POZUELO DE ALARCÓN
El cierre inesperado de los centros Únicos en el Centro Comercial Zielo deja a los clientes en el limbo
Este cierre se enmarca en una crisis financiera mayor que afecta a la cadena de depilación y medicina estética, controlada mayoritariamente por Azucena Rubio y Jorge Cabrero
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Los centros Únicos en crisis: cierran su sede en Pozuelo de Alarcón sin avisar / ARCHIVO
Clara Domínguez Pacho
La franquicia de Centros Único, ubicada en el Centro Comercial Zielo en Pozuelo de Alarcón, ha cerrado inesperadamente, dejando a numerosos clientes con bonos pagados sin consumir.
Este cierre se enmarca en una crisis financiera mayor que afecta a la cadena de depilación y medicina estética, controlada mayoritariamente por Azucena Rubio y Jorge Cabrero, y participada por la gestora Oquendo Capital.
Una Crisis Financiera que Sacude a la Cadena
Centros Único, una de las firmas de depilación más importantes de España con más de 130 centros en el país, ha solicitado el concurso de acreedores tras no poder cumplir con el plan de negocio acordado con la banca en febrero.
La compañía ha iniciado un proceso para encontrar un comprador para su unidad productiva y podría enfrentar una nueva reducción de personal, tras haber aprobado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 274 personas a principios de 2024.
El proceso de solicitud de concurso está en sus primeras etapas y ahora depende del juzgado designar un administrador concursal.
Los acreedores principales, que incluyen a entidades como Caixabank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y Caja Rural de Navarra, deberán evaluar la situación.
Impacto en Oquendo Capital y Principales Accionistas
La crisis financiera también afecta a Oquendo Capital, que posee un 21% de la compañía y que ha tomado el control de otras empresas en dificultades en los últimos meses.
Los mayores accionistas de Centros Único son Azucena Rubio y Jorge Cabrero, que poseen el 71,8% del capital social a través de Pagardi Investments y Mosea Investments.
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) tiene un 6,1% de las acciones.
La empresa ha sido incapaz de cumplir con los objetivos de su nuevo plan de negocio, elaborado en enero con la ayuda de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Este plan preveía la reducción del número de centros para mejorar la rentabilidad y una reestructuración del personal, con la meta de recuperar las ventas pre-COVID para 2027.
Efectos en Pozuelo de Alarcón
En Pozuelo de Alarcón, el cierre del centro en el Centro Comercial Zielo ha dejado a muchos clientes en una situación difícil.
Los usuarios afectados han informado que la empresa no responde a llamadas telefónicas, la aplicación de citas no funciona y no reciben respuesta a sus mensajes de WhatsApp.
Uno de los clientes afectados comentó a una de las revistas de Pozuelo: "Pagamos por adelantado varios bonos y ahora no sabemos qué va a pasar con nuestro dinero. No hay manera de contactar con ellos para obtener una explicación o una solución".
La situación ha generado indignación y frustración entre los usuarios, quienes exigen una respuesta inmediata y soluciones para los servicios pagados que no han podido utilizar.
Los clientes afectados esperan que la empresa o las autoridades competentes tomen medidas rápidas para resolver esta situación y proporcionar claridad sobre el futuro de sus inversiones en los servicios de Centros Único.
Derecho a cancelar la financiación de los tratamientos
Ante esta situación, FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los perjudicados que presenten su reclamación contra el centro, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones en caso de retrasos o cancelaciones de los servicios contratados.
Además, si los tratamientos se han financiado a través de una entidad vinculada al contrato de servicios estéticos, los usuarios deben presentar una reclamación a dicha entidad financiera, informando del cese de actividad del centro y exigiendo la paralización del cobro de los recibos.
FACUA también aconseja a los afectados solicitar su historia clínica para poder reclamar el crédito de la parte del tratamiento no realizado en caso de que la empresa finalmente entre en concurso de acreedores.
Se recomienda conservar toda la documentación relativa a los pagos y el contrato hasta que hayan recuperado todo el dinero.
Reclamaciones y denuncias
Las personas que deseen interponer una reclamación contra las clínicas de depilación láser y medicina estética Único, especialmente en Córdoba, Canarias y Cantabria, pueden acudir a FACUA para recibir asesoramiento e información sobre los pasos a seguir.
Si algún afectado considera que pudo haber sido víctima de estafa, FACUA recomienda presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Falta de regulación del sector
FACUA critica que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya realizado ninguna modificación de la normativa que regula este tipo de clínicas para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector, especialmente en lo que respecta a los contratos de financiación.
Una de las modificaciones más urgentes sería la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura de estos centros, cubriendo así el riesgo de cierre o quiebra de la compañía.
La asociación recuerda que tras el cierre total de iDental en junio de 2018, se dirigió a la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, solicitando una modificación de la normativa reguladora de los centros sanitarios privados. Entre las medidas propuestas, se incluyen:
- Reforzar los controles de la Administración a estas clínicas.
- Regular las autorizaciones y procedimientos de cierre en las comunidades autónomas que aún no lo hacen.
- Revisar las sanciones a imponer en caso de incumplimientos de la norma.
- Regular la información que las clínicas deben poner a disposición del público, incluyendo la denominación social y comercial, administrador, datos de contacto, procedimiento para interponer reclamaciones, y solicitud de historiales clínicos.
Llamado a la acción
Recientemente, tras los continuos cierres de clínicas dentales y estéticas, FACUA se ha vuelto a dirigir a Mónica García, ministra de Sanidad, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, instándoles a mejorar la regulación de las clínicas sanitarias privadas para reforzar la protección de los usuarios.
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