Opinión | LA NEWSLETTER DEL DIRECTOR
Cinco años, seis meses y 21 días
Sánchez y Feijóo han soltado lastre y encaran otra fase de la legislatura: otros acuerdos son posibles más allá de las alianzas de cada uno
Cinco años, seis meses y 21 días. La condena al bloqueo al que PSOE y PP han sometido el Poder Judicial acabó este martes con Bolaños y González Pons sentados a la mesa de una comisaria europea como mediadora, gesto insólito que refleja lo lejos que los dos grandes partidos habían dejado llegar las cosas. Bolaños y González Pons sellaron el primer gran pacto entre PSOE y PP, que probablemente no será el último como veremos en las próximas semanas, y hacen que la legislatura cambie de rasante: vuelve cierta imagen de bipartidismo y los extremos de uno y otro signo salen debilitados ya que se rompe el tabú de la imposibilidad de pactar en temas de Estado.
Al margen de la Justicia española, los principales beneficiarios del acuerdo son ambos líderes. Pedro Sánchez impulsa la legislatura, deja atrás la cantinela de gobierno ilegítimo que se voceaba desde algunos actores mediáticos y da un toque de atención a sus socios de investidura, tanto a su izquierda como entre los nacionalistas, que pierden parte del poder de influencia del que gozaban hasta el martes. Alberto Núñez Feijóo afianza su liderazgo interno, acallando las voces que negaban el pan y la sal al Gobierno y le impulsaban a no acordar nada, y arrincona a Vox, que ve en el acuerdo una “traición consumada”.
El pacto en sí es de mínimos, no nos engañemos, y una parte del mismo tendrá que desarrollarse en el trámite parlamentario, pero hay avances destacados para abordar los aspectos más urgentes: los nuevos vocales del CGPJ tienen un “perfil profesional e independiente”, sin cuota para los nacionalistas y con la necesidad de tomar las decisiones por una mayoría reforzada de tres quintos; en seis meses, el nuevo Consejo deberá proponer un modelo alternativo al actual para su renovación, con la idea de que los jueces puedan elegir a sus representantes; el presidente del Tribunal Supremo será escogido por los nuevos vocales; y quien haya sido alto cargo político no podrá ocupar el cargo de Fiscal General antes de cinco años, además de incrementarse las causas de incompatibilidad.
Los dos partidos se tragan sapos, claro, y el PSOE acepta que José María Macías, representante del ala dura de la judicatura, sea magistrado del Tribunal Constitucional, aunque las mayorías permanezcan inalterables; mientras que el PP consiente que el cambio de modelo de elección de los vocales del CGPJ se materialice posteriormente a la renovación, renunciando a una de sus banderas en estos años.
Quien pacta, gana, se suele decir, aunque en España se ha instalado la idea contraria y se asimila acuerdo y debilidad. Nada más lejos de la realidad. PSOE y PP han soltado lastre y encaran otra fase de la legislatura… con el permiso de Cataluña. No era tan difícil. Otros acuerdos son ahora posibles.
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