El Gobierno cuela en el decreto anticrisis la derogación pactada con Junts para blindar la amnistía

El Gobierno incluyó el pasado mes de diciembre en un decreto ómnibus de Justicia la trasposición de una directiva europea para reforzar la suspensión de los procedimientos cuando los tribunales presenten cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Junts se opuso por considerar que ponía en “peligro” la aplicación de la amnistía, pero el Ejecutivo lo justificó porque no suponía grandes cambios con respecto a la legislación nacional y era un compromiso del plan de recuperación para recibir el siguiente desembolso de los fondos europeos. Sin embargo, apenas un mes después pactó con Junts su derogación a futuro a cambio de que se abstuviese en la aprobación de los tres primeros decretos de la legislatura. Ahora, el Ejecutivo ha cumplido su compromiso. Como ha adelantado El Confidencial, el decreto anticrisis publicado esta mañana en el BOE incluye la derogación del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fuentes independentistas recalcan que era “importante” esta derogación y dan cuenta de las presiones que ejercieron sobre el Gobierno durante los últimos meses para cumplir este compromiso. Tanto desde Junts como desde ERC. Fuentes cercanas al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ratifican que la supresión de este artículo forma parte de un acuerdo pactado hace seis meses con los independentistas catalanes y restan importancia a sus efectos jurídicos.

El jefe de la oficina de Puigdemont insta al juez a aplicar la amnistía en la causa de la trama rusa

“La disposición derogatoria única suprime, en particular, el artículo 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de modo que sean los órganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamentalmente a partir del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a las cuestiones prejudiciales que se planteen ante ellos”, recoge el decreto en su exposición de motivos.

La derogación coincide con el choque subterráneo entre el Ejecutivo y los representantes del ministerio público que se oponen a la orden de aplicar la amnistía a todos los delitos. Los fiscales del 'procés' recurrieron la pasada semana al artículo 27 del Estatuto Fiscal, previsto cuando se discrepa de la orden recibida de un superior. En base a ello, se reunió la Junta de Fiscales de Sala para determinar si la amnistía es aplicable a los líderes del 'procés condenados por malversación, como el expresidente de ERC, Oriol Junqueras, o procesados en rebeldía por este delito, como el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Fractura entre los fiscales

En dicho encuentro se visibilizó una fractura total, aunque la mayoría de sus miembros han sido aupados a la cúpula de la carrera fiscal durante el mandato de Dolores Delgado y de García Ortiz. La cúpula de la carrera judicial ha avalado la aplicación de la amnistía en todos los delitos con un resultado de 19 votos frente a 17. Todo ello, cuando de sus 38 miembros, un total de 23 tienen su origen en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que el propio fiscal general pertenecía antes de ser designado fiscal general.

La máxima de Moncloa pasa por no trasladar ninguna preocupación ante los primeros movimientos de los jueces, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de amnistía y la fractura entre los fiscales. Con todo, en los últimos días han ido subiendo el tono desde la advertencia de que los jueces tienen que tener en cuenta la voluntad del legislador hasta que la norma sería clara y apenas hay margen de interpretación por su parte.

En privado, distintos ministros socialistas reconocían en los últimos días sus dudas sobre que la amnistía se aplique en un corto espacio de tiempo a los condenados por malversación. Para los independentistas, esta modificación legislativa incluida en el decreto anticrisis puede ayudar a blindar su aplicación.