La fiscalía pide la amnistía para Jové, Salvadó y Garriga en la causa por el referéndum del 1-O

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) que aplique la amnistía a la causa abierta contra el diputado de ERC, Josep Maria Jové; el presidente del Port de Barcelona y exparlamentario, Lluís Salvadó; y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga. Los tres están pendientes de juicio por haber participado en la logística del referéndum del 1-O, una vista que debería de haber celebrado el pasado mes de abril, pero que el TSJC decidió aplazar por la convocatoria de las elecciones catalanas.

El ministerio público, que ha seguido la orden del Fiscal General del Estado, reclama siete años de prisión, 32 años de inhabilitación para cargo público y multa de 30.000 euros para Jové, y seis años y tres meses de cárcel, 27 años y tres meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Salvadó, ambos por malversación agravada, prevaricación y desobediencia por los preparativos del referéndum unilateral y la creación de las "estructuras de estado". Para Garriga solicitaba un año de inhabilitación por desobediencia grave.

El teniente fiscal Pedro Ariche sostiene en su informe que solicita la amnistía para Jové y Salvadó “en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica” con los que actúa la fiscalía, a la vez que argumenta que ambos principios “se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este ministerio (público) y que rigen su actuación ante los tribunales”.

El teniente fiscal Ariche subraya que no se puede abordar la amnistía “desde una perspectiva meramente individualista”, sino, "como no puede ser de otro modo", que su posicionamiento debe estar sujeto al de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, "tanto en lo relativo a los procesados rebeldes como aquellos ya enjuiciados. Estos hechos "serían coincidentes", sostiene, con las conductas que se iban a juzgar en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Por lo tanto, si se pide aplicar la amnistía en el primero, también debe hacerse en el segundo.

En su escrito de acusación, la fiscalía atribuía los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación agravada (en base a la reforma que entró en vigor tras el pacto entre el PSOE y ERC y siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo). La 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga, que era directora de servicios del Departament d'Economia, está imputada por desobediencia, por lo que no se le reclama prisión, pero sí un año de inhabilitación y multa de 18.000 euros. A Jové y Salvadó, además de la pena de prisión, se le reclama que indemnicen con 754.920 euros al erario público.

El referéndum y la hacienda catalana

En este sentido, describe que Jové, a pesar de las resoluciones del TC, dedicó "su actividad, de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud", a coordinar las acciones "precisas" para "materializar" el referéndum", autorizando determinados gastos, destinando fondos, "como si fueran propios", a fines "ajenos a la función pública". Aquí enumera las campañas de publicidad (Civisme y el anuncio de las vías del tren), y el suministro de papeletas, censo y citaciones a personas de las mesas electorales, servicio que al final no fue cobrado por la empresa Unipost. Además, se implica al diputado de ERC en la creación de una base de datos que sería utilizada como censo electoral, con "el que se pretendía obtener una apariencia de legitimidad institucional".

A Salvadó, la fiscalía le vincula a la constitución de una hacienda catalana como "nuevo estructura de estado" y que, a su entender, sería una "herramienta de financiación inmediata" de la "pretendida república" de Catalunya. La acusación alude que tanto él como Jové, "en ejecución de la hoja de ruta ideada para quebrar el orden constitucional, tomaron la decisión ejecutiva de llevar a la práctica las programadas estructuras de estado" y, de modo paralelo, "conseguir una suficiente financiación para cuando Catalunya alcanzase la independencia".