MONCLOA Y LA GUARDIA CIVIL
Pedro Sánchez forzó la dimisión de Gámez en la Guardia Civil por temor al desgaste en año electoral
Moncloa dio la instrucción precisa de que la directora de la Guardia Civil fuera relevada de su puesto por un caso que vigilaban de cerca desde hacía un mes
Desde Presidencia avisan de que cualquier escándalo de corrupción será cortado de raíz ante el más mínimo indicio que pueda contribuir al desgaste electoral
![Archivo - La ex directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en un acto en Cantabria](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7d7e5981-b822-4117-9fcf-94f3c1e59a4b_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Archivo - La ex directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en un acto en Cantabria / CÉSAR ORTIZ / EUROPA PRESS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó de forma directa que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, presentara su dimisión tras conocer que su marido, Juan Carlos Martínez, estaba siendo investigado en una causa de malversación de fondos públicos de la Junta de Andalucía. Es un aviso de que en tiempo electoral, señalan fuentes del Gobierno, la exigencia va a ser "máxima" y no se va a dejar pasar ningún escándalo que pueda poner en dificultades la campaña.
Fue Moncloa quien pidió un paso atrás de Gámez, que este miércoles compareció de forma pública y sin preguntas para dar cuentas de su dimisión. El Ministerio de Interior se limitó, explican fuentes próximas a la dimitida, a trasladar a Gámez la solicitud que llegaba de la presidencia del Gobierno, con gran coste para el propio ministro Fernando Grande-Marlaska, que la despidió como “la mejor directora de la Guardia Civil de la historia”, señalando que su dimisión era “injusta pero necesaria”.
El caso que afecta al marido de Gámez salió a la luz pública el pasado 28 de febrero, publicado por ‘Abc’ en Andalucía. Desde entonces entró de nuevo en el radar del equipo del presidente del Gobierno que, según ha podido saber este periódico, ya pidió explicaciones a la entonces responsable de la Guardia Civil. El caso investiga si Juan Carlos Martínez recibió dinero de empresas de su hermano, Bienvenido Martínez, que cobró más de 1,36 millones de euros de fondos públicos de la Junta de Andalucía entre 2007 y 2011 a través de distintas empresas. No era la primera vez que estaba bajo lupa judicial.
En ese primer auto, el juez José Ignacio Vilaplana, instructor del caso ERE, investigó por delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales al cuñado de Gámez, al frente de las empresas que recibieron los fondos públicos. No fue más allá aunque sí requirió numerosa documentación a la Agencia Tributaria en auxilio judicial para rastrear si el dinero se movía de la empresa de Bienvenido Martínez a la de sus hermanos. El problema llegó con una providencia que salió de ese mismo juzgado el pasado 16 de marzo, jueves, y que llegó a manos del marido de la directora de la Guardia Civil el lunes 20 de marzo, según ha podido saber este periódico. Ese escrito judicial sí que señalaba que, a la espera de más información, Juan Carlos Martínez y Manuel Martínez, ambos hermanos de Bienvenido, pasaban a ser investigados en la trama, aun señalando que el momento no habrá ninguna citación para que declaren a falta de la documentación requerida.
Sin resistencias
Desde la Presidencia del Gobierno se ordenó la dimisión de Gámez, que no puso, confirman varias fuentes, "ninguna objeción" y ha facilitado su retirada. Ella misma compareció para asegurar que dimitía por “honestidad y responsabilidad” y para proteger a su familia y a la Guardia Civil.
El caso Cuarteles, destapado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA junto a otros diarios de Prensa Ibérica, situaba ya el foco de la corrupción en algunos miembros de la Guardia Civil, señalando a altos mandos en la adjudicación sospechosa de obras y reformas en cuarteles de toda España. Ese caso surgió del caso Mediador, que ha tenido al PSOE contra las cuerdas varias semanas, al destaparse una turbia trama que afectaba al exdiputado socialista, el canario Juan Bernardo Fuentes, el llamado ‘Tito Berni’. "Ha sido una tormenta perfecta", "todo suma", señalan fuentes del Ejecutivo.
Vigilancia de cada caso
Desde Moncloa dejaron claro que no iban a permitir que ningún escándalo de corrupción descontrolara la agenda o manchara la intensa precampaña electoral en marcha en un año con municipales y autonómicas en mayo y generales previsiblemente en diciembre. El equipo más directo del presidente ‘monitoriza’ todos los escándalos y trata de controlar su detonación, tal y como ha hecho con la exdirectora de la Guardia Civil. De hecho, la información de la imputación del marido de la exdirectora del instituto armado se recibió el día de la moción de censura y se ‘programó’ su detonación la jornada siguiente, cuando ya se había amortizado las intervenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero sin dar tiempo a que se publicara en algún medio de comunicación antes de que Gámez diera ese paso atrás y sin titubeos.
El marido de la exdirectora de la Guardia Civil ha pasado por varios casos en los juzgados de Sevilla aunque nunca hasta ahora había sido imputado. Juan Carlos Martínez fue la mano derecha en los gabinetes del exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, hoy en la cárcel condenado por malversación en el caso ERE. Vallejo fue uno de los puntales de los gobiernos de Manuel Chaves, procedente del PSOE de Jaén, su clan, donde Martínez era pieza siempre clave. Fue muy poderoso en la Junta.
La Consejería de Innovación era responsable de la Agencia IDEA, un organismo que libraba numerosos pagos de fondos y ayudas públicas a empresas en crisis. También de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SA (Soprea), con el mismo fin.
De hecho, el exconsejero Vallejo está condenado en los ERE por ser el máximo responsable de IDEA, que actuó durante años como pagadora de los expedientes sociolaborales fraudeulentos. De nuevo, IDEA es la que paga cuantiosas cantidades a diversas empresas del cuñado de Gámez, Bienvenido Martínez, que además fue nombrado asesor y ocupó varios cargos en organismos públicos relacionados con la reflotación y el rescate de empresas.
El marido de la exresponsable de la Guardia Civil fue ya cercado por la justicia por la ayuda millonaria a la empresa Santana Motor, de nuevo en las coordenadas del todopoderoso PSOE de Jaén, de donde todos formaban parte. La empresa automovilística de Linares recibió 137 millones de euros públicos que están siendo investigados por la justicia. El caso que ha costado el puesto a la directora de la Guardia Civil es un ‘spin off’ de este de Santana. En un auto el pasado julio, Martínez fue exonerado en esa ayuda millonaria pero pasó a ser investigado en la pieza que afectaba a su hermano, que también medió con Santana Motor.
El marido de Gámez también está vigilado de cerca por el llamado caso Avales, otra macrocausa en los juzgados sevillanos por ayudas y avales concedidos a empresas de nuevo por la Agencia IDEA. También se vio salpicado Juan Carlos Martínez en el caso Isofotón, ya archivado, una empresa fotovoltaica que recibió 80 millones de euros de ayudas públicas libradas también por IDEA.
De Málaga a Madrid
La trayectoria de la exdirectora al frente de la Guardia Civil no ha sido fácil. Muchos de los informes que acorralaban a su marido los firmaba la UDEF de Interior o la UCO de la Guardia Civil. Su momento de más debilidad dentro del instituto armado fue cuando cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos. Según muchos en su entorno admiten esos días fueron “los más complicados”. Gámez, alta funcionaria, sacó su plaza como técnico de la Administración Civil del Estado y nunca pensó que acabaría en política. A ese puesto de funcionaria volvió en 2016 tras fracasar dos veces como candidata del PSOE a la alcaldía de Málaga. Antes ya había sido delegada de la Consejería de Innovación, en 2004, su primer puesto como alto cargo, y delegada de la Junta de Andalucía en Málaga.
En 2018 fue rescatada como subdelegada del Gobierno en Málaga y en ese momento estrechó su relación con Fernando Grande-Marlaska. Vivió con él en primera persona el caso del 'niño Julen', que trató de ser rescatado de un pozo en un suceso que mantuvo en vilo a toda España, además de ser reconocida por el ministro como responsable de una de las subdelegaciones más complicadas de España por los casos de narcotráfico o inmigración ilegal. Ya una vez se retiró una vez de la primera línea, recuerdan sus compañeros en el PSOE andaluz, sin hacer ruido y volverá a hacerlo ahora. “Si algo tiene María”, dicen sus amigas socialistas, “es una enorme capacidad de sacrificio”.
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