PRESUPUESTOS 2025

Sumar presiona por hacer permanente el impuesto a las eléctricas tras las europeas

Yolanda Díaz confía en retomar las negociaciones presupuestarias con el PSOE tras los comicios del 9 de junio

Los socios de Gobierno buscan un acuerdo presupuestario antes de septiembre tras descarrilar las negociaciones por la renuncia a las cuentas de 2024

El presidente Pedro Sánchez junto a las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en sesión de control del Congreso.

El presidente Pedro Sánchez junto a las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en sesión de control del Congreso. / Kiko Huesca

Sumar aspira a retomar las negociaciones presupuestarias con el PSOE tras las elecciones europeas del 9 de junio y presiona ya por hacer permanente en las nuevas cuentas el impuesto extraordinario a las eléctricas que hasta ahora tenía carácter temporal y está vigente hasta finales de año. El socio minoritario del Gobierno se esfuerza estas semanas por marcar sus posiciones frente al ala socialista, y los Presupuestos Generales del Estado de 2025 serán el marco perfecto para intentar materializar sus principales reivindicaciones, después de que Pedro Sánchez renunciase a tramitar las cuentas de este año por el adelanto electoral en Cataluña.

Aquella renuncia generó gran malestar en Sumar, que vio cómo se desbarataban sus opciones de poner en marcha los acuerdos alcanzados y demostrar así su utilidad dentro del Gobierno en medio del ciclo electoral. Las negociaciones presupuestarias entre los socios estaban ya avanzadas cuando el Gobierno anunció su renuncia a presentar el proyecto presupuestario, ante las serias dificultades de que ERC y Junts pudieran apoyarlo en plena campaña electoral catalana. Ahora, una vez concluido el ciclo electoral en las europeas, los de Yolanda Díaz aspiran a retomar las conversaciones en el mismo mes de junio e incluir sus demandas en las nuevas cuentas.

El compromiso con el PSOE, apuntan fuentes de la dirección de Yolanda Díaz, es que el acuerdo en materia presupuestaria entre los socios de coalición esté cerrado antes de septiembre, para que el Gobierno pueda negociar con el resto de fuerzas a principios del próximo curso y cumplir con los plazos ordinarios, por el que el Proyecto de Ley de Presupuestos debe remitirse al Congreso antes del 1 de octubre. El primer paso será acordar el techo de gasto, que para las cuentas de 2024 se aprobó en 199.120 millones, en un incremento de 16.150 millones de euros respecto al año anterior, y una cifra que Sumar buscará ahora revisar al alza, para permitir medidas más expansionistas.

Medidas sociales

En los primeros meses del año, el partido de Yolanda Díaz ya negoció el proyecto presupuestario para 2024, con la intención de incluir en él medidas como la ampliación de los permisos por nacimiento a 20 semanas, una prestación universal por crianza de 200 euros o la subida del 3% del IPREM, el indicador que fija las cuantías de las ayudas y subvenciones.

Para financiarlo, Sumar y PSOE habían pactado en el acuerdo de Gobierno incluir en las cuentas la conversión en permanentes de los impuestos extraordinarios y temporales que se fijaron a la banca y las energéticas durante la crisis inflacionista de 2022. Y aunque fuentes de Sumar creen que las negociaciones con el PSOE podrán retomarse desde donde concluyeron abruptamente hace unos meses, otras voces muestran abiertamente las dudas sobre la intención del PSOE de cumplir con su compromiso de Gobierno para hacer permanentes estos tributos.

Este impuesto, que expira el 31 de diciembre de 2024, estaba llamado a gravar los "beneficios caídos del cielo", consecuencia del alza de tipos de interés e incremento de los precios de la energía, aunque de facto se calcula en base a la facturación neta, y no sobre los beneficios. Pero una vez normalizado el precio de la electricidad, en Sumar recelan de que el PSOE enfríe ahora la propuesta y avanzan que harán causa para hacer permanente esta figura, que en 2023 supusieron cerca de 3.000 millones de euros para las arcas del Estado, que ingresó 1.263 millones en el caso de la banca, y 1.644 millones las energéticas.

En una entrevista con El Periódico de España, la vicepresidenta y candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, dejaba esta figura al albur de las mayorías parlamentarias. "Se trata de una figura que estuvo diseñada pensando en el crecimiento exponencial de los beneficios de las empresas energéticas, que han recuperado una cierta normalidad. Por tanto, hay que ver si se puede convertir en una herramienta que incentive la inversión", aseguraba, al ser preguntada sobre este tributo.

Acuerdo de coalición

El acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Sumar ya recogía la vocación de permanencia de los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas para "readaptarlos y mantenerlos" en el tiempo "una vez que expire su periodo de aplicación actual". Si bien el impuesto a la banca no parece presentar grandes obstáculos, según admiten fuentes parlamentarias de Sumar, cosa distinta es el gravamen a las energéticas, que cuenta con los recelos de PNV y Junts.

Los jetzales han reclamado desgravar las inversiones que las empresas energéticas realicen en industria renovable, transformación de residuos o de eficiencia energética, para evitar que el tributo desincentive los proyectos relacionados con la transición ecológica.

El PNV ya presentó una enmienda durante la tramitación de la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos a finales de 2022, y aunque entonces la enmienda no salió adelante, en esta ocasión el ala socialista del Gobierno sí habría aceptado introducir esta enmienda, según fuentes próximas a la negociación. Una propuesta que no gusta al socio minoritario de coalición, que centrará su pugna en minimizar las bonificaciones a las empresas eléctricas para intentar aumentar los ingresos de las arcas del Estado y que, a su vez, reviertan en medidas sociales.

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