderación de los dos tipos de intereses generales en conflicto en este asunto, había de "considerarse prevalentes los de la Comunidad de Madrid", sobre los del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Así, consideraba que prevalecía el interés de "la puesta en marcha de un centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados en un contexto de presión migratoria en alza y de recursos desbordados", sobre la posición del Consistorio fuenlabreño, que "se identifican con la preservación de la normativa urbanística municipal".

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Además, aseguraba que la suspensión del decreto de paralización y precintado de las obras por parte del Ayuntamiento "no causa perjuicio para el interés general", ya que en el edificio sito en el Cerro de La Cantueña "no se lleva a cabo actividad alguna desde hace décadas, presentando un estado de deterioro global que en este momento impide que pueda ser utilizado para cualquier fin".

"No existe, por tanto, ningún uso público del espacio que se pueda ver comprometido por el acometimiento de las obras. Por el contrario, la continuidad de las obras se juzga beneficiosa para el interés general dado que permitirá proporcionar asistencia básica vital a unos menores en situación de desamparo material", añadía.

Por último, insistía en que "en el hipotético caso de que se determine que la propiedad del espacio debe revertir al Ayuntamiento de Fuenlabrada, éste recibiría un inmueble remodelado y en condiciones de utilización considerablemente mejores que las que ahora presenta".

Alegaciones

Esta respuesta del Juzgado se producía después de que el propio juez obligara al Consistorio a levantar el precinto de las obras que la Comunidad de Madrid inició en La Cantueña para rehabilitar el espacio como un centro de menores inmigrantes, sobre el que "hay abierto un expediente de reversión".

Desde el Ayuntamiento han insistido desde un primer momento en sus alegaciones que, por un lado, "existe un expediente para la reversión del espacio" de La Cantueña, lo que "recomendaría la paralización de las obras hasta que quede clara la titularidad de los terrenos y del inmueble de La Cantueña".

Por otro lado, el escrito del Consistorio cuestionaba "la urgencia de dichas obras alegada por la Comunidad de Madrid", ya que "la administración regional no ha acreditado en ningún momento fechas concretas para respaldar dicha urgencia y se basa solamente en ideas y pronósticos hipotéticos".

Además, en sus alegaciones el Ayuntamiento fuenlabreño mantenía que la actuación del Gobierno regional es "un abuso de derecho" que se realiza "a sabiendas de que se encuentra viciada de una eventual vulneración del ordenamiento y del Convenio" de cesión del espacio de La Cantueña.

El portavoz del Ejecutivo de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, se ha referido al asunto al término del Consejo de Gobierno. "Al Ayuntamiento de Fuenlabarada, y de forma particular al alcalde, no le gustan las resoluciones judiciales que no le dan la razón y lo intenta de otra manera", ha respondido a preguntas de los periodistas. Sobre la pieza separada para estudiar la paralización de las obras ha recordado que ya un juez consideró la medida cautelar y no paralizó las obras, "con lo cual entendemos que en esa línea se actuará".

"Lo que tiene que hacer el alcalde de Fuenlabarada", ha añadido, "es acatar las resoluciones judiciales, dejar trabajar a otras administraciones públicas y pedirle al presidente del Gobierno que frene el caos migratorio al que está sumiendo a nuestro país".