Luces y sombras en la renovación del CGPJ

Después de más de cinco años de retraso por el bloqueo deliberado, en especial por parte del PP, de la renovación del CGPJ que ha impedido el normal funcionamiento de ese órgano constitucional del que depende la buena marcha del poder judicial, el acuerdo entre el PSOE y el PP para desencallarlo ha de celebrarse como buena noticia. Ahora lo que sería deseable es que esa entente se extendiese a otras instituciones y organismos que también han de renovar miembros como  son la presidencia de RTVE, el gobernador del Banco de España, las presidencia y vicepresidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o las vocalías de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya que dice muy poco del respeto al ordenamiento jurídico y a las instituciones el hecho de que los partidos políticos, sobretodo, los de mayor arraigo y que se declaran abiertamente constitucionalistas, tengan actitudes obstruccionistas.

Sin embargo, más allá del hecho positivo que supone la renovación de los vocales del CGPJ, hay cuestiones de forma que han rodeado el acuerdo y algunos de sus contendidos que merecen una reflexión. Respecto a las cuestiones formales, que el pacto se haya alcanzado bajo la supervisión de la Comisión Europea como consecuencia de una insólita petición del PP, hasta el punto de que la firma ha tenido lugar en presencia de la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, supone una clara minusvaloración de las capacidades del propio PP, del PSOE que parecen necesitar de tutela exterior para pactar asuntos internos. Eso y la circunstancia de que el acuerdo se haya suscrito no en la sede del Congreso o del Senado, que son las instituciones que, de acuerdo con la Constitución, deben proceder a la designación de los miembros del CGPJ sino en Bruselas devalúa nuestra instituciones. Obviamente no se puede ignorar que para que la propuesta prospere es imprescindible el concurso de PP y PSOE, ya que el apoyo de estos partidos es el único que garantiza las tres quintas partes de votos favorables tanto en el Congreso como en el Senado, pero el acuerdo es de las cámaras, no de los partidos y eso no se debe perder de vista.

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En cuanto al contenido resulta altamente preocupante que buena parte del acuerdo sea una escenificación casi pornográfica de la desconfianza existente entre los partidos firmante. Se pactan los nombres de los candidatos a vocales del CGPJ por medio del habitual reparto partidista y que la propuesta se presente conjuntamente al registro de las cámaras al tiempo que se acuerda el nombre de un miembro del Tribunal Constitucional. Asimismo se acuerda impulsar una reforma tramitada por el procedimiento de urgencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que busca fortalecer la independencia de jueces magistrados y Fiscalía General del Estado, de resultados inciertos. Y se establece que todo ello se realizará el mismo día, idealmente se dice, a la vez que se sella el compromiso de que no se presentarán enmiendas si no son pactadas entre ambos partidos. Y asombrosamente se deja por escrito, de manera absolutamente innecesaria porque no debe esperarse otra cosa, ya que así lo establece la ley y ellos mismos reconocen, que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquel que decidan sus miembros. Faltaría más. Pero posiblemente lo más insólito del acuerdo es que PP y PSOE deleguen la potestad legislativa y requieran al CGPJ para que apruebe por una mayoría de tres quintos, eso sí, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial y que la trasladen al Gobierno y a las Cortes, algo que indudablemente excede sus atribuciones y a las de los propios partidos y que supone salto considerable de la idea defendida por el PP de que los jueces elijan a la novedosa idea de que, además, los jueces legislen sobre los jueces.

Por todo ello, celebrar el acuerdo y que el CGPJ vuelva a ser operativo no nos ha de hacer perder de vista que los resultados del mismo, en el sentido de despolitizar la justicia no son evidentes a corto plazo, que el sentido y el impacto de la reforma es imprevisible y que el acuerdo contiene muchos elementos perversos que no solo no favorecen la regeneración democrática sino que vienen a confirmar los abusos partidistas y el desprecio institucional.