Opinión | JUSTICIA
Yo el Supremo
Para los magistrados, aceptar el contenido de la ley de amnistía es como admitir que anteriormente actuaron de modo erróneo
![El Juez Pablo Llarena Conde.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/743f538b-2ea3-4953-ab11-89c31c49a5a1_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El Juez Pablo Llarena Conde. / Joan Puig
Ha pasado solo una semana desde que PSOE y PP suscribieron el pacto para renovar el CGPJ, el que va a garantizar la independencia judicial y va a terminar con la politización de la justicia, según declararon los propios firmantes. Ha pasado solo una semana y se han vuelto a plantear las mismas dudas sobre qué es exactamente lo que guía a algunos jueces a la hora de rebelarse contra las leyes aprobadas en el Parlamento, si es solo la interpretación jurídica de las normas o si se dejan llevar por posicionamientos ideológicos. Se puede entender que a los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo les cueste aplicar la amnistía a aquellos políticos catalanes a quienes condenaron a más de una década de cárcel por sedición y a aquel, huido de la justicia, al que intentan capturar con una orden internacional de detención.
Parece que, para ellos, aceptar el contenido de la ley de amnistía sea como admitir que anteriormente actuaron de modo erróneo, como hacerse el harakiri. No tendría, sin embargo, por qué leerse con esa suspicacia la norma aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Pero si lo ven así, parece claro que puestos a seccionarle el vientre a alguien prefieran cortárselo al Gobierno que abrírselo a sí mismos. Destripar a Pedro Sánchez no les resulta tan doloroso, puede que hasta lo disfruten, mientras que atenerse al contenido de una ley que no les gusta les revuelve las tripas.
Los legisladores, a los que los jueces del Supremo consideran unos blandos (les acusan de "lenidad"), se adelantaron a la interpretación que podrían hacer de la malversación los magistrados y puntualizaron que esa excepción solo se mantendría si hubiera enriquecimiento personal. Nadie ha probado, de momento, un incremento patrimonial de los acusados, pero eso no ha frenado a Yo, el Supremo, ni a la hora de negarse a aplicar la amnistía ni mucho menos a la de enfrentarse a los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo. No parece este el mejor camino para despejar dudas sobre la imparcialidad judicial ni para serenar los ánimos.
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