APROBACIÓN DE LA MEDIDA DE GRACIA

El PSOE exhibe el aval de la UE y las urnas en Cataluña a la amnistía para la "normalización política"

Los socialistas han optado por un perfil bajo y recurrido a un discurso de confrontación con PP y Vox. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, calificó la aprobación de la norma como un "paso definitivo" para cerrar conflictos y "abrir una nueva etapa de acuerdos y política dentro de las instituciones"

La delegación de ERC, encabezada por Oriol Junqueras, a su llegada al Congreso para seguir el pleno para la aprobación de la ley de amnistía.

La delegación de ERC, encabezada por Oriol Junqueras, a su llegada al Congreso para seguir el pleno para la aprobación de la ley de amnistía. / José Luis Roca

Iván Gil

Iván Gil

“Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía”, se arrancó el diputado socialista Artemi Rallo en el debate del Congreso para la aprobación definitiva del Congreso. Con interrupciones constantes y tras dos llamadas al orden por parte de la presidenta del Congreso a diputados de Vox por los gritos lanzados desde sus escaños, Rallo optó por un discurso más de confrontación con PP y Vox, que por recurrir a su perfil técnico como catedrático constitucional. “Cataluña ha bendecido” la norma, dijo en referencia a los resultados de las catalanas, para destacar que cuenta con el apoyo de “todos los grupos parlamentarios excepto dos, el PP y el neofascismo montaraz y cerril de Vox” .

Las acusaciones de “filonazis y neofascistas” que encendieron a la bancada del partido de Santiago Abascal se mezclaron con reproches al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por estar “cegado” por la extrema derecha. “Pura hipocresía”, concluyó para recordar que el líder del PP habría valorado los indultos, como se filtró durante la campaña de las gallegas. “Mientras intentaban incendiar las instituciones, valoraban aprobarla”, los acusó, calificando su relato de “ruido y furia”.

Los socialistas han optado por un perfil bajo con la intervención en el debate de Artemi Rallo, portavoz en la comisión constitucional. Sin la participación de miembros del Gobierno, que en su mayoría no acudieron al arranque del pleno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó al Congreso cuando la mayoría de grupos parlamentarios ya habían hecho uso de palabra para participar en la votación.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, principal autor del texto pactado con Junts y ERC, se limitó a realizar declaraciones a los medios tras el pleno para destacar que la norma "ya ha cumplido su objetivo". Este es, según defendió, una normalización política, social e institucional porque "todas las fuerzas hacen política dentro de la ley, la Constitución y el sistema democrático". El titular de Presidencia calificó la aprobación de la norma como un "paso definitivo" para cerrar conflictos y "abrir una nueva etapa de acuerdos y política dentro de las instituciones". Por ello concluyó que se trata de un "día histórico" en el que se habría "ganado la convivencia".

El diputado socialista ya interpretó antes desde la tribuna el informe de la Comisión de Venecia como un aval a la norma por “garantizar la igualdad, la separación de poderes y la función jurisdiccional”. Todo ello, remató, con el objetivo de apuntalar “la normalización política e institucional en Cataluña”. Una hoja de ruta que defendió por su ratificación en los comicios del 12M, al romper la mayoría independentista, con la “única meta de la justicia y el bienestar para los catalanes”. Todo ello, añadió con un respaldo mayoritario de la cámara, la sociedad catalana por los resultados del 12M y el "respaldo jurídico" del Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia.

Las europeas como telón de fondo

Las apelaciones electoralistas, en plena campaña de las europeas, estuvieron presentes en el breve discurso de Rallo centrándose en cuestionar que el PP abriría la puerta a pactos con las formaciones de ultraderecha. Un “monstruo”, dijo, frente al que vaticinó que como en las pasadas elecciones generales se frenará votando en las urnas esperanza, justicia y dignidad”.

Tras un tortuoso trámite parlamentario durante más de medio año, la aplicación de la norma quedará ahora en manos de los jueces, que tendrán dos meses para aplicarla o elevar cuestiones al Tribunal Constitucional (TC) o al Tribunal Superior de Justicia de Europa (TJUE). Un paso que se han encargado de subrayar desde las formaciones independentistas, advirtiendo como hizo el portavoz del ERC, Gabriel Rufián, que ahora quedaría por entrar en escena lo que denominó el “partido judicial”.