Un intermediario de Pegasus facilitó un sistema de espionaje a las 'cloacas' policiales de Rajoy

El empresario israelí Matian Caspy, que según la prensa israelí ejerció de intermediario de la empresa NSO Group, -la propietaria del sistema de espionaje Pegasus-, también suministró a las 'cloacas' de la Policía del Gobierno de Mariano Rajoy un sistema que permitía irrumpir en los teléfonos y dispositivos móviles sin dejar rastro.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tenido acceso a una carta de invitación enviada el 31 de julio de 2014 por Caspy, uno de los propietarios de la firma Rayzone Group, dirigida al entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, en la que la firma israelí fijaba una cita para el 11 de agosto del mismo año con la intención de realizar "una prueba de campo" que incluía "una demostración en vivo de un sistema GSM pasivo táctico", especifica la misiva. Otro documento apunta que la entrega del material, que debía ser introducido por el Aeropuerto de Barajas, iba a realizarse en un hotel de Barcelona.

El escrito del directivo de Rayzone también pone de manifiesto que la firma israelí realizaba este ofrecimiento tras los "encuentros" y "demostraciones" que habían mantenido en fechas anteriores con la cúpula policial liderada por Eugenio Pino, que está procesado en la Audiencia Nacional por ser presuntamente uno de los responsables del espionaje que realizaron las cloacas policiales en 2013 al extesorero del PP Luis Bárcenas, que en esas fechas amenazaba con implicar en el caso Gürtel a los dirigentes del partido entonces liderado por Mariano Rajoy.

Matian Caspy habría ejercido de intermediario desde 2010 para la venta del sistema Pegasus al Gobierno de un país, según relata una información publicada en Israel, que apunta también que este informático y su empresa Rayzone logró cobrar un 60% de la comisión por una venta del sistema de espionaje, en la que también habría participado un empresario al que se vincula con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Asuntos Internos

En España, la venta presuntamente fraudulenta a la cúpula policial del Gobierno de Rajoy se dio a conocer gracias a la denuncia que presentó el 31 de octubre de 2017 el que fuera jefe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Marcelino Martín-Blas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, en el seno de la investigación que se realizó al constatar que agentes del

Centro Nacional de Inteligencia

(CNI) habían sido grabados sin orden judicial. Y en su denuncia el comisario principal aportaba documentos que apuntaban a la compra subrepticia de esta tecnología de espionaje.

Este comisario principal aseguró en su denuncia que tanto Eugenio Pino como su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, disponían desde 2014 de la tecnología suficiente para poder interceptar y grabar conversaciones e información de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos "sin autorización judicial como consecuencia de habérsela adquirido a la empresa israelí Rayzone Group", relata el escrito firmado por el abogado Antonio Alberca.

Este letrado aportó la documentación que un funcionario policial había recibido desde las cuentas profesionales de Pino y su 'número dos' que previamente había sido remitida por la empresa israelí que se encargaba del presunto espionaje. Y según el letrado del abogado de Martín-Blas, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014 el inspector Fuentes Gago, "a los efectos de no dejar rastro de las conversaciones entre la cúpula policial- y la empresa Rayzone Group LTD, que se mantenían para adquirir tecnología destinada a interceptar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos", le pidió a un funcionario que descargara en un USB una documentación que se adjuntaba como borrador en un correo electrónico privado de Google. De esta forma, evitaban que la documentación pudiera ser interceptada en internet.

En un hotel de Barcelona

Entre la información que el funcionario aseguró haber recibido se incluía la carta remitida por Matian Caspy a Eugenio Pino, pero también un escrito dirigido a la empresa Rayzone en el que se pone de manifiesto que la cúpula policial estaba al tanto de la compra fraudulenta del material: "Como continuación a la conversación mantenida en el día de ayer, nuestros jefes nos piden que os informemos de lo siguiente: quieren mantener una reunión el día 3 de septiembre para ver resultados y poder informar, igualmente ellos de los resultados a sus superiores".

Después, el escrito alude a los supuestos abonos que las cloacas policiales iba a realizar para obtener el material para el espionaje: "El pago del día 6 se hará como acordemos por este medio, en la cantidad de 90. El pago del día 15 será de 15 y no de 35. Los 20 restantes se entregarán el día 3 en la reunión que mantengamos".

Y, finalmente, el documento aportado al juzgado madrileño informaba de cómo se tenía que llevar a cabo la operación: "Nos dicen que para pasar el material de forma segura, se ha de utilizar el Aeropuerto de Madrid y después llevar el material a Barcelona. El hotel en Barcelona, sin problemas. Solamente nos tenéis que decir cuántas personas vienen y cuántos días, así como las fechas".

Este escrito, según el exjefe de Asuntos Internos, daba a entender que la compra de la tecnología a la empresa israelí había sido finalmente aprobada y que iba a ser introducida de forma "subrepticia" en España. Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de 10 años de cárcel en una pieza separada del caso Villarejo para el exjefe del aeródromo madrileño Carlos Salamanca por permitir la entrada de forma irregular de ciudadanos de Guinea Ecuatorial a cambio de regalos de alto valor económico.

Anotaciones de Villarejo

La publicación el 31 de octubre de 2017 en el diario El Paísde la denuncia interpuesta por Marcelino Martín-Blas en el Juzgado de Madrid contra Eugenio Pino por contratar a la empresa de espionaje israelí tuvo su reflejo en la agenda de Villarejo, que según explican fuentes del caso a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA usaba como guía de sus grabaciones.

En concreto, el comisario jubilado escribió: "Pino: llamó por noticia de El País dónde dice [el periodista] Ayuso que Marcel [Marcelino Martín-Blas] aportó la factura de la compra de un equipo de control de teléfonos". Un poco más abajo, en relación con el entonces número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, a quien identifica con el apodo de "Chisco", redacta: "Sobre datos de la compra de equipos. No ha contestado a mi mensaje". En octubre de 2017, Francisco Martínez ya llevaba un año fuera del Ministerio del Interior.

Sin embargo, la petición del exjefe de Asuntos Internos no convenció al fiscal Alfonso San Román, -que investigaba la grabación irregular al CNI-, a imputar a Eugenio Pino y a su 'número dos'. Y no les llamó a declarar, pese a que un informe del Centro Criptológico Nacional, un organismo dependiente del propio CNI, consideraba posible técnicamente que uno de los teléfonos policiales que habría sido atacado tuviera instalada "una aplicación dañina y que esa aplicación u otra haya borrado todo vestigio de la misma. Es una posibilidad técnica que desconocemos si fue o no utilizada porque, como ya se ha dicho, no hay rastro alguno".

El fiscal llegó a defender la compra del material para espiar, dando por hecho que habría sido utilizado bajo supervisión judicial: "El hecho de que el Cuerpo Nacional de Policía compre un concreto software, si finalmente esto pudiera acreditarse después de la práctica de las diligencias que se solicitan, no es, en sí mismo, ningún delito. La utilización de ese software por la Policía para el cumplimiento de sus funciones y conforme a los requisitos legales, tampoco lo sería", concluía.