Investigación
Fiscalía elaborará su informe sobre los abusos a menores sin consultar a la Iglesia
Delgado remite un oficio a los 17 fiscales superiores para conocer todos los procedimientos penales en tramitación, lo que permitirá ampliar el estudio que se inició en 2019 de cara a la elaboración de la Ley de Protección de la infancia. La entonces ministra de Justicia solicitó entonces datos al Episcopado, pero no obtuvo respuesta.
El movimiento en la Fiscalía coincide con el debate en el Congreso de la creación de una comisión de investigación sobre este asunto a propuesta de Podemos, ERC y Bildu que ha sido admitida por la Mesa de cámara con el apoyo del PSOE.
![Dolores Delgado, fiscal general del Estado](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5de93b4c-04a9-4af9-a8b4-985b461b8569_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Dolores Delgado, fiscal general del Estado / Miguel Lorenzo
La Fiscalía General del Estado ha decidido entrar en la investigación sobre abusos sexuales a menores de edad en el ámbito de la Iglesia mediante la elaboración de un informe que contendrá toda la información sobre causas penales abiertas de que dispone su departamento, vertebrado en las fiscalías superiores de las 17 comunidades autónomas. Las pesquisas ordenadas se mantendrán de momento en el ámbito judicial y no está previsto requerir al Episcopado dato alguno sobre este asunto, una información que Dolores Delgado requirió siendo ministra de Justicia a las instituciones religiosas en 2019 de cara a la elaboración de la Ley de Protección a la Infancia y que tuvo el silencio como respuesta.
Por el momento, se trata de poner a disposición de la Fiscalía General del Estado una relación de datos sobre los procedimientos penales en curso que permita "una visión global de la situación", y en tan solo diez días, han explicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del Ministerio Público.
Desde este departamento son conscientes el esfuerzo que realizarán las fiscalías territoriales, puesto que el dato específico sobre el ámbito en el que se realizaron las supuestas agresiones sexuales no aparece reflejado en las estadísticas oficiales. La razón es que las aplicaciones informáticas no permiten registrar los datos con esa concreción al reconocer númericamente los abusos o agresiones sexuales contra menores en general. Se pide a los fiscales, por tanto, un trabajo casi "artesano".
"Realidad delincuencial" en los medios
En el oficio remitido a las fiscalías se recuerda que en enero de 2019, con ocasión de los trabajos de elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Infancia y Adolescencia, y como consecuencia de la "realidad delincuencial constatada en los medios de comunicación" y en los procedimientos judiciales en curso, la entonces ministra de Justicia Delgado pidió a la anterior fiscal general María José Segarra información sobre el número y estado de las diligencias abiertas por este tipo de abusos. Concretamente, los cometidos contra menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.
Apenas un mes más tarde se envió, al igual que se ha hecho ahora, oficio a todos los fiscales superiores solicitando identificación de las diligencias de investigación incoadas desde 2018. Este tipo de diligencias constituyen investigaciones preprocesales, es decir, previas a la remisión del envío del caso concreto a un juez.
En este caso se pedía número de etas diligencias que se mantuvieran vivas, año de inicio de las pesquisas y cuál era la fiscalía provincial responsable en cada caso, pero la información no se refería específicamente a casos ocurridos en relación con la Iglesia, sobre "cualquier modalidad de abuso o agresión sexual sobre menores de edad".
Segarra cumplimentó "parcialmente".
En el oficio remitido este lunes se señala que la información requerida en aquella época por la fiscal general Segarra a los fiscales superiores cumplimentó solo "parcialmente la comunicación y los datos solicitados" por el Ministerio de Justicia
Tampoco tuvo suerte Delgado en sus requerimientos al Episcopado en febrero de 2019, pero no tuvo respuesta. Seis meses más tarde, desde esta institución se informó de que la razón era que el Ministerio había pedido datos que no están a disposición de la Conferencia Espiscopal, sino que incumben a las diócesis, las congregaciones religiosas y la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, en el Vaticano.
La cosa quedó así, y ahora Delgado retoma esa investigación ya como fiscal general del Estado con un oficio firmado por el fiscal jefe de la Secretaría técnica, Álvaro García, en el que se señala que "en la actualidad continúa constatándose en los medios de comunicación noticias sobre sucesos de idéntica o similar naturaleza jurídica" a los referidos en la petición que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez hace tres años.
Por ello, y siguiendo instrucciones de Delgado, García solicita a los fiscales superiores que en diez días remitan, por correo electrónico, identificación (número, año y fiscalía) de los procedimientos penales incoados y tramitados en las fiscalías de su respectivo ámbito territorial.
Por primera vez, relacionada con la Iglesia
Igualmente, se pide comunicación de los "procedimientos penales en tramitación" que puedan detectarse por los fiscales en cada territorio, "incoados tanto en sede judicial como fiscal" y que tengan como objeto el esclarecimiento de denuncias o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad. Esta vez se añade la coletilla de la especialización, puesto que la información requerida debe referirse a hechos cometidos "en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa".
La petición de Delgado no coincide en esta ocasión con la elaboración de ninguna nueva ley, sino con la discusión en el Congreso de una propuesta de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para investigar los abusos en una comisión parlamentaria. De momento la Mesa de la cámara baja ha admitido a trámite la petición con el rechazo del PP y Vox, lo que supone un primer paso para su creación.
Fuentes socialistas señalaron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el cauce parlamentario "no necesariamente" debe ser el más idóneo, pero el Ejecutivo, en un comunicado remitido en la noche de este lunes, no lo descarta, informó Ángel Alonso. Según el Ejecutivo las actuaciones de la Fiscalía no agotan las medidas que el Gobierno está estudiando para esclarecer los hechos e impedir que vuelvan a repetirse".
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