Del imperio de la Ley al Estado ausente

Resulta casi imposible entender y, por consiguiente, explicar lo que ha pasado esta semana en nuestro afligido país, donde el grado de delirio malsano al que estamos llegando resulta insoportable, al tener que aceptar todo con normalidad y resignación.

Y eso es así porque la difusión de falsedades y ataques a la verdad encuentran el silencio cómplice de quienes —resguardados en la talanquera del relativismo moral y cultural— representan su principal aliado.

La verdad es un bien decisivo e imprescindible a la hora de formar una sociedad sana y ética, mientras que la mentira destruye la convivencia social. No es posible vivir en la duda permanente sobre toda la información que recibimos.

Y ahí seguimos, entre falsedades a todas luces y verdades a media asta. Con la oposición, de vacaciones.

---

Un huido de la justicia, sometido a una orden de detención por el Tribunal Supremo, ha sorteado la vigilancia, franqueando la frontera, se ha presentado en Barcelona, donde ha dado un mitin a cara descubierta, en un simbólico Arco del Triunfo, donde ha ido escupiendo sus calumnias sobre las estructuras del Estado.

Tras el desahogo, ha vuelto al refugio seguro, en un país amigo y aliado, sin un gramo de épica, un simple acto de escapismo.

A partir de los hechos probados, el relato divergente añade confusión para un cabal entendimiento de lo que ha sucedido, retransmitido en directo a todo el mundo.

No es posible vivir en la duda permanente sobre toda la información que recibimos

Uno se pregunta ¿qué pensarán de este delito, programado y televisado, los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Comisión de Venecia?

Certeramente, Ignacio Varela ha definido lo sucedido como “un cohecho de libro”, que solo es materialmente posible con la complicidad fraudulenta de tres Gobiernos: el de España, el de Cataluña y el de Barcelona.

La complicidad del Gobierno resulta inevitable para explicar que cruzara la frontera sin ser molestado, lanzara impunemente su desafío en una vía pública a la que llegó a pie y emprendiera su segunda fuga con una tolerancia consciente.

El alcalde socialista de Barcelona autorizó el montaje de un escenario, delante del Palacio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que se perpetrara una afrenta a la que una vez más (indultos, eliminación del delito de sedición, suavización de la malversación…) ha sido sometida la Justicia.

¿No tiene nada que decir al respecto el silente baranda del Alto Tribunal, cuando este ha vuelto a quedarse desasistido por los otros poderes del Estado?

Todo ello, aderezado con la caricatura de uno de los protagonistas de este episodio estival, que ve en peligro su fastuosa vida de delincuente.

A quien se ha hecho con el control de casi todas las instituciones del Estado —el otro protagonista— le ha cogido en pleno descanso veraniego, disimulando con un silencio atronador mantenerse ajeno a la tomadura de pelo.

Los pormenores de lo sucedido han sido recogidos con todo detalle por los medios. Unos lo presentan como el cierre de un ciclo en Cataluña, vinculado a la mudanza en el Ejecutivo autonómico; otros optan por presentar el momento histórico, vergonzoso, con un relato más anudado a la realidad.

El recurso colindante de culpar a la seguridad —la autonómica y la del Estado— del incumplimiento de la orden de arresto del fugado, no es más que un subterfugio. En esta ocasión, las evidencias permiten concluir que las fuerzas de seguridad —que gozan del monopolio de la fuerza— han secundado órdenes gubernamentales, en detrimento de resoluciones del tercer Poder del Estado.

Y ahí surge una cuestión ineludible ¿qué le habrán prometido al huido por segunda vez, a cambio de que aparezca sin simultanea detención y ponga pies en polvorosa antes de la investidura? La respuesta cartesiana sería: todo está pactado y se está protegiendo a un forajido en detrimento de la igualdad.

---

Cuando se trata del Estado, en ocasiones, y esta es una de ellas, la apariencia nada tiene que ver con la realidad. ¿Son entonces síntomas de “un Estado ausente”? o más bien ¿"Es la nuestra una democracia de mala calidad”?

Desde que comenzó la tramitación de la Ley de Amnistía ha quedado escrito que existe una "judicialización de la política" y que “el independentismo sufre una persecución por parte de los tribunales, que hacen un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos". El lawfare.

Al insinuarse la posible interposición de querellas por prevaricación, desde el Gobierno contra el “aparato judicial español”, dispuesto a desobedecer la ley, el argumentario ya está trazado. No aplicar la ley de amnistía por los jueces es una prevaricación de libro y el incumplimiento está castigado con pena de prisión en el código penal.

Desde que los magistrados del Alto Tribunal vieron como inaplicable el ‘alivio penal’ al delito de malversación y emergió la querella por prevaricación interpuesta por la abogacía del Estado contra el juez instructor —de la causa abierta a un familiar del presidente— la posibilidad ha dejado de ser una línea roja para pasar a ser una realidad inminente.

¿Podría ser esta la respuesta —como bálsamo de Fierabrás— a la promesa con la que cerrar un círculo virtuoso?

Evitar la detención y el encarcelamiento del proscrito; sacar adelante el gobierno de la financiación singular; instar la querella por prevaricación contra los jueces; poner en marcha la Sala del 61 del TS; vuelta a casa de quien no ha sido enjuiciado y todos a la espera de que el 7/5 del Constitucional —convertido en una prolongación del Gobierno— convalide la amnistía, con este probable enunciado: el razonamiento jurídico de la Sala Penal del Supremo desborda los límites de la lógica jurídica, quebrando el principio de legalidad que no se sostiene, de acuerdo con los parámetros valorativos.

---

Es difícil describir qué ha sido lo peor de todo lo que ha pasado. Estaba descontado que iba a volver, pero nos sorprendió su desaparición, prueba de que le aterra la idea de ir a la cárcel. Si bien es innegable que, un histrión sin grandeza dejó en ridículo a las instituciones, escarneciendo al Poder Judicial y al Estado.

Resulta obvio que estaba pactado de antemano, como se desprende de complicidades que han hecho posible lo que era inimaginable. La normalización se ha basado en la claudicación, esto es, amnistía y financiación.

El Gobierno se ha salido con la suya, quería una investidura sin detención del prófugo, para mantenerse en el poder y ha dejado de cumplir con sus obligaciones, con tal de contentar a los que han puesto precio a un puñado de votos.

Todos han ganado menos el Estado de derecho y el Poder Judicial.

Pero esto no es el final. El Estado es imperecedero y cada uno de los jueces labra su propia biografía.

NdA. Definición de la RAE del Estado de derecho: “Régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder”. Nada más que añadir.