"Si vienen los expropiados, quitar las carpetillas": denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid por ocultar información

La abogada interpretada por Emma Thompson en la película 'En el nombre del padre', dirigida por el irlandés Jim Sheridan en 1993, observaba estupefacta como tras la enésima consulta al expediente público de sus defendidos -los cuatro de Guilford-, una nota pegada a uno de los documentos advertía: "No enseñar a la defensa", lo que le permitió dar un vuelco a la situación y ganar el caso. 

La misma estupefacción debió sentir un vecino del oeste de Madrid que desde hace años pleitea con el Ayuntamiento de la capital por una expropiación que afecta a su finca en la zona de Valdemarín y que, tras varias vicisitudes, logró el pasado 1 de febrero acceder a las oficinas municipales para consultar su expediente. Cuál fue su sorpresa cuando, pegado a la carpetilla, un post-it azul señalaba: "Importante. Si vienen a ver el expediente los expropiados (a continuación se citaban sus nombres) quitar del expediente las carpetillas antes de que lo vean".

El vecino mostró su queja a los funcionarios, que se miraban entre ellos sin saber muy bien cómo reaccionar, llamó a la Policía para que levantara atestado y el asunto dio lugar a una denuncia en el juzgado de guardia que ha recaído en de Instrucción número 25 de Madrid, según señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del caso.

DELITO DE HASTA 4 AÑOS DE CÁRCEL

El abogado José Antonio García-Trevijano presentó denuncia por un posible delito de coacciones y de ocultación y manipulación recogido en el artículo 413 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público "que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada". La pena por este delito es de entre uno a cuatro años de cárcel más multa. 

El vecino pleitea desde hace años por la expropiación de un terreno en la calle Valdesquí de Madrid donde se ubica un colegio, el Mater Salvatoris, que dispone de una calle de acceso que el propio Tribunal Supremo, en sentencia dictada en junio de 2013, dictaminó era incompatible con la seguridad vial. Se trata, según su letrado, de un asunto en el que está en juego una supuesta estafa a su cliente que superaría los tres millones de euros.

Tras conseguir cita para ver el expediente, el vecino accedió a la Oficina de Asistencia en Materia de Registro, perteneciente al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Allí, un funcionario le llevó a un despacho cerrado, en vez de al lugar abierto en el que tomaban vista de los expedientes otros ciudadanos, y junto a otro trabajador del Ayuntamiento le fue entregando tomo por tomo.

"Se sentaron frente de él a modo de vigilantes. No le dieron respuesta convincente a su pregunta sobre por qué no podía ver el expediente en el lugar normalmente habilitado para ello, como todo el mundo estaba haciendo", señala la denuncia a la que ha tenido acceso a este periódico. 

Desde el principio, el afectado constató anomalías en los papeles, como el hecho de que hubiera folios cuya numeración estaba tachada con típex y vueltos a numerar, así como la existencia de folios sin numerar. Pero la sorpresa llegó al serle entregado el tercer tomo y abrir su primera página. A la izquierda, pegado al expediente un papel adhesivo azul en el que aparecía escrita a mano la advertencia contra él y la orden de quitar parte de los documentos.

Tras un forcejeo en el que se trató de impedir al ciudadano fotografiar la nota se llamó a la Policía Nacional, que dio cuenta en un atestado de su contenido. "El tema afecta a una expropiación en la que se discuten varios millones de euros, y todo apunta a que el Ayuntamiento está desde luego ocultando -y acaso manipulando- el expediente", añade la denuncia. Según el letrado, es un derecho del administrado interesado el de conocer la documentación pública que le afecta y del que puede extraer tantos datos como precise.

Entre las diligencias solicitadas por los denunciantes, que serán cumplimentadas si la denuncia se admite a trámite, está la aportación por el Ayuntamiento del post-it con la nota manuscrita, que se libre mandamiento a la Policía Nacional para que remita copia del atestado o diligencias practicadas en las oficinas municipales y la declaración como testigos de los funcionarios presentes el día del incidente.

Además de la denuncia, tras lo ocurrido, el vecino solicitó formalmente una cita con el concejal de Urbanismo, cuya oficina contestó que pasaba el asunto al director general de gestión urbanística, Jesús Pascual, que a día de hoy no ha contestado. Igualmente pidió una aclaración sobre el contenido del expediente y que se identificara al autor de la nota, también sin respuesta por ahora desde el Ayuntamiento de Madrid.