Financiación de los medios y regeneración democrática

La existencia de una prensa libre, plural e independiente es un requisito fundamental para la democracia. Qua haya libertad de prensa no solo garantiza la libertad de expresión sino también el derecho de los ciudadanos a la información y les permite formarse una opinión acerca de los asuntos públicos. Por ello, el papel que juegan los medios entendidos como actores políticos resulta primordial. Estos no son como los partidos políticos que pretenden gobernar, como los grupos de presión que buscar incidir en el proceso político para que se lleven a cabo políticas favorables a sus intereses particulares o como los movimientos sociales que persiguen intereses generales y buscan cambios en la manera de ejercer el poder. Los medios informan, trasladan su mirada sobre los temas y poniendo el foco en distintas problemáticas las sitúan en la agenda política obligando en muchas ocasiones al poder político a actuar, y además, lo fiscalizan. Cumplen por tanto, funciones muy relevantes para el buen funcionamiento de la democracia.

Es por esta razón que el debate acerca de la financiación pública de los medios que ha introducido Pedro Sánchez en su paquete de regeneración democrática a propósito del asunto que implica a su esposa resulta del todo pertinente. Lo lastimoso es no haberlo hecho antes y que así introducido parezca diseñado más para cortocircuitar a algunos medios que no le son favorables que para emprender una sana reflexión sobre el papel de los medios y su financiación en un sistema democrático. 

De hecho, en cierta medida y salvando todas las distancias, este asunto tiene muchos paralelismos respecto a cuestión de la financiación de los partidos políticos. Estos, concebidos inicialmente como entidades de derecho privado, sobre todo en los sistemas políticos europeos, eran tratados como cualquier asociación y por ello se consideraban merecedoras de dinero público. Más adelante, a medida que se adquirió conciencia de su peculiar naturaleza, esto es, que eran entidades de derecho privado que cumplían funciones en el ámbito estatal y cuyo papel se acabó constitucionalizando, fue imponiéndose la idea de que su financiación, o al menos parte de ella, debía ser pública. Eso sí vinculada a su capacidad para obtener representación y a cambio de una serie de contrapartidas relativas a la transparencia y al funcionamiento interno.

Los medios también cumplen unas funciones básicas para el sistema político pero presentan algunas singularidades.  En España, por ejemplo, existen medios de titularidad pública en el ámbito de la radio y la televisión mientras que la prensa escrita tradicionalmente ha sido de titularidad privada, circunstancia que no ha impendido que también se haya nutrido de cuantiosos recursos públicos por vía directa y/o indirecta través de la publicidad institucional.  Por ello, del mismo modo que se exige a los partidos transparencia como contrapartida a la financiación pública, resulta razonable exigírsela a los medios, a todos,  porque es una manera de que los ciudadanos sepan a qué intereses responden.

De ahí la exigencia que establece el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación de la Unión Europea pretende obligar a lo medios de que informen de sus propietarios, accionistas y de sus vías de financiación, haciendo público el importe anual de los fondos públicos que reciben y de que ofrezcan cifras de audiencia fidedignas, que es precisamente el criterio que debe ayudar a discernir qué medios se financian con dinero público y cuales no. Al fin y al cabo, con la financiación de partidos sucede lo mismo, ya que no se financia a todos los partidos sino solo a aquellos que acceden a la representación, lo que trasladado a los medios se traduciría en que solo deberían financiarse con dinero público aquellos medios con unos determinados niveles de audiencia acreditados. Pero otra cosa muy distinta es la propuesta de Sánchez de reformar la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional con la intención topar la financiación pública de determinados medios por la simple razón de que son hostiles con el poder político.

El debate está viciado de entrada porque no responde a un interés genuino ni del gobierno ni de la oposición acerca de cual ha de ser el papel de los medios y como deben financiarse para que ejerzan sus imprescindibles funciones para el buen funcionamiento de la democracia, además, ahora de como combatir los bulos y la desinformación que propiciada por la emergencia de las redes sociales y de los nuevos medios digitales. Aun así sería deseable que en la tramitación de las iniciativas la discusión se eleve por encima de los intereses partidistas y se aborde la cuestión en toda su complejidad. Eso sí sería trabajar por la regeneración democrática.