El PP confía en el peso de sus gobiernos autonómicos ante el TC para derribar la ley de amnistía

El PP está terminando de articular su respuesta jurídica a la ley de amnistía -ya aprobada oficialmente por el Congreso- que se sustentará en más de una decena de recursos de inconstitucionalidad sumando los de los gobiernos autonómicos y el que presente el partido a nivel nacional desde el grupo parlamentario. El equipo jurídico de los conservadores lleva meses trabajando en el escrito, cuya arquitectura tendrá muy en cuenta algunos hitos de la tramitación parlamentaria: desde el informe de los letrados de la comisión de justicia del Congreso al que elaboró el Senado, muy contundente contra la norma. También el informe del Consejo General del Poder Judicial y todas las manifestaciones de los funcionarios del Estado -ayer de nuevo los fiscales del procés- tendrán protagonismo.

Pero en Génova reconocen que el mayor peso de la oposición a la ley podría recaer en los gobiernos autonómicos que, como anunciaron hace tiempo, recurrirán de forma individual la norma por atentar contra la igualdad de los ciudadanos y vulnerar la separación de poderes. 

Este jueves, el goteo de presidentes autonómicos reafirmando su recurso de inconstitucionalidad confirmó que hay una estrategia coordinada por el partido. Isabel Díaz Ayuso acaparó buena parte de la atención al ser la primera -incluso antes de que Feijóo se subiera a la tribuna de oradores para oponerse a la luz verde definitiva-. Pero uno por uno, todos los barones dejaron clara su intención.

Y en la dirección nacional reconocen que son los ejecutivos autonómicos, que forman parte del Estado y que cuentan con expertos jurídicos con mucha trayectoria en sus territorios, los que pueden poner en serios aprietos al Tribunal Constitucional. Génova quiere armar sólidamente su recurso, pero reconoce que será el de un partido, el primero de la oposición. 

“En cambio, el TC va a tener otra docena de recursos en su mesa diciendo que se trata de una ley inconstitucional e ilegal. Van a combatir esta norma con todos mecanismos y argumentos jurídicos”, insisten en el núcleo duro de Feijóo, para derribar la ley. Las consecuencias inmediatas de la norma siguen en el aire a la espera de lo que hagan los jueces que deben aplicarla. Sobre todo, por las cuestiones que se puedan plantear a la justicia europea y que implicaría una parálisis en su aplicación. La vuelta de Carles Puigdemont a España sigue pendiente.

Y por todo esto, los tiempos están aún por determinar. En el PP aseguran que no hay preestablecido un plazo, como tampoco que todas las autonomías vayan a actuar al unísono. Lo que sí habrá es una respuesta jurídica global de todos los ejecutivos autonómicos, que se sumará al recurso de la dirección. Este fin de semana, además, los conservadores centrarán su mensaje de campaña europea en la defensa del Estado de derecho y en la oposición férrea a la amnistía. La visita de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen a Galicia, no es casual. Se ideó precisamente como respuesta a la aprobación de la ley, en un claro mensaje al presidente del Gobierno.

Los barones territoriales se activan

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue la primera en enmarcar los recursos autonómicos en esa estrategia global. Lo hizo poco antes de que Feijóo hablara en el Congreso, avanzando -y remarcando una vez más su perfil propio y nacional- que todas “las comunidades del PP” iban a presentar su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. En realidad, a lo largo del jueves cada presidente lo fue confirmando en su territorio.

Pero el debate que se abrió al ser Ayuso la primera en hacerlo, como es habitual, sí provocó que alguno de los barones quisiera recordar en sus redes sociales que hacía tiempo que habían anunciado que lo harían. Fue el caso de Fernando López Miras, que cerró la puerta a la lectura de que la madrileña marcaba el paso.

Aunque Ayuso apuntó que los recursos llegarían “ya mismo”, lo cierto es que luego su equipo matizó los tiempos. Lo inmediato en todas las comunidades populares es que se va a pedir formalmente a sus servicios jurídicos que se pongan a finiquitar el recurso, algo que en casos como el de Madrid se va a formalizar el próximo miércoles en el Consejo de Gobierno ordinario. 

Pero mientras el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, informó de que la Abogacía regional tiene ya preparado el recurso, en la capital dicen que esperarán a conocer las cuestiones prejudiciales de los jueces ante el TJUE para rematar el suyo y presentarlo. Y en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco también ha pisado el freno al decir que lo presentarán una vez que tengan el informe del Consejo Consultivo de su región, a lo que ha puesto un plazo máximo de tres meses.

Los 11 presidentes autonómicos del PP se refirieron a lo largo de la mañana a la ley aprobada en el Congreso. “Atropello a la Constitución”, lo llamaba Fernández Mañueco; mientras el andaluz Juan Manuel Moreno advertía de que supone una “clarísima ruptura del principio de igualdad" entre los españoles. 

Ayuso se refirió a este jueves como “un día nefasto” para España, en la misma línea que su compañero murciano, que lo ha calificado de “día negro” para el país “y para la democracia”. Desde Aragón, que hace meses también trasladó su intención de presentar el recurso y donde el PP gobierna con Vox, Jorge Azcón lamentó el “golpe terrible” al sistema democrático.