Rebaja de penas
El CGPJ se enreda con los datos del "sólo sí es sí" y evidencia una nueva fractura entre sus vocales
La Comisión Permanente estudia mañana dotar de un letrado al Observatorio para analizar los datos, lo que según un sector del órgano se ve como un intento de retrasar y rebajar el impacto de la información oficial
![Imagen de un pleno del CGPJ presidido por Rafael Mozo.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/892b895c-e92a-4609-8dae-047308b49e4b_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Imagen de un pleno del CGPJ presidido por Rafael Mozo. / EP
La recopilación de los datos oficiales de rebajas de condenas a agresores sexuales por la denominada ley del 'sólo sí es sí' por parte del Consejo General del Poder Judicial está evidenciando una nueva fractura entre los sectores conservador y progresista de este órgano. Ambos que se acusan mutuamente de filtrar o de buscar rebajar el impacto de la información que les está llegando desde que el pasado 9 de febrero se acordó entrar en el asunto.
Así lo señalan diferentes vocales consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en lo que parece ser un nuevo capítulo de la 'descomposición' reconocida por no pocos de los integrantes de un Consejo que está cerca de cumplir cuatro años y medio en funciones y cuatro meses sin unas pautas de actuación claras tras la dimisión del presidente Lesmes.
Tras el escándalo por el bloqueo durante meses en los nombramientos para los magistrados del Tribunal Constitucional llegó el envío de dos versiones diferentes a la UE para su informe sobre la Justicia en España. Ahora, la gestión de los datos de rebajas de condenas que está propiciando la ley impulsada por la ministra Irene Montero está siendo un nuevo motivo de conflicto.
Según fuentes del sector progresista, aún no han llegado todos los procedentes de la Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, y a pesar de ello el lunes por la noche se filtró a diferentes medios que la cifra de las rebajas alcanzaba las 646 y que las excarcelaciones ascendían ya a 65. Tan sólo un día después, varios medios elevaban dicha cifra a más de 700 sin que el órgano haya confirmado oficialmente ninguno de estos datos.
"En la prensa se están leyendo dando datos que no estan homologados ni son oficiales del Consejo, sino una vision parcial y sesgada intencionada de un sector", señalan fuentes del sector progresista, que añaden que la intención es facilitar datos en bruto que computan rebajas que obedecen a supuestos diferentes para hacer el máximo daño al Gobierno. Añaden que el presidente suplente, Rafael Mozo, ha dado instrucciones de que no se den a conocer públicamente hasta tenerlos todos y que pudieran ser analizados por la Comisión Permanente.
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS
Por ello la Comisión Permanente tratará el asunto con el fin de aprobar, según las mismas fuentes, un "mecanismo de evaluacion y analisis" de los distintos casos y recursos asi como de su tratamiento, para que la información pública que acabe el Consejo refleje la realidad de la forma adecuada.
"Unos quieren seguir utilizando el Consejo como punta de lanza en su lucha contra el gobierno, y la ley del 'sólo sí es sí' les sirve, además, para incidir en las diferencias entre los socios", comenta otra de las vocales consultadas.
Por el momento, lo único que se llevará a la sesión de este jueves será dotar de un letrado y un administrativo al Observatorio contra la Violencia de Género para ayudar en la recogida y tratamiento de la información que está llegando desde los órganos judiciales. Se trata de un refuerzo que va en la línea del anuncio realizado a principios de este mes para que la Comisión Permanente provea al Observatorio de los "medios materiales y personales necesarios para realizar esa labor."
Para el otro sector del Consejo, sin embargo, esta postura no busca más que retrasar la puesta a disposición del público de la información y rebajarla en consonancia con los intereses del Gobierno mediante la parcelación de los datos en diferentes conceptos, evitando así una cifra total elevada.
Para ello citan un mensaje subido ayer a la red social Twitter por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, que iría en el mismo sentido. "Tras descubrir el derecho transitorio y las horquillas de penas, algunos caerán hoy en lo que son sentencias firmes. Han estado computando las que no lo eran", señalaba Rosell, citando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de revocar una rebaja de condena concedida incialmente por la Audiencia Provincial de Zamora por una violación.
PRESIÓN PARA QUE LOS DATOS SALGAN YA
"Están pasando una mezcla de cosas, y no todas buenas", reconoce a este periódico uno de los vocales del sector conservador, que añade que mañana tratarán en la Permanente que se proceda a una comunicación oficial de los datos de los que ya se dispone. "La información tiene que ser oficial y universal -añade este vocal,- y eso es lo que hay que hacer". Fuentes del Observatorio, donde está llegando la información de los órganos judiciales, añaden que ya se está "casi a falta de los que sigan revisándose".
Todo ello parece aventurar que la Comisión de mañana acogerá esta tensión sobre el momento y la forma de gestionar y trasladar los datos a la opinión pública. Los términos concretos de la discusión se desconocen, pues el orden del día de la Comisión no había sido publicado este miércoles en la web del Poder Judicial.
"Los datos ya se conocen, y no ofrecerlos o pretender que no se filtren puede llegar a resultar ingenuo", llegan a señalar fuentes de este grupo, que entienden que la información debe ser puesta ya a disposición de los ciudadanos con independencia de que luego puedan realizarse los análisis que se consideren oportunos
La realidad es que la ausencia de números oficiales dificulta hasta el momento lograr una visión global del impacto de la ley de garantía integral de la libertad sexual puesto que muchos tribunales superiores y audiencias provinciales no facilitan datos concretos a la prensa, ya que no tienen obligación de hacerlo. Entre ellos encuentran órganos con gran volumen de asuntos, como son los de las cuatro provincias catalanas o la Audiencia Provincial de Sevilla.
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